¡Minga le digo!

¡Minga le digo!

Por: Heidy Sánchez 

En un complejo panorama de violencia, varios sectores sociales en el Cauca se volvieron a agrupar alrededor de la Minga y se dirigieron a la ciudad de Cali buscando reunirse con el presidente Iván Duque para exigirle una solución a esta situación que azota al país; reunión que el presidente evitó, lo que obligó a la Minga a trasladarse a Bogotá para elevar sus exigencias. Su llegada a la capital debe convertirse en un punto de apoyo y de movilización ciudadana en la que se recojan las banderas y consignas de lo que comenzó hace un año en el marco del Paro Nacional, lo cual no constituye en ninguna medida una instrumentalización de la Minga, ni mucho menos una manipulación politiquera de sectores de la oposición. La razón para ello es que lo que la Minga exige, concierne no solamente a grupos particulares ubicados en territorios determinados, sino que nos concierne a todas y todos los colombianos que pensamos un país diferente en el que la ciudadanía logre romper con el ciclo perpetuo de violencia y misera que ha caracterizado nuestra historia.

La Minga busca establecer un debate con el Gobierno Nacional para plantear vías alternativas del quehacer político y soluciones a los conflictos y problemáticas que afectan a las grandes mayorías. En primer lugar, se le exige al Gobierno que garantice el derecho a la vida en medio de la creciente ola de violencia. De acuerdo con un informe de Indepaz de octubre de 2020, en lo corrido del año se han presentado más de 60 masacres en el territorio nacional, concentradas principalmente en el suroccidente del país, particularmente en los departamentos de Cauca y Nariño, y en el nororiente, en el departamento de Norte de Santander. Adicionalmente, no cesan los asesinatos de lideresas y de líderes sociales que, en la mayoría de los casos, han quedado en total impunidad. A todo ello se le suma la violencia que ejercen las fuerzas militares y de policía contra la población civil, con casos como el reciente asesinato de Juliana Giraldo a manos de un soldado del Ejército Nacional, la masacre ocurrida en Bogotá el 9 de septiembre, perpetrada por la Policial Nacional, y otros casos que implicaron violencia sexual, como lo fue el de la violación de una niña perteneciente a la etnia Embera Chamí a manos de un grupo de soldados.

El segundo punto que le plantea la Minga al Gobierno Nacional es el del respeto al territorio, que comprende el cumplimiento de lo acordado en la Minga del 2019. Esto incluye el desembolso completo del dinero prometido para el desarrollo territorial, que hasta el momento no se ha realizado según lo pactado. Este punto ha sido uno de los más cuestionados por los que se oponen a la movilización pues, por un lado, afirman que el Gobierno ya ha destinado grandes sumas de dinero para el desarrollo territorial y, por otro, utilizan esta demanda como un argumento para afianzar el discurso estigmatizante, en el que la Minga aparece como una mera agrupación de minorías étnicas movilizada únicamente por intereses económicos.

Contrario a ello, la defensa del territorio tiene un significado político importante que excede la simple búsqueda de recursos, y se enfila hacia una forma distinta de la política en la cual son las comunidades organizadas las que deciden sobre el destino y el uso del territorio de manera comunitaria, sin regirse por los intereses de actores externos que en su mayoría buscan aprovecharse de los recursos naturales y humanos que se encuentran en este. La defensa del territorio es una ampliación de la democracia que beneficia a las comunidades y les brinda herramientas para enfrentarse a los intereses de los grandes capitales ligados al modelo económico extractivista.

El tercer punto del debate que plantea la Minga implica la implementación del acuerdo de paz. Este punto se relaciona con los anteriores en la medida en que, por un lado, la negligencia del Estado para la implementación es la causa directa del aumento de la violencia que se vive en los territorios ⸺violencia que también ha golpeado de manera contundente a los firmantes de la paz que, con el reciente asesinato de Juan de Jesús Monroy Ayala, han visto caer asesinados a al menos 235 de sus compañeros⸺ y, por otro lado, se relaciona con la defensa del territorio ya que, como lo afirma José Puentes (2020), los puntos del acuerdo que para los integrantes de la Minga se han visto rezagados son los de Reforma Rural Integral, Sustitución de cultivos ilícitos y Participación política; puntos que están directamente relacionados con el desarrollo y la democracia territorial.

De esta manera lo que la Minga le plantea al Gobierno Nacional es un diálogo para avanzar en la profundización de la democracia y en la reconciliación nacional, y es al mismo tiempo la creación de las posibilidades para pensar y realizar nuevas formas de acción política no fundamentadas únicamente en la representación y en los poderes tradicionales, sino en las bases populares de cuya entraña surge realmente el poder constituyente.

Esto es lo que no pueden, o no quieren entender ni Duque, ni su partido, ni los sectores cercanos a este y las élites económicas y políticas que gobiernan Colombia. Es por eso por lo que desde que comenzó a desarrollarse la Minga se han movilizado una cantidad enorme de artificios simbólicos que buscan estigmatizar y deslegitimar el proceso de diferentes maneras. En primer lugar, y como suele ser la costumbre, estos sectores son incapaces de desligar al movimiento social y popular de los grupos armados, afirmando que la Minga está infiltrada por el ELN y las disidencias de las FARC. Los principales medios del país, como El Tiempo y la revista Semana, afirman y legitiman supuesta información proveniente de la inteligencia militar que constata esta “infiltración”. Asimismo, esta estrategia mediática de desprestigio implica también trinos, vídeos y afirmaciones en redes sociales de personajes como José Félix Lafaurie, en las que se refuerza la idea de la infiltración de grupos armados en el proceso de la Minga.

El mecanismo que opera detrás de este tipo de afirmaciones está adscrito a un tratamiento de guerra a la protesta a partir del cual es imposible concebir al movimiento social como un actor legítimo en el terreno de la política, solamente permite su comprensión como un sector manipulado por los actores armados que hacen parte del conflicto armado, tratando de reducir el carácter político de la Minga, y con ello, la legitimidad de sus demandas y propuestas.

Sumado a esto, el discurso con el que se busca deslegitimar a la Minga se fundamenta en una concepción según la cual los que se movilizan hacen parte de organizaciones sociales que representan a minorías étnicas que buscan desangrar al Estado. Este discurso, en primer lugar, le quita el peso político al movimiento afirmando que su desarrollo se basa únicamente en intereses económicos particulares de carácter étnico. Así, desaparece completamente la agencia política de aquellos que se manifiestan, al afirmarse que no pueden plantear una nueva forma de hacer política que involucre a las mayorías populares. Al mismo tiempo se desprestigia el acto mismo de movilizarse, aseverando que la única manera de hacer política es a través de las instituciones y los canales y mecanismo de representación existentes, y no a través de la movilización y la protesta social como derecho fundamental.

Estos discursos muestran la incapacidad y la falta de voluntad del Gobierno y de la clase política tradicional para comprender el significado de la Minga y de lo que esta propone al país en términos políticos. No aceptar la necesidad del diálogo democrático es darles la espalda a los problemas, sin escuchar a las voces alternativas que buscan proponer soluciones en beneficio de los sectores mayoritarios. Eso equivale a querer mantenernos encerrados en el círculo de miseria y violencia asociado de manera directa a la forma tradicional de hacer política. Lo que la Minga nos propone a todas y a todos es la posibilidad de abrir una brecha en ese círculo para buscar la manera de tener una vida digna y en paz. Al ser esta una muestra de la dignidad del pueblo colombiano es, por ello mismo, una muestra del futuro que podríamos tener.

Fuentes:

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