La masacre que la policía no debe olvidar

Por Beto Coral

El 17 de Noviembre de 2005, el ministro de Defensa Camilo Ospina, con la venia del presidente Álvaro Uribe Vélez, firmaba el temido decreto 029 de 2005. Dicha disposición, no dio como origen los mal llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales u homicidio en persona protegida, pero si los reglamentó, los impuso, ya que no se trataba de recuperar territorios ocupados por la subversión, ni de prevenir atentados a la población civil por parte de grupos armados, la guerra a partir de ahí, se iba a cuantificar con “litros de sangre”.

Un coronel, llamado Byron José Carvajal Osorio, un sanguinario, un criminal, una “manzana podrida” como lo denominan los “eufemistas modernos”, ya cometía “falsos positivos”. El 31 de agosto de 2005, en Jamundí, Valle, en el marco de supuestos combates, dieron de baja a 15 presuntos guerrilleros. Uno de ellos era Leonardo Fabio Ordóñez, supuesto integrante de una cuadrilla del ELN, a quien el mismo coronel mató propinándole 5 disparos por la espalda. La fiscalía probó que el presunto guerrillero era un campesino de la zona. 2 meses después, en confusos hechos, sus hombres atacaron una patrulla de policía en Cumbre, Valle del Cauca, allí murieron dos policías.
Pero una vez se firmó el decreto protervo de Uribe, la cosa mejoró para el Coronel Carvajal, cada muerto representaba traslados, ascensos, cursos, premios y demás. Así que el 28 de marzo de 2006 reclamó su primer botín, presentó como bajas en combate a 4 guerrilleros de las farc en el municipio de Dapa, Valle del Cauca. Dichos “guerrilleros” resultaron ser campesinos de la zona.

Llegó el 22 de mayo de 2006, el coronel Carvajal era el comandante del batallón de alta montaña número 3 en jurisdicción de Jamundí, zona que estaba bajo el dominio de la organización del narcotraficante «Don Diego»  muy temprano, ya tenía preparada la emboscada enviando un mensaje terrorífico a la tropa en la zona: «Retire emboscada, la gente a los sitios reconocidos y que duerman. Todo quedó para esta noche. Pendientes, el cupo viene con el pollo para que salgan a reclamarlo», por el “pollo” se refería al informante que les indicaría dónde iban a estar un grupo de 10 efectivos de la Dijin encabezados por el Mayor Elkin Molina, que no tenían idea que un grupo de 23 militares encabezados por un teniente llamado Harrison Castro, ya habían planeado su
muerte.

A las 6:24 pm, empezó la masacre; si fue una masacre; no fue un combate, no fue una confusión, ni “fuego amigo”. Los efectivos de la policía, llevaban sus chalecos los cuales los identificaban como agentes de policía, así como sus respectivas gorras. Gritaban, decían que eran de la fuerza pública, uno de ellos alcanzó a ver un soldado, e ingenuamente expresó “llegaron los refuerzos”, murió pensando que habían llegado a salvarlo, cuando fue el mismo ejército el que lo asesinó.

Durante 20 minutos los fusiles de los militares no se callaron, solo lo hicieron cuando no escucharon más gritos, el mayor Elkin Molina, alcanzó a pedir auxilio dos veces a través de su avantel. El mensaje fue recibido por patrullas en Jamundí que fueron en su rescate, pero también fueron interceptadas por miembros del ejército. Cuando lograron la imagen era dantesca: 10 policías y un civil que los acompañaba, fueron masacrados por militares. Pero lo que vieron era aún más extraño, los cuerpos los habían movido y allí evidenciaron que la escena del crimen fue alterada, incluso, algunos soldados dispararon las mismas armas de los policías con el fin de afirmar que si fue un combate y no una matanza, un mandado del narcotráfico.

El fiscal de la época, Mario Iguarán, días después le decía al país: «No fue un error, fue un crimen». No tuvieron oportunidad de defenderse. Hubo coordinación previa al ataque. Y lo peor, había una intentona de fraguar unas coartadas para confundir a los fiscales y a los investigadores .

Dos semanas después el coronel Carvajal y 9 militares más fueron capturados, no había dudas, por las características del horrendo crimen, el mismo Álvaro Uribe sugirió como todo un dictador, que el caso lo tenía que llevar la justicia ordinaria; paradójicamente, la elección correcta. No había campo a dudas, por el concurso de delitos, por la sevicia, las relaciones con el narcotráfico y el historial criminal del coronel, el caso no lo podía llevar la justicia penal militar. Recién se estrenaba el nuevo Sistema Penal Acusatorio, así que la justicia tenía que lucirse; más de 38 pruebas se exhibieron en donde probaron la existencia de las relaciones “ejército- carteles de narcotráfico” Lo más extraño, ¿cómo un coronel así de cuestionado seguía en el ejército? sin duda, alguien lo cuidaba, alguien muy poderoso.

El juez 4 penal de Cali condenó en el 2008 al coronel Carvajal a más de 55 años de cárcel, la defensa apeló ante el tribunal superior de Cali, pero este, desconociendo las más de 38 pruebas, rebajó la pena a 29 años. Lo más sorprendente es que ni la fiscalía ni la procuraduría apelaron la decisión, así que la Corte Suprema de Justicia no tuvo más opción que confirmar el fallo de segunda instancia. Pero la criticó de esta manera: “Resulta incomprensible que el sentenciador de segundo grado hubiera desestimado las causales de agravación de la conducta que, como la descrita, configura una ejecución extrajudicial con el argumento de que los oficiales mencionados y sus
subalternos no conocían la condición de miembros de la Fuerza Pública de las
víctimas”, y finalmente compulsó copias para investigar al fiscal y al procurador
delegado por no hacer nada ante esto.

En octubre del 2019 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avaló el sometimiento del coronel Carvajal, pese a esto, seguirá privado de su libertad ya que en su contra existen procesos por delitos relacionados con el narcotráfico, de los cuales no tiene competencia la JEP.
El 3 de junio de 2006, la revista semana, quien hoy funge de defensora a ultranza de este gobierno uribista, publicó un artículo sobre esta masacre llamada. “¿Quien dio la orden?” como una premonición a lo que se vive en el país 14 años después, el editor redactó: “Este debería ser el momento para hacerle una radiografía profunda al Ejército».

Si se hace caso de los sabios chinos, que ven en cada crisis una oportunidad, se podría evitar que se repitan casos como éste, como las torturas a los soldados, y las ejecuciones extrajudiciales. Episodios aislados, pero tan graves y numerosos que pueden llegar a afectar la credibilidad de las Fuerzas Armadas”.  Colombia es una radiografía macabra de su propio pasado. Estamos reviviendo exactamente lo mismo, gobierno uribista, ejecuciones extrajudiciales, chuzadas, masacres constantes, violaciones a los Derechos Humanos sumadas a una soberbia y cinismo casi criminal del presidente y su ministro, que en cualquier país decente, donde se respete la Ley, ninguno de los dos estaría al mando de unas Fuerzas Militares que deberían estar del lado del pueblo y no contra este.

Nota (obvia) Falsos positivos no eran solo los jóvenes que se llevaban a las áreas rurales con engaños para asesinarlos y hacerlos pasar como insurgentes. También lo cayeron guerrilleros que capturaban vivos en combate y posteriormente aparecían fusilados. Justicia por ellos.

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