Una vacuna contra la violencia policial

Una vacuna contra la violencia policial

Por:  Heidy Sánchez Barreto/ Twitter: @Heidy_UP

Hay un brote de indignación popular en Bogotá cuyo origen fue el asesinato de Javier Ordoñez a manos de dos agentes de la Policía Nacional, hecho que ya ha sido reconocido por el Ministro de Defensa y por múltiples autoridades del nivel distrital y nacional, al punto que hoy en día estos dos agentes se encuentran privados de la libertad por estos hechos.

Estas protestas derivaron en escenarios de violencia en los que el más grave común denominador es el uso excesivo e indiscriminado de armas de fuego por parte de la policía nacional. Este abuso de la fuerza oficial dejó un saldo de 305 civiles lesionados atendidos en IPS públicas y privadas, 75 heridos por armas de juego y 10 fallecidos según cifras oficiales.

Aunque lo quisiéramos, no es un caso aislado ni es la primera vez que pasa, según Human Rights Watch[1], de las jornadas de protesta que tuvieron lugar a finales del año pasado se originaron 72 investigaciones en la Fiscalía General de la Nación por abusos perpetrados por agentes de la policía; lamentablemente el abuso de autoridad por parte de esta institución es sistemático y, más aún, en escenarios de movilización social.

Estas acciones obedecen al ADN de lo que las élites han hecho con esta institución, de ser un cuerpo civil armado en procura de la seguridad y la convivencia ciudadana la policía fue adecuada como un cuerpo político de represión, militarizado, dependiente de la política militar del Estado y permeado por la doctrina del enemigo interno importada desde los E.E.U.U. Es en virtud de esta concepción belicista y contrainsurgente de la policía que sus miembros son entrenados y educados para ubicar al pueblo colombiano como el enemigo frente al que hay que demostrar superioridad que no deje posibilidad alguna a la desobediencia, de ahí el sistemático abuso de poder, y al que hay que aplastar, en caso de que ejerza su derecho a la movilización, en la medida en que este ejercicio es entendido como un connato de rebelión popular, principal preocupación de la institución desde hace décadas.

La alcaldesa mayor Claudia López ha afirmado en varios escenarios que ella y su gabinete estuvieron todo el tiempo acompañando el manejo de la situación, que en este manejo estuvo al frente también el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Defensa, y que nunca hubo órdenes o instrucciones inconstitucionales a la policía de donde se originara ese despliegue de fuerza estatal, sin embargo, de los vídeos que son de público conocimiento y que también tienen las autoridades en las investigaciones que ya están en curso, inferimos que el uso de las armas de fuego para contener la movilización social no fue ni excepcional ni motivado por circunstancias extremas que pusieran en peligro la vida de los agentes de policía, presuntamente, estos funcionarios dispararon en contra de civiles que estaban a una buena distancia y que están en posesión de piedras y palos[2]. Las balas no son ni de lejos una respuesta proporcional frente a las piedras.

Podríamos entender, en gracia de discusión, que hubo una desatención de uno o dos agentes que utilizaran sus armas de fuego, pero la cantidad de heridos y fallecidos en un lapso tan corto de tiempo pone en duda la “excepcionalidad” de esta conducta policial.

Por esta razón y atendiendo al desarrollo jurisprudencial que en nuestro país permite atribuir responsabilidad penal y disciplinaria a los mandos superiores en estructuras jerarquizadas, como la Policía Nacional, procederemos a denunciar penal y disciplinariamente a los comandantes de la Policía Nacional y de la Policía Metropolitana de Bogotá que estuvieron encargados del manejo de la situación de orden público durante los días 9, 10 y 11 de septiembre de este año.

Son múltiples las referencias jurisprudenciales en las que la Corte Suprema de Justicia ha aplicado la teoría de la responsabilidad penal por cadena de mando a los escenarios jerarquizados institucionales, las condenas al Coronel Plazas Vega y al General Uscátegui, son ejemplo de que, en nuestro ordenamiento jurídico, un mando superior de una estructura jerarquizada de poder es responsable por los actos de sus subordinados, sobre todo cuando se tiene conocimiento de los hechos que se estén presentando y que se constituyan delitos o graves violaciones a los DDHH, y no se hace nada por evitarlo o se omite informar al superior encargado para que tome las acciones pertinentes.

Esta posición de garante la desarrolla la Corte Constitucional, donde señala que el hecho de que exista una relación de subordinación existe la obligación de tomar medidas para evitar que se vulneren derechos fundamentales, lo que conlleva a que se le impute el resultado lesivo del inferior y no el solo incumplimiento funcional. Coinciden los operadores judiciales, en que hay una posición de garante de la cual se desprende responsabilidad de los superiores. El Tribunal Superior de Justicia Militar, le dio una aplicación enmarcada en la jurisprudencia citada a miembros de la Policía Nacional en un caso análogo.

Por último, y más allá de los resultados de los procesos jurídicos que también impulsamos, hay que buscar respuestas integrales de parte del Estado, en vez de soluciones que pretenden establecer una “forma correcta de protestar” o las órdenes de aumento del pie de fuerza y la militarización, hacemos un llamado a la solución de fondo del problema, si quieren que cese la protesta hay que solucionar sus causas, en este caso, una reforma estructural de la Policía Nacional.

[1] https://www.hrw.org/es/news/2020/03/10/colombia-abusos-policiales-en-el-contexto-de-manifestaciones-multitudinarias

[2] https://www.semana.com/opinion/articulo/la-prueba-reina-la-brutalidad-policial-y-la-necesaria-renuncia-del-ministro/202029/

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2 Comments on "Una vacuna contra la violencia policial"

  1. Carlos Julio Cárdenas Dager | 23 septiembre, 2020 at 7:20 am | Responder

    El problema de fondo es la clase política corrupta enquistada en las altas esferas del gobierno, amparados por un cuerpo armado civil independiente de las FFMM.

  2. Mientras porkyvan y ratasquilla le sigan metiendo plata al smad, nunca parara la violencia contra el civil, el gobierno va en 27mil millones en armas al smad, esta asustado x un posible asalto ciudadano al gobierno, ese es el susto.

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