La corrupción, la ética y el pacto programático de 2022

Por: María José Pizarro

En Colombia, el ejercicio de la política ha llegado a un tal punto de degradación que la gestión de la cosa pública ha perdido toda credibilidad y legitimidad. Ante esta situación, la ciudadanía siente desconfianza y repudio, tanto que algunos toman distancia y se preguntan ¿Para qué votar en 2022?

Durante más de 200 años, las oligarquías han logrado convencer al pueblo soberano de que ellos son la solución a los problemas estructurales que ellos mismos han causado. Tradicionalmente, han avanzado en su agenda acaparadora de tierras y de capital a través de instrumentos fundamentales del poder oligárquico, que son el clientelismo, los mega-proyectos y la violencia armada. Estas prácticas corruptas que caracterizan la historia del poder público en Colombia, han provocado un profundo resentimiento entre los electores y una desconfianza manifiesta en la ciudadanía. Es ese derrumbe de la credibilidad democrática lo que hace posible la efectiva circulación de discursos demagógicos, como aquellos que, sin sentido alguno, buscan poner a Uribe y a Petro en la misma cesta. El desasosiego es tal que pareciera que la política en sí misma ha perdido todo sentido.

Recientemente, y sobre este trasfondo, una nueva zafra de figuras de la gestión pública viene proponiendo soluciones que llaman “técnicas” a problemas fundamentalmente políticos. Negando su pertenencia a la “política tradicional”, buscan demarcarse del desprestigio que hoy mina el oficio de la política a la vez que pregonan medidas “innovadoras” en materia de política pública. Dedicados al comercio de favores políticos, que generalmente tiene por finalidad la acumulación de réditos simbólicos, estos acaparadores, ya no de tierras sino de cargos públicos a escala local, departamental y nacional, han hecho del mandato público una industria especulativa de poder. Un Wall Street de la contratación. En el juego de poderes actual, dichos personajes tienen a las políticas públicas de rehén, subordinándolas a sus agendas personales. No obstante, su falta de servicio al bien común hace que el oportunismo se convierta no en un accidente sino en la esencia misma de su postura, siempre dispuestos a ofrecer su cuaderno de favores y sus “soluciones” al mejor postor. No es más que la burocracia oportunista disfrazada de tecnocracia, que amplía al extremo su control sobre la acción pública, y presenta unos paquetes de política pública multiuso a donde más sople el viento.

Al alterar el sentido mismo del ejercicio del poder público, lo han deslegitimado y alejado del centro del debate público. No se trata de un simple desvío de las finanzas públicas a cuentas bancarias offshore. Aquí se trata de una estrategia de desmoronamiento de la autoridad estatal, en otras palabras, una forma más de desmonte del Estado.

Uno no sabe si reír o llorar al ver el grotesco espectáculo de esos gobernantes y su fingida seriedad, cuando en realidad actúan aquí con desdén, allí con altanería, para satisfacer exclusivamente sus intereses particulares. Basta ya con este circo arbitrario, perverso y destructor de vida. Por eso, uno de los ejercicios que hoy les compete a las fuerzas alternativas en Colombia es el de restituir al oficio de la política toda su dignidad y su razón de ser.

Con el surgimiento de la democracia y del poder ciudadano en la antigüedad greco-romana, la política se tornó en responsabilidad cívica al servicio del bien común. La administración de los asuntos de la res publicarequería de una serie de virtudes, de comportamientos idóneos que iban perfeccionando con el paso del tiempo: el carácter, el temperamento, el coraje, el honrar la palabra empeñada como base de cualquier acuerdo – todo aquello que hace que un ser humano no se corrompa.

En efecto, pocas personas han hablado públicamente o reflexionado con sinceridad sobre las virtudes que requiere la política. Más bien, muchos discursean como leguleyos de normas y honorabilidad, al punto de quedar en ridículo o vaciar las mismas palabras de significado. Se ha vuelto un ritual sin sentido. Aquí lo que tenemos que hacer es criar una ética de la virtud, del carácter, que empieza desde el tutorazgo y mentoría de aquellos que recién ingresan a la política. Una ética del carácter que no tendrá otro indicio sino el ejemplo, aquí y ahora; siendo su forma más explícita, la coherencia entre las acciones de todos los días y los valores políticos profesados. Para llegar a esto, habrá que hacerlo con hechos. La pulcritud y la ética en el oficio de la política son una condición fundamental, tanto para establecer como para diseñar el tan mentado pacto programático entre fuerzas alternativas. Es a eso a lo que queremos aquí referirnos: a las condiciones éticas que hagan posible un acuerdo programático, el cual, de no satisfacerlas, se verá viciado y faltará a su cometido.

En fin, desbaratar la autoridad estatal y borrar toda separación entre lo público y lo privado, ha permitido a las oligarquías dejar claro cuan frágil y vulnerable es el Estado. Este último, salvo algunas excepciones, se encuentra a la merced de sus derivas autoritarias y feudales. No cabe duda de que el pacto programático para 2022 entre las fuerzas políticas de la paz y la democracia es la respuesta necesaria a la crisis que vive hoy el país. Ese acuerdo debe estipular las condiciones éticas fundamentales para el ejercicio del poder del Estado sin las cuales el mismo no tendrá sentido, y la transformación emancipadora que exige el pueblo colombiano no será posible.