LA EXIGENCIA DE MATRÍCULA CERO EN PANDEMIA, OTRO ROUN POR LA GRATUIDAD

LA EXIGENCIA DE MATRÍCULA CERO EN PANDEMIA, OTRO ROUN POR LA GRATUIDADFotografía tomada de la red social Instagram

Por: Wilson Arias

Así como a los sectores humildes de nuestro país, que en pandemia se han enfrentado al dilema de salir desafiando al contagio en su cotidiano “rebusque o morirse de hambre”, también a los y las estudiantes universitarias, fundamentalmente los que provienen de sectores humildes de la población localizados en los estratos 1, 2 y 3, les ha tocado enfrentarse a un dilema parecido: “estudiar o dejar de comer”. Esta es la razón de fondo para que el movimiento estudiantil levantara la exigencia de matrícula cero para, al menos, cubrir lo restante de ese 2020 y asegurar la continuidad de sus estudios en 2021. La respuesta del gobierno ha sido ignorar estos reclamos negándose a hablar con los estudiantes; en varias universidades, algunos de los estudiantes, se han visto abocados a la huelga de hambre y el encadenamiento para presionar respuestas y soluciones a sus demandas.

Esta actitud gubernamental se expresó nuevamente al inicio de la semana cuando la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, no respondió el llamado a lista en la invitación para que asistiera a la audiencia pública “¿Cómo va la matricula cero en Colombia?”, la cual impulsamos con los colegas Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino. Audiencia en que se recordó que la matrícula cero es una necesidad que responde al momento coyuntural, pero parte de una lucha de décadas por una universidad pública, gratuita y de calidad; si bien su demanda está motivada para paliar la situación de miles de estudiantes en el marco del Covid-19, la demanda por matrícula cero debe trascender más allá de esta coyuntura de emergencia sanitaria, empezando un nuevo “round” en esta pelea por la gratuidad y la educación como derecho universal. Igualmente, en esta audiencia se expusieron datos y cifras que dan cuenta de viejos problemas de financiación de la educación superior que es pertinente recordar.

La educación pública sufre desde la ley 30 del 1992 de un desfinanciamiento estructural anclado en los artículos 86 y 87 de la misma; fundamentalmente en el primero, se establece el crecimiento anual de las transferencias de la nación hacia la universidad pública con base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo que ha ocurrido históricamente es que la exigencia social por la ampliación de la cobertura universitaria implica el crecimiento en infraestructura física, en inversión en investigación y en la respectiva vinculación docente. Luego, ese crecimiento también se ve reflejado en los costos, que según informe del Sistema Universitario Estatal (SUE), ha sido en aproximadamente 4 y 5 puntos porcentuales por encima del IPC cada año.  Esto ha generado un rezago presupuestal y un faltante que las universidades públicas han intentado suplir con la generación de recursos propios.  En este mismo informe, el SUE calcula que en promedio, estos recursos propios están por el orden de 48%, que equivalen a aproximadamente 3.5 billones al año.

El modelo de financiamiento descrito  no tuvo en cuenta el crecimiento de la población estudiantil, lo que se ha traducido en las siguientes cifras del SUE: “mientras los estudiantes matriculados en las 32 Universidades  Públicas pasaron de 159.218 en el año 1993 a 611.800 en el año 2016, el aporte anual del estado promedio por estudiante pasó de $10.825.890 a $4.785.338 en el mismo período; el estudiantado se ha cuadruplicado aproximadamente y la inversión por estudiante se han reducido en cerca de un 60%”. Además, en términos del rezago presupuestal descrito, las voces expertas de los rectores informan que las Instituciones de Educación Superior (IES) cuentan a 2018 con un déficit acumulado de aproximadamente 19 billones de pesos, de los cuales  15 billones corresponden a inversión.

Los sucesivos gobiernos, fieles al ideario neoliberal de desfinanciar la universidad pública en provecho de la privatización de la misma, no han tenido voluntad política para solucionar de fondo este desfinanciamiento. Siempre se ha acudido a medidas circunstanciales que tiene por finalidad tirarle un salvavidas al naufrago para evitar su ahogamiento inminente pero que lo deja al borde de la barco, sin fuerzas, expósito a una nueva caída al mar. Así se ha generado un archipiélago de fuentes presupuestales adicionales a las transferencias nacionales: cofinanciamiento regional y/o municipal, estampillas, recursos propios, impuestos, etc.  Recordemos que en el periodo de Juan M. Santos, se destinó gradualmente porcentajes ínfimos de la contribución sobre la renta para la equidad  (CREE) para la universidad pública. Y ahora con Duque, en diciembre del 2018, previa movilización estudiantil y profesoral, que contó con el apoyo de algunos rectores, se estableció un compromiso de aumento gradual que va de 3.5 a 4.5 puntos por encima del IPC. Desde luego que esto recursos son bienvenidos, pero no son suficientes, solo alivian la situación de desfinanciamiento actual, permitiendo estabilizar temporalmente las finanzas de la universidad pública. Compromiso que entra en la lógica de la metáfora anteriormente expuesta; se evitó que la universidad naufragara pero queda latente que se vuelva a caer del barco.

Esta reactivación de la demanda de gratuidad de la educación superior pública a propósito de la consigna de matrícula cero elevada con motivo de la pandemia, debe ser aliciente para retomar las movilizaciones que desempaten el resultado de la gesta estudiantil del 2011, pues su fuerza logró el retiro del regresivo proyecto de reforma de la ley 30 santista, pero no alcanzó para imponer el proyecto de reforma alternativo y democrático que elaboro la MANE en conjunto con los demás estamentos universitarios. Desde luego si la fuerza del movimiento social no alcanza para el propósito general de una reforma integral de la educación superior en sentido progresista, bien venidas las propuestas más específicas como las relacionadas con la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30. El SUE anuncia un proyecto de ley en este sentido que aspiramos debatir en el congreso con espíritu propositivo y defendiendo la idea de terminar con el archipiélago presupuestal para constituir una sola isla presupuestalmente sólida que garantice una universidad pública, gratuita y de calidad.

Regresando al contexto de la pandemia, la respuesta del gobierno ha sido engañosa. Con anuncio   rimbombante Duque aseguro en su programa propagandístico diario que se contaba con $1 billón para financiar el 100% de las matriculas a aproximadamente 405.000 estudiantes fundamentalmente de estratos 1 y 2 en las 63 instituciones de educación públicas. Lo cierto es que se está en la estrategia engañosa de presentar recursos ya presupuestado como novedosos para atender la pandemia: se hizo en el rubro de la salud cuando se presentó como dineros frescos lo ya presupuestados, incluidos los relacionados con la ley de punto final. Ahora con lo de matriculo cero es la misma argucia: el 70% aproximadamente del monto anunciado, $798.200 millones provienen de los recursos ya establecidos desde antes de la pandemia para el programa  “generación E” y lo cierto es que lo nuevo solo son los 97.000 millones del fondo solidario para la educación, creado en el decreto 662 de 2020 que tiene que ser repartidos entre las 85 IES públicas del país.

Sin demasiada sofisticación contable, con cuenta de tendero pero diáfanas y contundentes, con los $695.000 millones de pesos que Iván Duque quiere aumentarle al presupuesto de Defensa del próximo año, se podría pagar la Matrícula Cero de 623.000 estudiantes de universidades públicas del país que cuesta $700.000 millones.

Plata si hay…voluntad política no.

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