La prohibición de las drogas (parte III)

Por: Felipe Tascón Recio / @felipetascon57

Mientras para aplicar la Ley Volstead, mejor conocida como ley seca, se requirió una enmienda  constitucional, la Ley Harrison[1] siempre fue en contravía de la Constitución americana al birlar los “derechos a la intimidad, la libertad de conciencia y la búsqueda personal de la felicidad” (Escohotado, 1986). Lo anticonstitucional se camufló con disfraz tributario, aunque significará una ampliación de los poderes policiales. Se derogó la ciencia cuando el opio, reconocido en el siglo XIX como «el remedio más importante y valioso en toda la farmacopea», fue prohibido. Tampoco sirvió que lideres médicos descalificaran argumentos maniqueos: «había más violencia en un galón de alcohol que en una tonelada de opio». Nada sirvió, así la prohibición de drogas entronizó un Estado paternalista que protege en moral a la ciudadanía, incluso de ella misma (Ibíd.).

Por el carácter fiscal, la norma se volvía ambigua en su meta de perseguir pacientes. El tenedor debía probar que había obtenido la droga “legalmente” y la misma dosis podía ser “alcahueteo” de teguas a “adictos” pobres o “tratamiento” médico a pacientes ricos (Ibíd.). La legalidad se volvió subjetiva, dio pie a detenciones de médicos por recetar, cierres de clínicas, apelaciones, cifras manipuladas, corrupción, aumento del número  de presos por drogas, toda clase de excesos de la prohibición que a seguido describo.

La cojera de la norma fiscal no frenó a los policías, ya en 1919 apareció la inducción del delito mediante “falsos adictos”. Emblemático fue el caso del médico E. S. Bishop, quien en varias escritos combatía la estigmatización del consumo y proponía el suministro legal de drogas mientras no hubiera cura, esto lo volvió peligroso porque implicaba que el gobierno financiara los tratamientos. Bishop fue procesado gracias a la trampa de un policía disfrazado de “adicto”, si bien su caso no llegó a juicio, sirvió para arruinarle la reputación y por ende invalidar sus argumentos (Ibíd.). Hace 2 años, el video silente de Jesús Santrich producido por el exgeneral Gallego, el fiscal Martínez y la DEA,  instrumento entonces para “hacer trizas la paz” y hoy para exculpar a Uribe, nos demuestra que este tipo de “creatividad” policial reaparece periódicamente.

Los cruzados también fueron por el cierre de las clínicas que trataban “adicciones”, en 1925 no quedaba ninguna. Usaron la estrategia de vender el sofá, primaba “la premisa de que sin clínicas y manteniendo en estado de permanente intimidación a médicos y boticarios el problema quedaría zanjado”. Para estigmatizar a las clínicas también usaron agentes encubiertos. La que presentó mas resistencia fue Shreveport-Luisiana, una vez cerrada la prensa local registró la venta ilegal libre de morfina y cocaína en esta ciudad. Se prefirieron granjas de rehabilitación, donde los rehabilitados eran escasos o nulos, mientras crecían exponencialmente las cifras de presos por drogas, por ejemplo en las granjas de Fort Worth-Texas y Lexington-Kentucky, donde entre 1917 y 1920 había 8,700 presos, entre 1921 y 1924 la cifra subía a 28,500 y entre 1925 y 1928 alcanzaba 38,200. En resumen, las Narcotic Farms eran de hecho cárceles y “algo simultáneamente opuesto a la Medicina y al Derecho” (Ibíd.).

Mientras en 1930 en EEUU ya había en total 80,000 presos por droga, en contraste en Inglaterra que permitía recetar opiáceos, bien porque el paciente estaba en retirada gradual o por consideración al síndrome de abstinencia, solo tenían 1,000 “adictos” que llevaban una vida «satisfactoriamente razonable»[2]. Otro dato para probar que es la prohibición la que crea el problema. En EEUU la población carcelaria por drogas siguió creciendo mientras remplazaban las granjas por prisiones comunes (Ibíd.). Ante la cifra actual de cerca de 2 millones de presos por droga, en el 2020 se puede decir que esa curva nunca se aplanó. Esto no importa, al fin y al cabo “La adicción es para los prohibicionistas algo metafísico, «mucho más incurable que la lepra»… y cualquier compromiso con ella equivale, finalmente, a traicionar a Dios” (Ibíd.).

La falacia con la que después del referéndum contra la Paz se inicio el desmonte del punto 4 del Acuerdo de La Habana, iguala estos alegatos morales. Al bloquear que la  sustitución fuera gradual, con el discurso mil veces repetido: “ustedes no pueden recibir ayuda del gobierno de día y negociar con los Úsuga de noche”, el maniqueísmo del programa de consolidación revivía: se impidió la gradualidad del transito entre lo viejo a lo nuevo. Esto suena muy bien y desde un prisma moralista es lo políticamente correcto; sin embargo, es un imposible práctico porque salvo que el gobierno pagara a las familias el equivalente -en tiempo y cantidad- a su ingreso con los cultivos de uso ilícito, siempre existirá una coexistencia temporal entre el ingreso ilegal y el sustituto.

Muchas veces he dicho que en la guerra antidrogas la primera baja es la estadística. Existe mucha evidencia de mentiras en cifras sobre consumo, en 1920 la Narcotic Division multiplicaba por 10 el número real de “adictos”, mientras en 1930 lo reducía cuando lo real es que se había multiplicado por 4 en la década (Ibíd.). El terror ejercido por la Narcotic Division, manipulando cifras y reprimiendo, logró que se asimilara el consumo como delito y que, incluso, quien consumía llegara a considerarse a si mismo un problema. Vale reseñar que el término “drug addict” fue una evolución de la década de 1920, cuando al tema empiezan a darle un barniz científico. Antes se usaba “dope fiend”, literalmente “desalmado” o “demonio” de la droga. Aquí es la filología la que nos ayuda a evidenciar el origen moral de la prohibición (Ibíd.).

Un agente de la Narcotic Division podía fabricarse una carrera, armándole a un médico un expediente como violador de la ley Harrison (en Colombia se llamaría “falso positivo” judicial). Así se llegó a encarcelar a 25,000 médicos. Uno de ellos, un doctor de New York fue condenado por recetar a un “falso adicto” informante policial. Su caso apelado llegó hasta la Corte Suprema en 1925, donde se  concluyó: «La Sentencia de 1922 (caso Behrman) no es aceptable como precedente para sostener que un médico obrando de buena fe no puede jamás dar a un adicto cantidades de droga para autoadministración, a fin de aliviar estados producidos por la adicción misma. Poner en práctica unas normas fiscales no exige semejante regla drástica, y si la ley Harrison tuviese esa pretensión encontrará sin duda graves dificultades constitucionales» (Ibíd.).

Ante este falló los prohibicionistas intentaron de nuevo la enmienda constitucional, argumentaron su necesidad para ser coherentes con el convenio de La Haya (el mismo del mico en el Tratado de Versalles). A pesar de esto el congreso rechazó el proyecto. El contraataque fue alinear todo un ejercito de organizaciones cristianas, incluso a la que pertenecía el entonces presidente Harding, la “Orden de la Gruta”. Sobre sus “argumentos” Escohotado resume: “En todos estos documentos y declaraciones los adictos son concebidos como un inmenso y diabólico mal, que ha de ser borrado a cualquier precio”. Seis años después el Tribunal termino cediendo a la presión divina y en 1928 en un fallo 6 a 3 aceptó a la Ley Harrison como constitucional (Ibíd.). Nunca hubo enmienda, en cambio la corte termino legalizando algo anticonstitucional.

En 1924, paralelo al fallo Behrman, el farmacólogo Louis Lewin publicó “Phantastica”, libro que describe los efectos de las drogas. En referencia a la cocaína, relata en detalle su “adicción” severa soportando la tesis del cocainismo. Pero ir contra Freud, no lo aparta de la confusión de coca y cocaína, de hecho viola cualquier criterio científico cuando afirma que el efecto de una inyección de cocaína es el mismo que el de mascar coca (Cabieses, F. 2001). No es la única duda que surge del texto, vale preguntarse por qué investigaciones que documentan y que fueron realizadas con pacientes de la última década del siglo XIX y primera del siglo XX, sólo las publicó 10 años después de la ley Harrison y cuando esta estaba siendo cuestionada en su constitucionalidad.

Corrupción y prohibición vienen de la mano hace 100 años. En 1932, el hijo y el yerno de Roland Nutt, comisario jefe de la Narcotic Division, aparecieron en la nomina de un gánster asesinado (Escohotado, 1986). Dos noticias colaterales a la captura de Uribe apuntan igual. El piloto Samuel Niño estrellado en Guatemala transportando cocaína, en un video reclamaba el retorno de la aspersión aérea de glifosato “porque al no poder fumigar, los narcotraficantes pueden sembrar a campo abierto[3]. También la senadora Paola Holguín, hija de un lavador de Escobar, divulgó un video contra Petro en el que ella se vende como adalid contra el narcotráfico[4]. Es imposible que ambos ignoren que es gracias a su prohibición, que la droga ha dado la híper-ganancia que los nutre.

¿Cómo llego este lio a Colombia?. Sobre esto el trabajo investigativo más completo del economista e historiador colombiano Eduardo Sáenz Rovner recopila, entre otros muchos textos oficiales -buena parte informes para la embajada gringa-, un documento interno del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social del 2/03/1940, que si bien lamenta que “desgraciadamente en Colombia… existe la coca en estado silvestre… y hay indígenas que la usan como alimento”, también nos informa que no existe “Ni el menor indicio de que la coca del país sea utilizada para fabricar cocaína” (Sáenz, 1996). La detallada recopilación de Sáenz relaciona una lista de decomisos menores de cocaína a elegantes viajeros marítimos en 1933; recetas falsificadas para acceder al opiáceo láudano en Bogotá en 1941; la clasificación del comercio de estupefaciente como un ilícito desde el código penal de 1938; y el veto legal a la marihuana en 1939, secuela de su prohibición en EEUU dos años antes, que deriva en otra sucesión de incautaciones menores, esta vez contra marineros y pobladores en pobreza de Buenaventura y Barranquilla.

De la gran cantidad de atractivos datos que nos brinda Sáenz, quiero destacar dos:  el riguroso informe que llegó hasta la Liga de las Naciones en Ginebra Suiza, en el cual Marco Montealegre, alcalde de Íquira en 1941, orgulloso reporta la destrucción de 525 matas de coca en calles y jardines del casco urbano de esta población huilense. Tamaña genuflexión exalta la persecución al uso ornamental de la coca, que desde siempre había embellecido ciudades y pueblos del suroccidente colombiano. Si consideramos que el promedio actual de un cultivo de coca para producir cocaína es de 10.000 matas por hectárea, se evidencia la intrascendencia de aquel “logro”.

El otro dato es el primera información sobre fabricación de cocaína y heroína en Medellín en 1957, por parte de los hermanos Tomas y Rafael Herrán (Ibíd.). Aunque el profesor no nos aclara el origen de la coca y el opio para tales procesos, en un escrito posterior nos amplia que la fabrica no estaba en cualquier tugurio sino en El Poblado, que los hermanos eran Herrán Olózoga, primos del industrial paisa Hernán Echavarría Olózoga y descendientes de dos presidentes caucanos: Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán (Sáenz, 2016). En fin, estudiando la coca uno se cansa de repetir la frase de Hollywood: cualquier parecido…

Volvamos al plano internacional, si bien se sucedieron las convenciones de Ginebra de 1925 y 1931, la prohibición no lograba adquirir fuerza global, lo que solo vino a  conseguir después de la 2ª Guerra Mundial y de la fundación de la ONU, con la “Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes” de 1961. Vale reseñar un antecedente importante de esta: el debate sobre la prohibición y los usos de la coca tuvo un capítulo en el inicio de la guerra fría. Así en la conferencia de San Francisco de 1945, la URSS acusó a EEUU de violación de los tratados internacionales por el pago en hoja de coca de salarios en la mina de Cerro de Pasco en el Perú. Ironías de la historia, en la conferencia fundacional de las Naciones Unidas, los norteamericanos terminaron defendiendo el rol de la hoja de coca en la relaciones comerciales y laborales de la cordillera andina (Cabieses, F. 2001:39-40). Solo hasta 1947, por decreto del Ministerio de Higiene, vino a prohibirse en Colombia el pago de salario en coca, norma sin embargo boicoteada por los terratenientes del Cauca, donde este tipo de pago continuo hasta 1970.

También en 1947 el gobierno peruano presionado por el racismo contra el consumo ancestral y por los discípulos del psiquiatra Hermilio Valdizán, solicitó la creación de una Comisión especial de las Naciones Unidas para el “problema” de la coca. Los convocantes se encargaron de tener una bibliografía comentada y sesgada, que excluía estudios clásicos como los de Hipólito Unanue o William Mortimer. La Comisión era una pura formalidad, de hecho las declaraciones de su presidente -el empresario farmacéutico norteamericano H. Fonda- apenas aterrizando en Lima -en 1949- ya contenían los prejuicios de las conclusiones. Sobre el consumo tradicional de la coca, Fonda afirmó “no sólo es absolutamente nocivo y, por lo tanto perjudicial sino que es la causa de la degeneración racial de muchos núcleos de pobladores y de la decadencia que visiblemente muestran numerosos habitantes indígenas y aún mestizos de ciertas zonas de Perú y Bolivia” (El Comercio, 12/09/1949, citado en Ibíd.).

La inclusión de la coca en la convención de 1961, contenía una ridiculez digna del alcalde de Íquira: legislaba globalmente el ultimátum de 25 años para que los países andinos eliminaran la costumbre ancestral del mambeo y aculliku. Sin entrar en el detalle de la Convención del 61 y sus fracasos, término con algo que nos relata Baldomero Caceres. En 1992 durante la 28ª sesión del Comité de expertos en farmacodependencia de la OMS, estos sabios se negaron a revisar la prohibición de la coca, a pesar del fracaso de la erradicación global y que les había llegado una amplia bibliografía sobre las virtudes medicinales y alimenticias de la hoja (Cáceres, s/f).

La prohibición esta mandada a recoger. Su prehistoria es la ignorante estigmatización de Vespucio, y su historia esta en negar la ciencia, en el moralismo racista del obispo Brent, en la pelea psiquiátrica de Erlenmeyer y Kraepelin contra Freud, en la suma de supremacismo racial y juicio psiquiátrico trasladado por Valdizán a Latinoamérica.

Dos palabras pueden resumir una evaluación honesta sobre este camino de guerra a las drogas declaradas ilícitas: fracaso y locura. Fracaso, porque desde cualquier ángulo se puede enumerar un catálogo de resultados escasos o nulos, con sus desaciertos sistémicos durante todos los años de su fallida implementación. Locura, en el sentido de la frase que se atribuye a Albert Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Fracaso y Locura, dos palabras que se bastan y se sobran para resumir la prohibición de las drogas.

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