El Camino de la Dictadura

Por David Flórez

Esta claro que Iván Duque y el conjunto del Uribismo han emprendido el camino de la dictadura, utilizando la pandemia como excusa y ahora con más fuerza con ocasión de la medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe Vélez. Ya controlan el Ejecutivo usándolo sin ningún recato en contra de la división de poderes, avanzan en una exitosa labor dirigída a quitarle cualquier fuerza real al Congreso, la protesta ciudadana hoy es víctima de un afanoso linchamiento mediático además de una fuerte represión policial  y, como si fuera poco, han retomado con mayor agresividad una vieja y muy peligrosa campaña  contra las Cortes, especialmente contra la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Suprema de Justicia, buscando acabarlas a través de, la nada, bien intencionada propuesta de una “Corte Única”.

Durante el primer estado de emergencia, Iván Duque expidió 107 decretos de los cuales tan solo once guardan relación directa con el sistema de salud o con la aparente intención de fortalecerlo, muestra clara de que el Covid 19 ha sido utilizado por el ejecutivo para legislar sobre lo divino y lo humano, en favor de los Bancos, el detrimento de las mayorías y del Estado social de Derecho.

Entre algunas cosas graves que se encuentran en los Decretos de Duque, es protuberante la afectación al ejercicio de las y los mandatarios locales en alcaldías y gobernaciones con el Decreto 418, en el que se les obliga a consultar a las fuerzas militares en materia de orden Público. Es un despropósito que en el Decreto 444 que crea el Fondo para la mitigación de la emergencia (FOME), no se ponga como uno de los destinos específicos del dinero el sistema de salud, pero sí, el sistema financiero u otro decreto en el que se autoriza la venta de activos esenciales para el país, entre ellos diez mil kilómetros de oleoductos, o que se pretendiera vía decreto imponer un fuerte golpe a Colpensiones, y sobre todo, que ninguno de estos Decretos sea producto de algún tipo de consulta con la ciudadanía, ni mucho menos,, garantiza la necesaria veeduría ciudadana a decisiones que afectan directamente sus vidas y que implican billonarios recursos públicos. Hacen de todo y hay pocas herramientas para vigilar y controlar.

Lo del Congreso es peor aún, ya que, a las mayorías de la Coalición de Gobierno y aliados de algunos otros partidos no les bastó con no hacer absolutamente nada en la legislatura anterior, no hubo ningún esfuerzo en función de la pandemia y en vía de hacerle un control político al ejercicio abusivo y arbitrario de los poderes especiales por parte de Iván Duque. El balance no podría ser más crudo: se demoraron un mes en empezar a “sesionar virtualmente”, no modificaron ni uno solo de los Decretos del ejecutivo y no aprobaron ni una sola norma dirigida a que las y los colombianos, no sufrieramos con tanto rigor las difíciles condiciones sanitarias creadas y agudizadas por el Covid 19.

Como si esto fuera poco, en un claro desconocimiento de un fallo de la Corte Constitucional, dicha mayoría Uribista, impulsa ahora en el Congreso, una gravísima reforma que le permitiría de forma permanente modificar la Constitución, afectar los Derechos Fundamentales, hacer trizas el acuerdo de paz y modificar el régimen de partidos desde la virtualidad.

A todas luces un suicidio político, en el que el Congreso busca quitarse poder así mismo para permitirle a Iván Duque tramitar de forma expedita un agresivo paquete legislativo, en el que, entre otras cosas, se pretende acabar con la Jurisdicción Especial de Paz, ampliar la inútil cadena perpetua y acabar con las Cortes, todo esto afectando, las ya pocas garantías, con las que cuentan los partidos de oposición y  excluyendo, de la deliberación y la participación, a millones de Colombianos y a regiones enteras, que por la enorme brecha tecnológica existente en el país, jamás podrán acceder a debate alguno.

Especial atención merece también, lo que esta sucediendo con la participación ciudadana y la protesta social, afectadas no solamente por las restricciones generadas por el Covid 19 y las medidas de distanciamiento social, sino también por un perverso esfuerzo de un sector importante de los medios de comunicación y hasta de mandatarios locales que sin rigor alguno, han asociado la movilización ciudadana con la incitación al contagio masivo, promoviendo de esta forma el linchamiento mediático, moral y no en pocas ocasiones, en contra de quienes en medio de la pandemia han decidido ejercer su Derecho a la protesta.

Pero le queda al Uribismo una muralla que derrumbar en su camino a la dictadura, -las Cortes-, no olvidemos que han sido precisamente éstas las que, actuando en Derecho, impidieron la segunda reelección de Uribe, condenaron a decenas de Para políticos y ordenaron la detención domiciliaria del siniestro Ex presidente.

Es justo por esto, que, con virulenta agresividad han retomado con nuevo impulso una feroz campaña contra las cortes, campaña que por un lado, cuenta con periodistas como Vicky Dávila o Luis Carlos Vélez, que han decidido poner sus micrófonos en función del linchamiento mediático de los Magistrados y sus fallos, Senadoras como Paola Holguín quien de manera abierta, llama a las reservas de las fuerzas armadas a levantarse contra los magistrados de la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia.  El Centro Democrático y su áulicos llaman a una “Constituyente” con el único propósito de acabar con las Cortes y garantizar la impunidad de su mentor, pero lo que es peor, campaña que cuenta con el propio Presidente de la republica desconociendo fallos, presionando a la Corte y llamando a una “urgente reforma a la justicia”.

Como vemos no son tiempos fáciles y cuando el fascismo amenaza de forma velada o directa con la dictadura, lo más revolucionario es disputar la Democracia, la muy precaria que existe actualmente y, la amplia y sustancial que habrá que construir; para ello, es indispensable prender todas las alertas, defender las Cortes, hacer veeduría y protesta, pero sobre todo, sumar esfuerzos y voluntades para derrotar políticamente, no a Uribe, sino al Uribismo como expresión del latifundismo, el narcotráfico y el paramilitarismo.

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