QUE NO NOS CORTEN LOS SERVICIOS

LA EXIGENCIA DE MATRÍCULA CERO EN PANDEMIA, OTRO ROUN POR LA GRATUIDADFotografía tomada de la red social Instagram

Por Wilson Arias

Es difícil no ver con suspicacia lo que ocurrió con el Decreto Legislativo 580 del 2020 expedido por el Gobierno de Duque, uno de los pocos Decretos que en tiempos de emergencia había concitado la anuencia de todas las fuerzas políticas del país y que no pudo tener muchos efectos porque faltaron las firmas de unos ministros despistados.

La finalidad del Decreto Legislativo era la de subsidiar el valor de los recibos generados por la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo: para el estrato 1, el 80% del costo del suministro; para el estrato 2, el 50%; para el estrato 3, el 40%, hasta el 31 de diciembre de este año como medida para apoyar a los hogares colombianos a mitigar los efectos de la crisis.

Ante la magnitud de la indiferencia que se ha vivido en Colombia durante décadas, este Decreto significaba un acto de elemental justicia, reclamado clamorosamente tanto por los expertos como por la generalidad de afectados, que son las mayorías del país. La prelación a los rentistas, principalmente financieros, en el otorgamiento de los salvavidas con los que cuenta el Presidente para rescatar a sus gobernados, hacía ver una pequeña gota del tamaño de un manantial, para quienes sentimos como nuestra el hambre que siente el pueblo, este decreto permitía un respiro en medio de la incertidumbre.

Grande fue nuestra decepción al informarnos por cuenta del Boletín No. 127 del 23 de julio de 2020 que  la Corte Constitucional exponía a la opinión pública la decisión de su Sala Plena de declarar la inconstitucionalidad del Decreto por vicios de forma. Lo anterior debido a que el Artículo 215 de la Constitución indica que este tipo de normas deben ser firmadas por todos los ministros, sin embargo, al Ministro de Salud y a la Ministra de Ciencia y Tecnología “se les pasó” firmar el 580.

Esa aparente omisión, vista aisladamente, es en principio inexplicable; pero al percatarnos que fue el mismo gobierno quien solicitó a la Corte que declarara inconstitucional este Decreto por falta de firmas y que además nada hizo para luego revivirlo -pudiendo hacerlo-, hace que la “omisión” parezca un acto calculado, sospechoso y hasta doloso, encaminado a no brindar a la población más vulnerable los subsidios en servicios públicos en medio de la Pandemia.

El supuesto error se detectó en medio de la segunda declaratoria de emergencia económica, eso quiere decir que el presidente y sus ministros pudieron haber derogado el decreto 580 y haberlo expedido de nuevo, con todas las firmas, usando el mismo texto que aún hoy, más de tres meses después, continúa siendo necesario. La aparente omisión es inaceptable en medio de una emergencia económica y sobre todo, una emergencia sanitaria que obliga el confinamiento.

El deber de cuidado por parte de los servidores públicos, en este caso los ministros y la secretaria jurídica de la presidencia, debe ser mucho mayor en medio de una emergencia económica; olvidar en particular en este Decreto –entre más de una centena de otros–, algo tan importante derivado del artículo 215 de la carta política y de la Ley 137 de 1994 que expresamente exige su firma y revisión juiciosa en todos los decretos como requisito de validez, es inaudito. Ojalá se pudiera decir lo mismo de otras decisiones nefastas que ha tomado este gobierno como salvar a los bancos o vender empresas públicas prósperas.

En medio del infortunio quise convocar a mis colegas para revivir la iniciativa y he recibido el grato respaldo de 33 congresistas. Presentar un Proyecto de ley con el mismo objetivo del fenecido Decreto 580, es lo menos a lo que nos obliga el delicado momento económico y social, y espero que en el transcurso del trámite crezca la audiencia parlamentaria, después de todo, los firmantes sólo estamos recogiendo una solicitud que produjo en su momento un consenso tan grande, que presionó la iniciativa gubernamental.

El Proyecto que fue radicado el 28 de julio, también alude a las fuentes de financiación para no recargar la responsabilidad fiscal en los entes territoriales. El bajo nivel de ejecución de los recursos destinados para conjurar la crisis, exhibe la disponibilidad presupuestal para financiar iniciativas que impulsen la demanda. Quienes argumentan en favor de la reactivación de la economía no podrán oponerse a incentivar el consumo incidiendo sobre el aumento en el ingreso disponible de las familias, por efecto multiplicador, todo recurso que se libere para  aumentar el consumo coadyuva a traducirse en mayores ingresos tributarios, creación de puestos de trabajo y productividad.

Un informe de ejecución del Fondo para la Mitigación de la Emergencia -FOME- publicado por la Contraloría General de la República revela que existen recursos asignados para este tipo de gastos, sin ejecutar. La idea de este proyecto entonces, es que el FOME entre a subsidiar de manera directa y excepcional hasta el fin de la emergencia sanitaria los subsidios con los topes establecidos, previa certificación de la incapacidad del municipio para subsidiar con recursos propios y además porque los estratos 5, 6 y comercial también se encuentran afectados con la pandemia, y no deberían correr con el subsidio cruzado en esta ocasión.

Por este y por todos los medios les estaremos informando cómo avanza esta iniciativa que avizoro, será una dura lucha política, dado que ya Duque y Carrasquilla le habían apostado a descargar su financiación a las entidades territoriales. Pero, mientras superamos esta delicada hora, ¡vamos a pelear para que no nos corten los servicios!

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1 Comment on "QUE NO NOS CORTEN LOS SERVICIOS"

  1. Si eso hubiese sucedido en una empresa regular, en ese caso debiera renunciar, el presidente, los ministros, y los asesores judiciales y legales de la firma en cuestión, ESO CUANDO SE ES HONESTO, no cuando se aparenta Serlo.

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