TRANSPARENCIA SIMULADA DESDE PALACIO

Por Antonio Sanguino

Una verdadera simulación. Es lo que ha exhibido el Director de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres del Gobierno Nacional, Eduardo José González, en materia de transparencia en la contratación pública. Nos hemos enterado de la escandalosa adquisición, con demostrados sobrecostos, de un millón de kits alimentarios en medio de la pandemia por el Covid-19, que fueron entregados en todo el país en nombre del Presidente Duque. Contratación maquillada de aparente pulcritud pero aprovechando las normas excepcionales de la emergencia económica declarada para cometer todo tipo de irregularidades. Lo mismo está ocurriendo con un proceso contractual cuyo valor asciende a 160 mil millones de pesos para “mitigar y prevenir la erosión costera en la zona del litoral del Distrito dé Cartagena”.

Esta millonaria contratación se deriva del documento CONPES 3937 del 13 de julio de 2018 cuando Juan Manuel Santos era Presidente. Una preocupante situación ambiental obligaba una intervención urgente en la costa Caribe. Por cuenta de la acción humana, el cambio climático y los desastres naturales se identificaron 86 puntos de gran deterioro en los últimos años que generaron una perdida de 0,5 a 5 metros de playa por año. La zona mas afectada se ubica en Cartagena, especialmente en el tramo entre El Laguito y el Túnel de Crespo, impactando diez barrios y 83 complejos hoteleros y perjudicando a medio millón de personas entre pobladores, trabajadores, empresarios y turistas. Desde el 2 de mayo de 2018 el Alcalde (e) Sergio Londoño mediante el decreto 481 de 2018 había declarado la calamidad publica con ocasión de los riesgos de erosión en la zona del litoral costero. Esta declaratoria inicialmente por un término de seis meses fue prorrogada por otros seis meses mediante decreto 1296 de noviembre de 2018, pero el 2 de mayo de 2019, mediante el decreto 621, se declaró el retorno a la normalidad y la superación de la calamidad pública.

Fue aprovechando esta emergencia, que la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres celebró con la Alcaldía de Cartagena, el Convenio Interadministrativo No 9677- PPAL001- 2018, denominado “Intervenciones para mitigar y prevenir la erosión costera en la zona litoral del Distrito de Cartagena”. Con este convenio, la nación comprometió 100 mil millones y el Distrito de Cartagena 60 mil millones de pesos, para lo cual esta última contrajo un empréstito que fue depositado en septiembre del 2018 en la Fiduciaria La Previsora en calidad de administrador de los recursos. Desde el 1 de enero del 2019, Cartagena paga a la banca privada los intereses correspondientes al crédito de un proyecto que aún hoy no se ha adjudicado, configurándose un claro detrimento patrimonial para las finanzas de la Heroica.

La emergencia también habilitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- para abrir, el 17 de noviembre del 2019, la convocatoria para adjudicar el proyecto en mención. Y por ello, en virtud del articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, aplicó el régimen contractual establecido en el derecho privado para la atención de emergencias en situación de calamidad pública. Bajo esta modalidad contractual excepcional que elude el mecanismo de la licitación pública pero obliga a invitar como mínimo a tres proponentes, el 4 de febrero de 2020, fecha del cierre de la convocatoria, se presentaron 32 oferentes lo que daba la apariencia de pluralidad y posible selección objetiva del contratista.

Sin embargo, de manera sospechosa e inexplicable la UNGRD incluyó después del cierre de la convocatoria dos nuevos consorcios quienes finalmente fueron seleccionados para presentar las propuestas definitivas: el Consorcio Protección Costera Cartagena, compuesto por WGV Constructores e Infraestructura Ltda; y el Consorcio Intervención Costera Cartagena 2020, compuesto por Mota-Engil Latam Col SAS y Mota-Engil Perú. Una revisión a la trayectoria de las empresas de estos dos consorcios adelantada por la Agencia de Periodismo Investigativo dirigida por el periodista Norbey Quevedo, encontró que la Contraloría General le sigue los pasos a las empresas del Consorcio Intervención Costera Cartagena 2020 por irregularidades en la contratación para la construcción de 248 colegios con el Ministerio de Educación. Y del otro proponente, Consorcio Protección Costera, encontró que una de sus empresas apenas aparece registrada el año pasado y su representante legal, Carlos Imbachi Guerrero, ofició como interventor de un contrato por el cual el Alcalde de Majagual (Bolívar) resultó destituido e inhabilitado por la Procuraduría, mientras que su otro socio registra irregularidades en contratos con las gobernaciones del Huila y Cesar.

Este accidentado proceso ha sufrido varios ajustes en su calendario. El pasado 21 de julio, fecha prevista para su adjudicación, la UNGRD descalificó extrañamente las propuestas de los dos consorcios finalistas. En Cartagena ronda la pregunta por los intereses que están detrás del millonario contrato, las maniobras del Director de la entidad que adelanta el proceso contractual, la injerencia de la Vicepresidencia o de conocidos y cuestionados contratistas de la ciudad. Jocosamente, se preguntan los Cartageneros que saben de estos tejemanejes, si su litoral costero está acechado por el socio de un fantasma o por alguien proveniente de Turquía.

En medio de la terca obsesión por adjudicar el contrato no se sabe quien asume la responsabilidad por el detrimento al patrimonio derivado de los intereses que Cartagena ha debido pagar por el empréstito que adquirió para la obra. Tampoco hay claridad sobre el afán de contratar una obra cuyo diagnostico está desactualizado y se prevén obras adicionales que tendrá que financiar el Distrito en un 60%. Y hay total incertidumbre sobre quién asume las obras en la concesión del anillo vial que representa uno de los siete kilómetros a intervenir. Pero la pregunta que salta de bulto es porque, 14 meses después del retorno a la normalidad, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres se ampara en una calamidad pública, que ya no existe, para adjudicar el contrato a dedo prescindiendo del Estatuto General de Contratación Publica.

Son muchas las voces de veedurías ciudadanas, medios de comunicación y expertos que recomiendan y solicitan a los órganos de control ordenar la suspensión de este sospechoso y accidentado proceso. Que la cruzada contra la corrupción anunciada por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, a propósito de este contrato, revise las actuaciones de esta Unidad de Gestión de Riesgos adscrita al Palacio de Nariño. Y que la pulcritud y transparencia pública no sea simulada, ni una operación de maquillaje.

If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.

Sea el primero en dejar un comentario on "TRANSPARENCIA SIMULADA DESDE PALACIO"

Deje un comentario

Your email address will not be published.


*