La odisea por la personería jurídica de la Colombia Humana.

Por: Álvaro Moisés Ninco Daza / @MoisesAlvaro_

Colombia hoy se debate entre el ejercicio de dos soberanías: la popular, reconocida por la Constitución del ’91, y la del oscuro Pacto de Ralito, ejercida por la rosca que hoy gobierna, en cuya dirección se encuentran narcotraficantes, vividores y asesinos. La soberanía popular expresó en las elecciones del 2018 que reconoce en las propuestas progresistas un proyecto de país viable y necesario, mientras la soberanía mafiosa ha usado la organización electoral para evitar que nuestro movimiento tenga una personería jurídica. Hoy, el régimen de Ralito viola como si nada el derecho fundamental y autónomo a la oposición de más de 8 millones 40 mil colombianas y colombianos que votamos por la Colombia Humana.

En virtud a una nueva realidad constitucional, que indica que las segundas fuerzas más potentes en las elecciones presidenciales obtienen una curul en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, nuestro movimiento logró llegar al Congreso de la República. Hoy en día, a pesar de que Gustavo Petro y Ángela María Robledo son los congresistas con la votación más alta de la historia de Colombia, también son los únicos cuya organización política carece de una personería jurídica reconocida por el Estado. Una paradoja aberrante.

Esto no se puede entender a la luz del carácter expansivo del principio democrático, que promulgó la Corte Constitucional al plantear, en una de sus sentencias históricas, que la democracia “ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia” -Sentencia C-089 de 1994-, pues sólo se entiende cuando uno analiza el enorme miedo que padecen las fuerzas del régimen corrupto que somete a Colombia.

Y es que el uribismo es una fuerza política que, tal como lo plantea Luciana Cadahia, sobrevive con respiración artificial. A través de los decretos de emergencia y sus alianzas mercantiles con gobiernos locales “alternativos” como el de Bogotá, los de arriba demuestran que están aprovechando la pandemia para desabastecer de recursos a las instituciones del Estado mientras aún les queda tiempo para hacerlo y margen de maniobra para garantizar su impunidad. Ellos saben que apenas la Colombia Humana asuma el gobierno de este país todos y cada uno de los que están desmantelando lo poco que queda de la Constitución del ’91 van a ser sancionados y castigados.

Es por eso que toman decisiones tan aparentemente inexplicables como destinar 9.515 millones de pesos para armar hasta los dientes al ESMAD en medio de una pandemia estimulada por la emergencia climática, que exige que los recursos públicos sean destinados al cuidado de la vida en todas sus formas, hoy en profundo riesgo: más de 500 especies de animales terrestres están al borde de la extinción según un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings de la National Academy of Sciences de Estados Unidos. Desesperados, buscan detener la indignación y el hastiamiento de la gente hacia las injusticias de toda índole a punta de bolillo y metralla.

Pero, ya que a la rosca que instauró este régimen autocrático le parece más importante satisfacer su codicia desmedida que detener la sexta extinción masiva, el asalto popular a las instituciones públicas se hace inminente. Las medidas que propone la Colombia Humana para conducir el país hacia una era de paz y cuidado de la vida pasan cada vez más del ámbito de las simpatías al de la urgencia.

Por eso, es fundamental que la Corte Constitucional responda a la tutela que instauramos hace 7 meses y 16 días junto a Gustavo Petro a través del abogado Dagoberto Quiroga, en la cual exigimos la protección a nuestros derechos y los de todas y todos aquellos que votaron por un gobierno democrático en las elecciones presidenciales del 2018. Sabemos que no necesariamente el resultado del fallo será favorable, ya anteriormente la rosca ha demostrado que, con la misma fuerza que golpean a las y los estudiantes que protestan, puede torcer criterios como el precedente jurídico, pero confiamos en que las y los magistrados de la sala que tiene en su haber el estudio y la decisión sobre nuestro recurso decidirán honestamente.

Sería un mensaje terrible para la sociedad que esta Corte Constitucional se eche al hombro la responsabilidad de haberle dado una estocada final a la Constitución del ’91, dejando a las mayorías de Colombia sin la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con la partidocracia de los de arriba. Nuestro mensaje es: pongan fin a esta odisea, protejan el derecho fundamental y autónomo a la oposiión política, protejan a la Colombia Humana.

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1 Comment on "La odisea por la personería jurídica de la Colombia Humana."

  1. Muy floja la columna de Moises porque no desarrolla una idea central sino que se pone a dar brincos de árbol en árbol y al final no transmite nada, no queda claro porque no hay personería jurídica sino el relato de la Constitución del 91, etc. Hay que mantener alto el nivel de Cuarto de Hora y les sugiero verificar antes de publicar.

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