La soledad de la solidaridad

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Por: Yesenia Parrado

El Covid-19 no creó la desigualdad, la pobreza, el hambre o el desempleo. Tampoco los reveló. Siempre han estado ahí y hoy sólo le dan un matiz diferente a esta situación, con un aislamiento como única medida preventiva de contagio ante la ausencia de vacuna o tratamiento. Una medida que condena a la población del trabajo informal y las personas que, ante la imposibilidad de ajustarse a las nuevas dinámicas de trabajo en casa, han quedado sin empleo.

Otro matiz que ha generado esta pandemia, es que no ha habido palabra más utilizada que la llamada solidaridad. Las redes sociales, conversaciones en programas de televisión y radio, alocuciones de diferentes figuras políticas, titulares de periódicos y los programas gubernamentales en respuesta a la emergencia giran siempre alrededor del término “solidaridad”. Sin embargo, en la economía, es precisamente el sector de la solidaridad de los más abandonados.

La economía social y solidaria en Colombia, desde un marco legal, es reconocida sólo como economía solidaria, que según la definición de la Ley 454 de 1998, la define como el “sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”. Sin duda la economía social y solidaria es un concepto y una práctica mucho más amplia, pero para fines de esta columna nos conformaremos con esta definición. Así mismo, la ley reconoce como organizaciones solidarias a las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, fundaciones, asociaciones, corporaciones, organismos comunales y grupos de voluntariado.

Ahora veamos qué ha pasado con la solidaridad en los últimos años. El último informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria -DANSOCIAL- en 2009 antes que el Decreto 4122 de 2011 lo transformara en la actual Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias –UAEOS–, entidad que tiene la “tarea del fomento y el fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia”, estimaba que existían 10.055 organizaciones entre cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, y generaban cerca de 135.698 empleos directos y 537.859 como trabajadores asociados (en las Cooperativas de Trabajo Asociado), es decir 673.557 empleos que representaba el 3.38% de la población económicamente activa. Una estimación adicional, los ingresos del sólo sector cooperativo representaban 4.78% del PIB del 2008.

Para el año 2019, según el informe presentado por la Superintendencia de la Economía Solidaria -Supersolidaria- se reportan 3.286 organizaciones entre mutuales, cooperativas, fondos de empleados y “otras organizaciones”, las cuales genera 67.398 empleos. En una década se redujeron la cantidad de organizaciones solidarias en 67.3% y los empleos en 50.3%.

Habrá que preguntarle a la UAEOS dónde están las 6.769 organizaciones que se desaparecieron en el transcurso de 10 años. Habrá qué reflexionar cómo el desmonte año a año de las políticas de fomento, fortalecimiento y protección costó la reducción de 68 mil empleos.

Ahora hablemos de este gobierno. El gobierno Duque recibió, según informe de Supersolidaria, 4.135 organizaciones entre cooperativas, fondos de empleados, mutuales y organizaciones de carácter económico y de representación, que generaban 80.101 empleos directos. Es decir, en dos años se han perdido 849 organizaciones y destruido 12.703 empleos.

Volviendo a las preguntas, habrá de preguntarle a este Gobierno de los 4 millones y medio de empleos destruidos en medio de la pandemia, cuántos corresponden al sector solidario. O preguntarle cuánto afecta la pandemia a la economía solidaria, o la afectación de la economía solidaria sobre cada uno de los sectores productivos, donde, sin duda, a causa del abandono estatal, muchos de los créditos que conocen agricultores y pobladores rurales provienen del sector cooperativo.

Las propuestas para superar esta crisis mencionan términos como “solidaridad”, “humanidad” y otros similares. Por ejemplo, Michell Bachelet, expresidenta de Chile y actualmente Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mencionaba en su Twitter el 24 de mayo, “Deberíamos construir un nuevo paradigma económico que apoye el crecimiento sostenible, inclusivo y sensible al clima. La reducción de las desigualdades y la promoción de la dignidad humana ayudaría a las personas a ser más resistentes a crisis como la de #COVID19”. Pues bien, ese nuevo paradigma no se puede pensar aislado de la economía social y solidaria.

Ahora surgen propuestas de nuevos paradigmas económicos que “promocionen” la dignidad humana, cuando la economía social y solidaria coloca en el centro no sólo la dignidad humana, sino a las personas de forma integral con su familia, comunidad y territorio. El paso hacia un programa de desarrollo autónomo, de participación democrática y equidad distributiva sin duda ha de pasar por los valores y principios de la economía social y solidaria.

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