Se tramitan medidas cautelares colectivas para los firmantes de paz por parte de la JEP

Fotografía: Justice for Colombia

El partido FARC  expuso en una audiencia la realidad de los firmantes de paz en los territorios. El encuentro busca que se brinden elementos para la adopción de medidas cautelares para proteger la vida de las y los exguerrilleros.

Una comisión de la organización política expone ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los argumentos que sustentan el proceso de la adopción de medidas cautelares colectivas. El proceso fue avocado por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, el pasado 29 de abril de 2020 y busca conocer la magnitud de las afectaciones por el incumplimiento de la implementación del Acuerdo y establecer medidas que den solución a las amenazadas a la vida y a la seguridad de la población firmante del Acuerdo.

Es importante recordar que dentro de las funciones de la JEP se encuentra la obligación de velar por la seguridad y protección de las personas que allí comparecen indistintamente de su calidad: víctimas, comparecientes, sujetos procesales e intervinientes.

No es la primera vez que se tramitan medidas cautelares de protección para miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el marco de diligencias individuales y macro casos, se había buscado protección individual, de familiares y grupos. Un ejemplo es en el caso 001 sobre Retenciones Ilegales, donde se ordenaba reforzar las medidas de protección a los comparecientes. Esta vez la solicitud no se centra en medidas de seguridad individual, sino en la protección colectiva y desde el partido de la rosa se propondrá la realización de audiencias regionales donde se involucre a las autoridades departamentales y municipales.

La vida y seguridad de los y las comparecientes constituyen garantías para la confianza en el proceso de paz y en las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Además, constituyen garantías para la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado.

 

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