La pandemia no frena el asesinato de líderes sociales

Según el reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los asesinatos de líderes sociales en Colombia aumentaron un 53% en los primeros meses del 2020.

En medio del aislamiento preventivo que decretó el Gobierno de Iván Duque para frenar la propagación del coronavirus, la violencia sigue siendo el flagelo que aquejan varios territorios en el país. El más reciente informe ”Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) da cuenta de ello.

“En medio de la incertidumbre actual, es relevante mencionar que no identificamos a la pandemia como una causa, sino más bien como un dinamizador que puede intensificar o —en algunos casos— desacelerar las dinámicas de violencia y de confrontación armada”, señala el documento.

El dato más preocupante que deja ver el estudio, corresponde a los 49 líderes sociales asesinados entre enero y abril, crímenes que el Gobierno ha sido incapaz de contener. De acuerdo al informe. 16 líderes fueron asesinados en enero, 11 en febrero, 13 en marzo y nueve en abril para un total de 49, mientras que en los primeros cuatro meses de 2019 fueron 32. Precisamente, a esta cifra se suma el asesinato el pasado 21 de mayo de la líder social Olga Lucía Hernández, quien trabaja por la comunidad campesina e indígena en el municipio de Cumaribo, en el departamento de Vichada.  

«En cuanto a la autoría, aunque el 67 % de los responsables de los homicidios es aún es desconocido, grupos como las disidencias de las FARC y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) comenzaron a tener una mayor visibilidad en la atribución de las agresiones», agregó la información.

Si bien la confrontación armada continua activa durante la cuarentena, la letalidad ha disminuido en los primeros cuatro meses del 2020. De todas maneras, la FIP advierte que las organizaciones criminales “sigue ordenando restricciones y reforzado el aislamiento, bajo el argumento de que así evitan la propagación del virus»

Otro de los detalles del documento, advierte del crecimiento en un 5% de los desplazamientos forzados en el país. Las situaciones más preocupantes ocurren en Nariño, Putumayo y Antioquia, que concentran los tres casi el 80 % de los desplazamientos.

El informe, por último, señala que “continúan los problemas ambientales ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos; en algunas zonas, incluso, se han intensificado”. Los efectos de las medidas de confinamiento del Gobierno, han permitido que grupos arado y acaparadores de tierra saquen provecho de la emergencia mientras las autoridades ambientas sufren las restricciones de la movilidad.

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