Las dos caras

Fotografía de Juan Nicolás Pinzón Harker

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Por: Yesenia Parrado

El azar es una probabilidad, es la posibilidad de la ocurrencia de algo. El ejemplo básico de una clase magistral de probabilidad y estadística parte del lanzamiento de una moneda, donde, sin ningún tipo de carga en ninguna de las caras, cada una tiene la misma posibilidad de quedar visible. Esto mismo le pasa al sector rural, que sin importar quien tire la moneda, siempre habrá dos caras posibles desde el gobierno, de un lado corrupción y del otro despotismo y discriminación.

Una primera cara ha sido la corrupción, que muy al estilo del uribismo, diseñó un mismo programa para dos momentos diferentes: Agro Ingreso Seguro -AIS- en el gobierno de Álvaro Uribe, y la Línea de Crédito con Tasa Subsidiada -LEC- bajo el programa “Agro Produce” en el actual gobierno de Iván Duque. Los dos programas tienen una variedad de características similares, pero abordemos dos con precisión: son instrumentos financieros y son producto de la voluntad política del gobierno.

Los dos programas se conciben como líneas de crédito administradas por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO- con el objetivo de conceder préstamos con tasas de interés bajas a agricultores para, en cada caso,“mejorar la competitividad (…) y fortalecer sus ingresos”, o en el caso actual, en medio del Estado de Emergencia Económica, Socia y Ecológica por el Covid-19 “garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento o de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional”. La segunda característica es en torno a la voluntad marcada desde el gobierno en el diseño y ejecución del programa, es decir, no son producto (directo) de exigencias o mesas de negociación con la población rural.

Ah bueno, la tercera característica fue la corrupción que rodeo ambos programas. Por su parte AIS fue objeto de investigación por la Procuraduría donde se halló el traslado de estos créditos a personas que no realizaban ni de cerca actividades agropecuarias, entre ellas la ex – señorita Colombia Valerie Domínguez, y miembros de la familia de su pareja sentimental, la familia Dávila Jimeno, una familia conocida en el Magdalena que, aunque desarrolla labores del sector, cuenta con altas capacidades financieras. Dentro de otros “beneficiarios” con características similares encontramos a los Vives Lacoture, Lacoture Dangond, Lacoture Pinedo, entre otros.

Entre los beneficiarios del programa había una “casualidad”, y era el hecho de haber aportado o financiado la campaña presidencial del entonces presidente Álvaro Uribe. Producto de esta investigación varios funcionarios fueron investigados y en el caso del ministro de agricultura de dicho gobierno, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años y 4 meses de prisión.

El programa “Agro produce” tuvo la atención del país cuando la Contraloría halló que el 86.7% de los recursos estaban destinados a actividades no productivas (comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos). De los créditos brindados su destino principal fue, en un 94.4%,grandes comercializadores y agroindustriales, y sólo el 3.6% destinado a medianos y 1.8% a pequeñosproductores.

Cuando toca la otra cara, la cara que no es la voluntad del gobierno el que juega el primer paso, sino la que parte de las exigencias de las organizaciones y bases populares de las comunidades rurales, campesinas, negras e indígenas, la respuesta del gobierno es la discriminación, el despotismo y por qué no, cuando puede, no hacer nada.

Que tal recordar el hecho presentado este año, en el que funcionarios del gobierno dejaron plantados a cerca de 7 mil campesinos de la Macarena, Tinigua, Picachos y Chiribiquete quienes se reunieron en Lozada-Guayabero para la discusión de una Agenda Ambiental propuesta para solucionar, desde el diálogo,los conflictos que se han venido presentando en el territorio. O tal vez el 2019 con la reunión que era, pero que no fue, entre Iván Duque y la comunidad en el Cauca, donde el mandatario estuvo a “escasas 5 cuadras del lugar” donde lo esperaban cerca de 200 personas para el diálogo de los temas que golpean a diario el territorio: asesinato de líderes, temas ambientales, entre otros.

Para finalizar, cabe recalcar el hecho ocurrido en esta semana, donde representantes del Ministerio de Comunicaciones al finalizar una reunión virtual y sin apagar los micrófonos, hacían alusión a la población indígena como miserables, brutos, malparidos e hijueputas, y con la certeza de no “ceder ni en un 20% de sus pretensiones. Estas palabras fueron mencionadas posterior a una reunión donde el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- se reuniera con voceros del gobierno en una mesa de diálogo para la toma de acciones frente a temas en relación con la afectación del Covid-19 y acuerdos pactados previamente.

Este es el panorama, una profunda desconfianza cuando la voluntad política brinda programas y políticas que son a todas luces necesarias, y una total indignación cuando el gobierno no hace lo que tiene que hacer, pero a cambio se recibe tratos soeces que demuestran que no gobiernan para toda la población, tal vez sólo para aquellos que financian su elección.

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