Director de la UNP citado a debate de control político por contrato de camionetas blindadas a concejales.

«Los Concejales de Bogotá no son servidores públicos con riesgo asociado a su cargo y se deja entrever que existe un posible caso de corrupción por malversación de recursos en esa entidad«, Representante David Racero.

Continúa la discusión sobre la multimillonaria asignación de camionetas blindadas a los concejales de Bogotá, a través del convenio suscrito entre la Unidad Nacional de Protección – UNP y la Secretaría de Hacienda de Bogotá el pasado 31 de marzo de 2020 en medio de la emergencia sanitaria.

El día de hoy se desarrolla un debate de control político al Director de la UNP, Daniel Palacios, citado por el representante a la cámara, David Racero, quien señala que: «los concejales no son funcionarios sujetos de protección por parte del Estado».

A través de un comunicado de prensa el representante de la lista de los Decentes acude  al «Decreto 1066 de 2015 que determina que los Concejales no son servidores públicos con riesgo asociado a su cargo, sino que su protección debe darse con base en su riesgo; es decir, que este protocolo de protección solo se les será activado en el caso de amenazas, probable materialización sobre sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad como a cualquier otro colombiano», explicó Racero.

Según las investigaciones adelantadas por el congresista, » la prueba reina» que indican sospechas sobre este contrato es que entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Personería de Bogotá afirman que los Concejales no registran amenazas en contra de su vida; incluso la Defensoría y la Personería indican textualmente que hasta el 31 de marzo de 2020 no existen indicaciones de este tipo de riesgos contra los cabildantes.

De acuerdo a los argumentos anteriores, a Racero le surge el siguiente cuestionamiento: «¿De dónde se ampara la UNP para justificar que los Concejales si requieren de esquemas de seguridad sin denuncias previas? «.

Se espera que en el debate de control político la UNP justifique las razones para celebrar un contrato que asciende a la suma de $2.681.445.368 de pesos en medio de la crisis por la pandemia y  que los organismos de control realicen las investigaciones pertinentes sobre este presunto caso de malversación de recursos.

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