El encierro

Fotografía de Diego Lagos / Instagram @DaLagossPhFotografía de Diego Lagos / Instagram @DaLagossPh

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Por: Yesenia Parrado

Hace una semana estábamos en familia conversando en la sala de la casa y las palabras que sonaban con mayor énfasis era coronavirus, pandemia y encierro. En un momento dado uno de los que estaba ahí argumentó que “esta situación jamás la habíamos vivido, ¡es algo insólito!”. Tardé unos segundos en preguntarle si se refería a la pandemia o al encierro, a lo que todos los que estaban ahí respondieron en coro: al encierro.

Me cuestioné tal afirmación. Pensé, con cierta ironía, que lo “insólito” era la pandemia, claro, porque el encierro es algo que existe en Colombia, sólo que al igual que la riqueza y la tierra, está inequitativamente distribuida. Un poco de memoria nos dejaría ver casos en los cuales la población no pudo salir de las fronteras de su casa, territorio o departamento.

Podríamos pensar en los miles de casos de familias que duraron en un encierro horas, e incluso días, a causa de los enfrentamientos o combates entre los actores del conflicto armado de este país. Un hecho reciente fue el que vivió la población de Chocó en septiembre del 2019 en el que, según el informe de Naciones Unidas, se registraron 3.812 personas confinadas a raíz de los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla del ELN, población en su mayoría de comunidades indígenas y negras.

Otro tipo de confinamiento ha sido el perpetrado por la acción de un solo actor armado por horas o días en comunidades enteras. Uno de los eventos más recordados y estudiados por su magnitud fue el ocurrido en una de las jurisdicciones del municipio de Carmen de Bolívar, al que se le llamó la masacre de El Salado. En febrero de este año se conmemoraron 20 años de lo ocurrido allí. El Centro Nacional de Memoria Histórica y diversas fuentes periodísticas han intentado contar los hechos, donde dos grupos paramilitares tuvieron confinada a la población por al menos 7 días y que entregó la triste cifra de 66 personas muertas, aunque los testimonios de los sobrevivientes dan cuentan de más de 100 víctimas mortales.

Un encierro que ha sido contabilizado por la corrupción que oscila alrededor es la que ha vivido la población de Villavicencio y todas las ciudades del oriente colombiano que ha sido aislada por los anuales cierres de la vía Bogotá – Villavicencio a son de la ineficiencia (negocio) del operador de la línea. Sólo en 2018 se presentaron 13 cierres y, para empeorar la situación, en el 2019 se presentaron 9 derrumbes, que ocasionaron que el 14 de junio se cerrara la vía, hasta el 17 de septiembre que se abrió parcialmente, para que el 6 de diciembre se diera un restablecimiento total. Este cierre representó un impacto económico para la región, en palabras de Marcela Amaya, Gobernadora del Meta, representaba la perdida diaria de cerca de 50 mil millones entre los sectores de alimentos, hidrocarburos, turismo y comercio durante el cierre total de la vía.

El caso de Villavicencio y los demás municipios aplica para una clasificación de aislamiento y no tanto encierro, puesto que, por las vías alternas había posibilidad de transporte. Aunque esa posibilidad de transporte significó un paso de 4 a 14 horas de viaje e incrementos en cerca de 170% del precio del pasaje. Esta situación también evidenció una reducción de la oferta, puesto que sólo 6 empresas decidieron brindar el servicio de las 10 que normalmente laboraran en el sector de transporte de pasajeros Villavicencio – Bogotá.

Pero hay comunidades que si han estado encerradas e incomunicadas a causa de cierres de vías por deslizamientos en época invernal. Por ejemplo, en 2016 el municipio de San Juanito – Meta con una población de 2500 personas estuvo totalmente incomunicada por cerca de 2 meses, no había manera de entrar o salir vía terrestre y las pérdidas se acercaron a los 3.000 millones de pesos.

El encierro de Colombia ha sido año a año, sólo que ha sido por causas diferentes a una pandemia. Un conflicto armado al que los diferentes gobiernos le han dado la espalda, y cuando por fin se visualiza un escenario de posconflicto, el gobierno invierte el dinero de la paz para mejorar su imagen en las redes sociales. Una vía que suscribió el contrato en 1994 (La Nueva Vía al Llano empezó operaciones el 18 de enero de 1995) y que inicialmente se proyectó a 6 años, al día de hoy el operador de la línea logró con adiciones acaparar el negocio de los peajes hasta el 2054 y obtener otros beneficios más allá de lo que posibilitaba la legalidad. Casos como los de San Juanito son el pan de cada día de los municipios de la Colombia Profunda, que, aunque brinden el 80% de los alimentos que se consumen en el país, aún no hay el “negocio” suficiente para garantizarles a la población campesina las condiciones para transportar sus productos.

El “encierro” como lo llaman en mi casa, que traduce ese confinamiento y aislamiento como medida para prevenir el contagio del Covid-19 no es nuevo en Colombia, sólo que ahora cambia la causa. Por años ha sido el resultado de la ineficiencia del Estado, ha sido la traducción de su incapacidad para garantizar los derechos fundamentales, sociales y económicos de la población, de toda la población y no sólo de las personas que son cercanas al gobierno de turno.

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