En un nuevo comunicado, la organización Transparencia por Colombia y el centro de estudios Dejusticia le pidieron al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, declararse impedido y apartarse de la supervisión de la investigación por las denuncias de supuestos delitos electorales cometidos en el marco de la campaña presidencial de Iván Duque.
De acuerdo a las organizaciones, la relación personal y profesional que ha existido entre el presidente y el fiscal general configurarían un conflicto de interés para las investigaciones por la ‘Ñeñepolítica’. Antes de llegar al ente investigador, Barbosa fue consejero presidencial de Derechos Humanos el gobierno de Duque.
“Argumentamos que la relación personal y profesional que ha existido entre el presidente y el fiscal general configuran un conflicto de interés que recae sobre este último, y le pedimos a la Corte Suprema que nombrara a un fiscal ad hoc para llevar el proceso de forma imparcial y autónoma”, dice la carta en su pedido para que Barbosa se declare impedido.
No es la primera vez que estas organizaciones le hacen esta solicitud al fiscal. En la petición inicial, la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía respondió que los impedimentos y recusaciones solo se pueden adelantar sobre el fiscal en concreto que lleve el proceso, y no sobre el Fiscal General de la Nación.
Ante la negativa, las organizaciones le pidieron por segunda vez al fiscal que se aparta de las investigaciones, puesto que en la respuesta la a su primera solicitud no se tuvo en cuenta, al menos, dos puntos.
El primero, que no es cierto que los conflictos de interés se deban revelar solo en casos concretos, ni que los únicos mecanismos para tramitarlos sean los impedimentos y las recusaciones.
El segundo punto al que se refieren es que, aunque los fiscales delegados tengan cierta autonomía, es el Fiscal General de la Nación quien tiene la facultad de nombrarlos o removerlos de su cargo,
Bajo estos ejes, las organizaciones le piden a Francisco Barbosa designar designación de un(a) Fiscal General de la Nación ad hoc que con autonomía e imparcialidad lidere las investigaciones de los supuestos delitos electorales cometidos.
