¡Despilfarro inaudito de dineros públicos en Bogotá!

El Representante a la Cámara por Bogotá David Racero denunció a través de su cuenta de twitter que, mientras los ciudadanos deben afrontar la crisis de la pandemia, el Distrito firmó un convenio con la Unidad Nacional de Protección -UNP- por $2.661.445.338 para entregarle camionetas blindadas a 39 concejales de Bogotá.

Según el representante de la Coalición Decentes con ese dinero se podrían atender las necesidades de aproximadamente 1.500 familias en el Distrito que hoy no tienen con qué comer.

Dentro de las irregularidades denunciadas se destaca qué: mientras en el año 2012 la UNP afirmó que únicamente tres concejales requerían esquema de protección, esta cifra se ha ido incrementando injustificadamente año tras año. Dicha situación, por supuesto, ha desembocado en sendos contratos multimillonarios entre la UNP y el Distrito.

David Racero le explicó a CuartoDeHora.com qué: «según el Decreto 1066 de 2015 no se establece que los concejales sean funcionarios públicos con riesgo asociado directamente a su cargo y que, por ese motivo, cualquier tipo de solicitud de camioneta debe estar soportado con algún riesgo evidente como ocurre con los líderes sociales».

Ante las críticas de varios concejales por los anteriores señalamientos Racero respondió que: “los concejales a los que les asignaron las 39 camionetas blindadas, en su gran mayoría, no tienen ningún tipo de riesgo o amenazas contra sus vidas de tal manera que justifique esa asignación”.

Racero, por lo demás, radicó en septiembre de 2019 la solicitud de investigación disciplinaria y fiscal en contra de los servidores públicos de la UNP y del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- por presunto detrimento patrimonial por calificar con riesgo extraordinario la labor de los Concejales de Bogotá. “Es muy lamentable que, en esta situación tan crítica por el coronavirus, esos dos mil seiscientos millones sean destinados para cubrir ese ‘gastico, ese privilegio a los concejales’ en vez de destinarlos a las 1.500 familias vulnerables que si los requieren para, entre otros, sus gastos en salud y alimentación», enfatizó Racero.

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