El Decreto 444 podría ser tumbado por la Corte Constitucional

El Decreto 444 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, que incluye varias medidas económicas para enfrentar la crisis creado por el Coronavirus, no cayó bien en varios sectores de la sociedad.  Abogados señalan que tal artículo no cumple con el juicio de identidad que señala la Corte Constitucional. 

Este fin de semana, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 444 con él se crea el Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) para garantizar los recursos necesarios para la salud, servicios, asistencia humanitaria y atención a comunidades vulnerables durante la emergencia sanitaria.

De acuerdo con el decreto, los recursos disponibles para este nuevo fondo vendrán a título de préstamo del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), un mecanismo que permite ahorrar recursos de regalías, y del Fonpet, que es un fondo para las pensiones de los empleados de las entidades territoriales.

Sin embargo, apenas se conoció el decreto 444, las críticas no sé hicieron esperar. La primera en manifestarse fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López quien expuso que el artículo 4 era un abuso, pues les entregaba dinero a las entidades financieras en vez de privilegiar el sector de la salud.

Senadores y representantes de la mayoría de partidos políticos también hicieron público su inconformismo, considerando necesario modificar el decreto 444 expedido en el marco de la emergencia económica. Según estos sectores, la medida pone en riesgo los recursos de las entidades territoriales para otorgárselos a las entidades financieras. Por eso, más de 100 congresistas le solicitaron en una carta al presidente de la República, Iván Duque modificar cuanto antes este decreto.

“Reformar a la mayor brevedad el Decreto Legislativo 444 de 2020, para evitar que la financiación del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), se haga a expensas de los ingresos y ahorros de las entidades territoriales, que deben soportar enormes presiones fiscales como consecuencia de la crisis actual”, indicó.

Pese a la petición de los parlamentarios, el Ministerio de Hacienda salió a la defensiva exponiendo que en ningún momento se pretende tirarles un salvavidas a las entidades financieras, sino atender las necesidades que hay en el país por cuenta del coronavirus. Además, señalo que los recursos, que se tomarán como prestamos de las alcaldías y gobernaciones, serán devueltos en su totalidad de aquí al año 2040.

Lo cierto es que como aseguran algunos abogados: “el decreto puede ser tumbado por la Corte Constitucional porque no cumple con el juicio de identidad que señala la sentencia C-670 de 2015”.

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