Los intereses que rodean la tragedia de la Macarena

A pesar que el incendio en Caño Cristales en la Sierra de la Macarena fue controlado por el cuerpo de bomberos del Meta; el incidente deja una grave afectación al medio ambiente con la pérdida de casi 100 hectáreas de bosque y de gran parte de la fauna que la habita: loros, Guacamayas, entre otros. Según ambientalistas estos hechos acelerarán la crisis climática, acentuando sequías en el centro del país.

La tragedia provocada por la mano del hombre ha levantado diferentes sospechas acerca de los responsables. Por un lado, está la fuerza pública que señala a las disidencias de las FARC como los autores del incendio. El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por ejemplo, aseguró en sus intervenciones del pasado sábado y a través de su cuenta de Twitter que: «los Grupos Armados Organizados Residuales -GAOR- utilizan áreas del parque como bases áreas y corredores de movilidad para actividades criminales que comprometen no solo recursos estratégicos de la Nación, sino la vida y los derechos de las comunidades”. Y añadió: que “están deforestando para sembrar coca».

Sin embargo, en otras versiones reveladas por el diario el Espectador algunos funcionarios de los organismos de control sugieren «una investigación a quienes están interesados en explotar en la zona». Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también fijo una posición al respecto «Este tipo de incendios hace parte de un perverso método que busca degradar categorías de protección ambiental en territorios estratégicos de importancia ecológica para conseguir licencias de uso». También aseguró que «ninguna persona natural o jurídica podrá explotar el territorio devastado por este incendio hasta que la investigación concluya».

Cabe recordar que desde hace varios años defensores ambientales, líderes campesinos y la ciudadanía en general han adelantado distintas acciones populares tales como la consulta y la movilizaciones en contra de la explotación de aproximadamente 150 pozos de petróleo.

A pesar de la captura de 20 personas presuntamente responsables de la tragedia ambiental, la comunidad se muestra inconforme con la actuación de las autoridades y en particular del Ejército debido a los desalojos violentos e injustificados a los que han sido sometido varios campesinos de la región.

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