Escándalo por contratación de ICBF en Sucre

Por: Pedro Luis Geney /twitter: @PedroGeneyA

A Ortega lo escogió el exgobernador Édgar Martínez de una terna enviada por la directora nacional del ICBF, Juliana Pungiluppi Leyva, la cual estaba integrada también por Gabriel Enrique Castillo Castilla y Víctor Manuel Ariza Palma.

Ortega había participado en las dos última convocatorias, la primera en 2015 y la segunda en 2017. En esta última se presentó un inaudito caso de dilación: los 2 elegidos fueron descalificados para que Ortega pudiera ser nombrado.

La nueva polémica comienza con el cambio en los criterios de contratación. Según la red de veedurías: este sería un caso grave de corrupción, pues se promovió la modalidad de contratación por consorcio en lugar de la tradicional modalidad de contratar Entidades Administradoras de Servicios E.A.S. Entidades con quienes tradicionalmente se pactaba la labor de atender en distintas modalidades a niños, niñas y adolescentes en hogares de bienestar familiar, CDI y demás programas de la entidad.

Según el criterio del director Ortega: la idea es asociar a los mejores oferentes. No obstante, los agrupados registran calificaciones según Índice de Desempeño de las EAS de bajo rendimiento, pues el estándar mínimo es de 65 puntos, pero entre los consorcios hay incluso fundaciones con puntajes de 40 puntos.

En oficio radicado en procuraduría y dirección nacional del ICBF los veedores alertan que no hubo convocatoria de las veedurías ciudadanas para dicho proceso de contratación. Varios operadores manifiestan que no hubo publicidad ni transparencia en el proceso de selección y las mejores calificaciones del banco de oferentes no fueron seleccionadas.

Según la convocatoria, que circuló de modo privado y directo a algunos de los seleccionados después de que ya estaban constituidos los consorcios, se estipula que el consorcio deberá tener experiencia igual o superior al tiempo del contrato. Sin embargo, ninguno de los consorcios cumple ese requisito pues el más antiguo tiene 5 días de creado.

Los veedores alertaron a Juliana Pungiluppi; al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; y hasta la Secretaria de Transparencia de Presidencia de la República, Beatriz Londoño Patiño, pues consideran que existen traumatismos en la operación y afectación de niños y niñas beneficiaros de los programas.

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