Sin cárcel la JEP busca sancionar y reparar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), crea una nueva comisión técnica para los magistrados encargados de determinar cómo serán los mecanismos de las sanciones de esta justicia para quienes se acojan a la verdad plena. Aunque éstas sanciones no contemplan la cárcel, si deberán someterse a proyectos para la reparación de las víctimas.

Para Camilo Suárez, Magistrado de la JEP, «los retos para esta nueva jurisdicción es la resocialización y la no repetición de crímenes que van más allá de sanciones que solo privan la libertad, razón por la que ésta justicia creó una mesa técnica, con un modelo jamás implementado, que contará con la vigilancia la Corte Penal Internacional (CPI) y la comunidad internacional para que no haya impunidad para los delitos cometidos durante el conflicto».

Suarez, aclaró que a pesar que las personas sometidas a esta jurisdicción no pagarán con cárcel, si estarán sometidas a restricciones como: movilidad, derechos y residencia, estarán dentro de las zonas verdales o espacio territorial por un período de cinco a ocho años según lo establecido por la Ley Estatutaria, en donde deberán ejecutar proyectos que reparen a las víctimas.
Ante estas medidas es fundamental la concertación entre los magistrados y las autoridades departamentales como las municipales, buscando así un impacto positivo en los territorios a través del cumplimiento de éstas sanciones y no la formulación políticas públicas. Por su parte, el ejecutivo se manifestó a través de Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización, quién propuso los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como un instrumento para que se cumplan las sanciones y beneficiar a cientos de municipios golpeados por el conflicto armado en Colombia.

Las Naciones Unidas estarán a cargo de la vigilancia de quienes estén sometidos a éste tipo de sanciones, para los casos de terceros y de la fuerza pública será el mismo gobierno quién opere el rol de veedor, todos los sancionados deberán acogerse al uso de manillas electrónicas; en caso de incumplimiento los magistrados de la JEP podrán revocar los beneficios y establecer una condena en prisión. Es posible que en un año se tenga la estructura de cómo será el funcionamiento de éstas sanciones.

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