Ecuador, Haití y Cataluña protagonizaron multitudinarias marchas en contra de sus gobiernos

Artistas haitianos manifiestan para reclamar renuncia del presidente

Miles de personas manifestaron pacíficamente este domingo en Puerto Príncipe, convocados por artistas populares de Haití que reclaman la partida inmediata del presidente Jovenel Moïse, ya cuestionado por estudiantes universitarios, movimientos sociales y partidos de la oposición.

«Vista la violencia que marca a veces las manifestaciones tenemos miedo de salir a la calle, pero hoy estamos acá: queremos que las cosas cambien», dijo Matthias, un manifestante de 26 años que prefirió no revelar su apellido.

Muchos de los manifestantes, en su mayoría jóvenes, lucían una remera blanca, como lo estipulaba la consigna enunciada por los artistas organizadores de la marcha.

«Los artistas que dicen que no hacen política, es falso: si dicen que hacen música para la juventud más les valdría escuchar justamente a los jóvenes. Tenemos un mensaje para aquellos que no vinieron hoy: vamos a boicotear sus espectáculos», advirtió Fernando Duclair, un opositor político que ha participado en numerosas manifestaciones.

Encaramados en un carro de carnaval con parlantes, cantantes y DJ alternaron durante horas en los micrófonos entonando canciones y eslóganes contra el presidente Moïse.

«Hoy la oposición es toda la población: tiene hambre, no puede vivir, sus hijos no van a la escuela. Yo tengo para comer, pero no por eso voy a dejar de ver a quienes, al lado mío, no tienen nada», dijo el rapero Izolan observando a la compacta multitud que rodeaba al carro.

«Ya nadie quiere quedarse en casa, todos estamos hartos. El presidente debe hablarle al pueblo, no puede permanecer mudo. Hoy no puede uno guardar silencio», agregó Izolan, quien organizó la movilización del sector cultural.

Desde el comienzo del movimiento de protesta, a fines de agosto, Moïse se dirigió apenas una vez a la población, por medio de un discurso grabado difundido por la televisión pública a las 2 de la mañana locales del 25 de septiembre.

La ira popular contra el presidente, fustigado por la oposición más radical desde su llegada al gobierno en febrero de 2017, se acentuó a fines de agosto tras una escasez generalizada de combustibles en todo el país.

Los manifestantes, provenientes mayoritariamente de los barrios populares, exigen su renuncia con más fuerza desde que el Tribunal de Cuentas encontró que empresas que él dirigía antes de su ingreso a la vida política estaban en el centro de un «esquema de desvío de fondos».

 

Ecuador recupera la calma tras protestas por eliminación de subsidios

Ecuador volvió el lunes a la calma, tras acordar el gobierno con el movimiento indígena el fin de la crisis causada por el furioso rechazo a medidas de austeridad, y tenía por delante la difícil tarea de reparar los daños que dejaron 12 días de protestas.

El balance era de miles de millones de pérdidas en todos los sectores. Además de ocho muertos, 1.340 heridos, incluidos algunos pacientes en estado crítico, y 1.192 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

El ministerio de Gobierno (Interior) reportó a su vez 1.419 detenidos, incluidos 54 extranjeros como cubanos, venezolanos y colombianos.

Quito fue escenario de violentas protestas por la eliminación de subsidios a combustibles, que finalizaron el domingo con un compromiso entre el gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena que lideró las manifestaciones. La negociación fue cara a cara, con mediación de la ONU y la Iglesia católica.

Los aborígenes, que participaron en los derrocamientos de tres mandatarios entre 1997 y 2005, obtuvieron una «simbólica» victoria, estimó Pablo Romero, experto indigenista de la universidad Salesiana.

El acuerdo «muestra el poder del diálogo pacífico» y ayudará a devolver la estabilidad al país, declaró por Twitter el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak. Quito es aliado de Washington.

Pero la protesta generó «una fractura que va a ser muy difícil» de sanar, añadió Romero.

Los aborígenes representan un 25% de los 17,3 millones de habitantes y son el sector más castigado por la pobreza.

El Ejecutivo aceptó la condición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para desmovilizar a miles de sus miembros que llegaron a la capital: derogar el decreto presidencial 883 que eliminó los subsidios, pactado con el FMI.

«Felicito al pueblo ecuatoriano porque han logrado una histórica victoria contra el FMI», expresó en Twitter el presidente venezolano Nicolás Maduro, señalado por Moreno de activar junto a su antecesor y exaliado Rafael Correa un plan de desestabilización.

Correa y Maduro se han burlado de estos señalamientos.

– Cacería de brujas -Ese supuesto plan conspirador también salpica a allegados de Correa como la prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha (capital Quito), Paola Pabón, arrestada el lunes para investigación.

Las autoridades además allanaron la casa del exasambleísta Virgilio Hernández y la diputada Gabriela Rivadeneira se refugió el sábado en la embajada de México en Quito.

Después del acuerdo, Moreno manifestó por Twitter: «¡Se recobra la paz y se detiene el golpe correísta».

La medida, con la que el Estado pretendía ahorrar 1.300 millones de dólares al año para paliar una gran iliquidez, generó alzas de hasta 123% en los combustibles del petrolero Ecuador. Desde el martes entrarán en vigencia los anteriores precios de los hidrocarburos.

Moreno señaló el lunes por Twitter que «se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan».

Las manifestaciones también marcaron perdedores. «El gobierno, porque se logró ver todas sus debilidades; la Conaie, por la división interna en su cúpula; y el país, por todo lo que significó esta protesta, en particular en Quito, porque nos toca rearmar nuevamente la ciudad», sostuvo Romero.

Los alrededores de la Asamblea Nacional y de la casa presidencial, que desde hace una semana está desocupada al trasladar Moreno la sede de gobierno a Guayaquil (suroeste), fueron campo de duras batallas donde se sembró la destrucción.

Ni el estado de excepción por 30 días frenó a los manifestantes, que ocuparon e incendiaron edificios públicos y atacaron a instalaciones de medios de comunicación.

– Compromisos con el FMI -El grueso de nativos regresó a sus comunidades en medio del toque de queda y militarización también impuesto desde el sábado para la capital.

Casi dos semanas duró la eliminación de subsidios, pactado con el FMI para que otorgue créditos por 4.200 millones de dólares.

Con subsidios, el «ahorro no será tan grande como el que se esperaba» para evitar un déficit de unos 5.600 millones de dólares en 2019, señaló a la AFP el analista económico Alberto Acosta Burneo.

Sectores sociales también se oponen a reformas como la disminución de las vacaciones de los empleados públicos (de 30 a 15 días).

«Ecuador tiene que cumplir los compromisos con el FMI porque nadie le va a prestar si es que quiere seguir gastando y quiere seguir viviendo de la deuda», estrategia aplicada desde 2014, añadió Acosta Burneo.

Las protestas en la Amazonia derivaron en una caída de la producción de crudo, que se recuperaba de manera progresiva, y la suspensión del bombeo por el ducto estatal, con capacidad para evacuar hasta el Pacífico un 68% de los 531.000 barriles diarios que se extraían.

 

Altercados en Cataluña ante duras penas de cárcel para líderes independentistas

Miles de independentistas catalanes se manifestaron este lunes y paralizaron parcialmente el aeropuerto de Barcelona, en protesta por la condena de nueve de sus líderes a penas de hasta 13 años de prisión por su implicación en el fracasado intento de secesión de 2017.

Según constató la AFP, los agentes cargaron en repetidas ocasiones contra los manifestantes que, lanzando piedras y papeleras, intentaban romper el cordón policial en la entrada del aeropuerto de la capital catalana, el segundo más grande de España.

La tensión se incrementó por la noche, con los manifestantes lanzando a la policía piedras, extintores, palos, latas y petardos, aunque la protesta se disolvió sobre las diez de la noche (20H00 GMT).

La protesta fue convocada por la plataforma separatista ‘Tsunami Democrático’, e incluyó el cierre de carreteras y vías férreas de acceso al aeropuerto, lo que obligó a muchos pasajeros a llegar a pie con su equipaje hasta el terminal.

Según los servicios de urgencia, 53 personas tuvieron que recibir asistencia sanitaria en el aeropuerto. Al menos 108 vuelos fueron anulados, según el administrador del aeropuerto Aena.

El objetivo era mostrar repudio a la sentencia que condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el Tribunal Supremo en Madrid.

Además de él, fueron condenados la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell (11 años y medio), el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años), y cinco antiguos ministros regionales (entre 10,5 y 12 años).

Otros tres ex ministros regionales, que estaban en libertad condicional, deberán pagar una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.

«No es justicia, es una venganza», denunciaron en un comunicado común los nueve independentistas condenados a penas de cárcel.

En otros lugares de Cataluña también hubo cortes de carreteras y vías ferroviarias, según las autoridades locales. Y en el centro de Barcelona hubo momentos tensos esta noche cuando miles de manifestantes se congregaron ante la jefatura de policía nacional, guardada por agentes antidisturbios que cargaron con sus porras en respuesta a los lanzamientos de objetos.

«Creo que esto va a ser muy lento, pero se trata de hacer daño al Estado, bloqueando aeropuertos y carreteras», dijo en esa manifestación el geólogo Eduard Bernadich, quien cree que «la respuesta tiene que venir de la calle, y no tanto del gobierno» catalán.

El movimiento independentista había llamado a la «desobediencia civil pacífica» en caso de condena, ante la cual muchos manifestantes mostraban su irritación.

«Siempre hemos buscado vías pacíficas pero nadie nos hace caso (…) Por eso hacemos esto, para causar la máxima molestia posible, que afecte a todo el mundo, a ver si se dan cuenta», indicó a la AFP cerca del aeropuerto Carles Navarro, un consultor de software de 49 años.

– «Volveremos» -«Volveremos, y volveremos más fuertes (…) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos», indicó en una carta Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido en Bélgica.

Contra este último el Tribunal Supremo emitió una nueva orden internacional de detención por sedición y malversación.

Más allá de la reacción en esta región de 7,5 millones de habitantes fuertemente divididos en cuanto a la independencia, la sentencia devolvió la cuestión catalana al centro del debate político, a escasas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.

«Si dejamos de lado los extremismos podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta a la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña», afirmó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien dijo abogar por el «diálogo» para salir de esta larga crisis política.

Sánchez ha avisado de que en caso de ser necesario adoptará medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en Cataluña, incluso suspender su autonomía regional, como ocurrió en 2017.

– «Quimera» independentista -En su sentencia, los jueces descartaron la acusación de rebelión, porque aunque quedó «probada la existencia de violencia», esta careció de «funcionalidad», convirtiendo el propósito independentista «en una mera quimera».

Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal -marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo-, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una efímera «República catalana».

Esos hechos significaron una de las peores crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.

 

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