Por: David Racero Mayorca y Estefanía Montoya
En nuestra entrega pasada, realizamos un aporte al balance del POT vigente en Bogotá. Ahora, nuestro propósito es señalar los aspectos generales de la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial de Enrique Peñalosa.
Para empezar y como ha sido señalado por el Consejo Distrital de Planeación Territorial, las cifras con las que se está elaborando la planeación de la ciudad no se ajustan a las divulgadas el año pasado en el censo del DANE que ha registrado en Bogotá una población menor a 8.000.000 de personas y no estima que se crezca en un número tal que haya necesidad de construir 1 millón de viviendas nuevas o planear la ciudad para albergar más de 1.200.000 nuevos habitantes.
Si los números con los cuales se realizan los pronósticos de lo que necesita la ciudad están errados, es pertinente preguntarse si se justifica la expansión para la construcción de megaproyectos de vivienda. Estas soluciones habitacionales (Lagos de Torca, en inmediaciones a la Reserva Van Der Hammen; Lagos del Tunjuelo, cercano a esta misma cuenca y Ciudad Río, próxima al Río Bogotá) alejarían a las personas de los centros de trabajo de Bogotá, por lo que aumentan los tiempos de desplazamiento dentro de la capital y al mismo tiempo, se impactarían cuerpos de agua o áreas que deberían ser protegidas.
Expertos de la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional han señalado que, sumado al interés de expandir la ciudad, el número de hectáreas que se propone para la renovación urbana es mucho mayor a lo que estima la industria de la construcción para la ciudad. ¿Por qué habilitar 9.000 hectáreas para la renovación urbana? ¿Nos enfrentaremos ante un fenómeno de especulación?[1]. Esto, dado que la demanda del uso suelo que se requiere es inferior al que se delimita para estos nuevos desarrollos.
Además de las cerca de 975.000 viviendas, a la expansión de la ciudad y el beneficio que obtendrían constructores al ejecutarse este POT, la ampliación del relleno sanitario Doña Juana y de la operación del aeropuerto El Dorado son otras obras de gran escala y de carácter regional que requieren la conciliación de los usos del suelo y la consideración de los impactos ecológicos y sociales de los mismos. Sobre este punto, expertos han considerado que el Proyecto de Acuerdo se queda corto.
Adicional a lo señalado, hay la alerta sobre la falta de participación de la ciudadanía. El registro de las entidades del Distrito identifica a 2.233 personas que asistieron a los espacios de socialización y discusión habilitados para tal fin y al consultársele al CDPT y veedurías ciudadanas, sobre su rol en la construcción del POT, expresaron que sus desacuerdos fundamentales no fueron recogidos y que, por el contrario, el documento que entregó la Administración al CDPT contiene propuestas para la ciudad que estas instancias colectivas no avalan.
Por supuesto el metro elevado es otra de las cosas a objetar en este Plan de Ordenamiento Territorial. En primer lugar, por los presuntos vicios jurídicos que tendría, pero también porque su construcción deteriora el valor del suelo de algunos sectores de la ciudad, genera traumatismos en importantes ejes viales de la ciudad, reduce espacio público aprovechable y su construcción y funcionamiento genera contaminación auditiva e incluso emisiones perjudiciales.
El cambio climático y el área rural de Bogotá también generan enorme inquietud en los expertos. Por ejemplo, las alamedas que se vienen construyendo en los humedales y el Sendero de las Mariposas, que permitiría el acceso de cerca de 9.000 visitantes diarios a los cerros orientales, lo que afectaría la capacidad de carga del ecosistema y su impacto por la construcción de allí se desplegaría.
Por último, la equidad y el acatamiento de las normas cierran las preocupaciones gruesas del POT propuesto por Peñalosa. El primer asunto se relaciona con que la oferta pública para la garantía de los derechos de los habitantes puede resultar incompleta y con ello, perpetuarse situaciones de inequidad y de escaso avance en el desarrollo humano de residentes de localidades, sobre todo del sur oriente de Bogotá. Acá es precisa la pregunta, ¿la densificación que se plantea ofrece lo que la misma requiere?
Alrededor del choque normativo nos referiremos en un próximo artículo. Por ahora, concluimos expresando que el corazón de la propuesta de Peñalosa de expandir la ciudad, alterar áreas protegidas e integradas a ecosistemas estratégicos, propender por un sistema de movilidad pública ampliamente criticado y no apostar frontalmente por la superación de las inequidades y de la segregación espacial, alejan a Bogotá de ser una ciudad sustentable y aumentan el riesgo que la misma tiene frente a una amenaza como el cambio climático, pues las líneas de acción propuestas no se encuentran en coherencia para dar respuesta a la crisis que en varios ámbitos exhibe esta ciudad.
