Gobierno pide renuncia de jefe del INPEC por fuga de Aída Merlano

La ministra de Justicia de, Margarita Cabello Blanco, solicitó este miércoles la renuncia del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general William Ruiz Garzón, por la fuga de la excongresista Aída Merlano, condenada a 15 años de cárcel.

A través de un comunicado, la ministra también pidió la remoción de la directora y subdirectora de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde cumplía su condena la excongresista que había sido elegida como senadora para el periodo 2018-2022 pero que no asumió el cargo.

Merlano se fugó este martes cuando asistía a una cita con un odontólogo en un centro médico privado en el norte de Bogotá.

Durante la cita, se descolgó por la ventana sirviéndose de un lazo hasta la calle, donde la esperaba un motociclista con el que huyó.

Ante esta situación, la ministra Cabello Blanco aseguró que el Ministerio de Justicia solicitará a la Procuraduría General (Ministerio Público) «para mayor transparencia» que «en ejercicio del uso de su poder preferente, inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes para determinar si existió alguna acción u omisión por parte de funcionarios del INPEC».

Además, mostró su confianza en que la Fiscalía General establezca «con la mayor diligencia las responsabilidades penales» que se desprendan del caso.

El objetivo es que de ese modo se determine «si existió el delito de ‘favorecimiento de la fuga’ o cualquier otra conducta punible» por parte de funcionarios públicos o de otras personas.

Asimismo, la ministra explicará que su departamento tomará las acciones necesarias para que a través del INPEC «se revise el adecuado cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a las personas privadas de la libertad».

Finalmente, solicitó a la Policía que «desplieguen todo su accionar para recapturar lo más pronto posible a Aída Merlano».

«Esta señora privada de la libertad se ha burlado de la sociedad colombiana, del sistema de justicia y del ordenamiento jurídico de manera inaceptable, y ni el Gobierno, ni yo como ministra de Justicia, permitiré que este tipo de situaciones se repitan», concluyó.

La investidura de la política, nacida en la caribeña Barranquilla en 1976 y representante a la Cámara entre 2014 y 2018, fue anulada en septiembre del año pasado por el Consejo de Estado por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de campañas electorales.

El Consejo de Estado detalló que el Consejo Nacional Electoral estableció en poco más de 884 millones de pesos (unos 252.800 dólares de hoy) el máximo permitido para campañas.

Sin embargo, Merlano gastó más de 1.730 millones de pesos (unos 494.900 dólares de hoy) en su candidatura, según las pruebas recogidas por la Fiscalía General.

La investigación de esa entidad también señaló que la exrepresentante a la Cámara pagó más de 6.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares de hoy) en votos en la costa caribe colombiana para las elecciones legislativas de marzo, hecho por el que fue enviada a la cárcel, al igual que el empresario Julio Gerlein, hermano del exsenador Roberto Gerlein.

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