Exjefes de FARC enfrentan expulsión del proceso de paz por rearmarse en Colombia

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La justicia especial para la paz inició este jueves el proceso que podría derivar en la expulsión del proceso de paz de los exguerrilleros que anunciaron su retorno a las armas, en un incumplimiento del pacto que puso fin a medio siglo de conflicto armado.

«A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le corresponde adoptar decisiones frente a estos hechos», dijo Patricia Linares, presidenta del sistema encargado de juzgar los peores crímenes cometidos durante la conflagración.

Linares aseguró que las salas encargadas iniciaron «de manera inmediata» las sesiones para definir las sanciones contra los exguerrilleros que anunciaron este jueves una nueva sublevación armada. En las imágenes aparecen los excomandantes Iván Márquez, Jesús Santrich y Hernán Darío Velásquez (El Paisa).

El acuerdo de paz de 2016 prevé «la pérdida de todos los beneficios» jurídicos, políticos y económicos para los guerrilleros que se rearmen. En caso de que los expulsen, serían los primeros rebeldes en ser apartados del sistema.

«Esta es una causal de exclusión de los comparecientes que se aplicará inequívocamente a quienes hayan incurrido en esa conducta», agregó Linares.

El acuerdo de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.

Un grupo de 20 hombres y mujeres armados apareció en un video divulgado este jueves en el que anunciaron una nueva sublevación armada, que justificaron en los «incumplimientos» del Estado a lo convenido en Cuba.

Los excomandantes Márquez, Santrich y Velásquez eran requeridos por la JEP por incumplimientos a sus citaciones. Contra El Paisa, incluso, habían pedido orden de captura.

Márquez anunció que para su nuevo alzamiento retomarían el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), usado desde 1964 y sepultado tras su transformación en partido.

El exjefe negociador alegó incumplimientos del Estado a los acuerdos que condujeron al desarme de unos 7.000 excombatientes en 2017 y que derivó en la creación del partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

El grueso de los excombatientes se mantiene en la legalidad, pero según inteligencia militar las disidencias de las FARC, que hasta ahora no tienen una unidad de mando, cuentan con 2.300 hombres y mujeres y se dedican principalmente al narcotráfico y la minería ilegal.

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