Senado colombiano hará debate por presunta corrupción en el Ejército

Imagen por: ELTIEMPO.COM

El Senado colombiano llevará a cabo el próximo 23 de julio un debate de control político al ministro de Defensa, Guillermo Botero, y al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, por las denuncias de corrupción en la institución reveladas el fin de semana y que salpican al menos a tres generales.

«Tienen que darnos explicaciones sobre todos estos hechos. Tanto el ministro como el comandante del Ejército y la alta cúpula militar», dijo este martes a periodistas el senador Antonio Sanguino, del partido de oposición Alianza Verde.

Según Sanguino, en el debate se va a «justificar que haya consecuencias dentro del punto de vista de la responsabilidad política tanto del ministro como del Ejército».

La revista Semana reveló el pasado 7 de julio que varios generales son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público) por presuntos casos de corrupción.

Una de las investigaciones compromete al segundo comandante del Ejército, general Adelmo Fajardo, cuyos subalternos contaron a los investigadores judiciales que debían darle dinero del presupuesto de la institución para sus gastos personales.

La publicación señala que un oficial tuvo que entregarle «irregularmente» alrededor de 2.500 dólares para los gastos de un viaje personal que hizo a Estados Unidos.

El otro caso que desveló Semana es el del general Jorge Romero, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos (unos 310.000 dólares).

Esto ocurrió, según la publicación, cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado, al parecer con la complicidad de «otros altos oficiales a su cargo».

El general Romero, que actualmente es el jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, al parecer también tuvo en la Cuarta Brigada un esquema para recibir dinero a cambio de conceder permisos de porte de armas.

En esa ocasión fue llamado a responder por su presunta responsabilidad en una cuestionada directriz operacional del Ejército que podía revivir la política de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos», así como por la ola de asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC.

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