Fuerte informe de la ONU acusa a gobierno venezolano de hacer 7.000 ejecuciones extrajudiciales

Imagen por: La Tercera

Por Alejandra Peña

En el informe, Michelle Bachelet afirma que los asesinatos fueron cometidos por las fuerzas de seguridad.

La oficina de la Alta Comisionada de las Nvaciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó este jueves por medio de un informe que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales” en Venezuela.

Según Bachelet, cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela durante el último año y medio y la mayoría de estas muertes habrían sido cometidas por las fuerzas de seguridad: “una proporción sorprendentemente elevada.

El documento de 18 páginas detalla de cerca la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra gran parte de la población venezolana en medio de una crisis política y social que azota al país desde hace más de 12 años.

“El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas(…) ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático”, afirmó la Alta Comisionada.

Asimismo, añadió tras su visita a Venezuela que se dio del 19 al 21 de junio, que los grupos armados conocidos como colectivos, han contribuido fuertemente a que la situación empeore cada día más al intentar imponer control social y dispersar a la fuerza las manifestaciones.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que las cifras son muy superiores”, apunta Bachelet.

Además de los asesinatos, Bachelet expuso unos casos documentados en los que queda en evidencia que hombres y mujeres detenidos fueron sometidos a “una o más formas de tortura con la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro, por medio de la cancillería de Venezuela, objetó el informe expuesto por la Alta Comisionada y afirmó que el documento privilegia a las fuentes “llenas de falsedad e imprecisiones”, carentes objetividad.

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