Corte Suprema de Justicia llama a indagatoria a Jesús Santrich

Por AFP

La  Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a un excomandante de la disuelta guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, por presuntos cargos de narcotráfico por los cuales es requerido en Estados Unidos.

El alto tribunal indicó en un comunicado que llamó al exguerrillero para “escucharlo en diligencia indagatoria” en un proceso penal por “presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ambos agravados”.

Santrich será investigado por la Corte Suprema luego de que el miércoles pasado el alto tribunal ordenara su excarcelación y asumiera la competencia de investigarlo al reconocerle su condición de congresista electo por el partido surgido del acuerdo de paz con la exguerrilla comunista.

El líder de las FARC nunca pudo posesionarse en el Congreso debido a su captura, en abril de 2018, con fines de extradición.

El caso Santrich ha generado un revuelo político y judicial en Colombia, profundamente dividida por el pacto que puso fin a medio siglo de enfrentamientos con la que fue la guerrilla más poderosa de América.

La JEP quien investiga los peores crímenes cometidos durante el conflicto con las FARC ordenó a mediados de mayo la liberación de Santrich, de 52 años.

Sin embargo, el 17 de mayo fue recapturado a su salida de prisión por orden de un juez bajo nuevos cargos relacionados con su supuesta intención de enviar cocaína a Estados Unidos después de firmar la paz en noviembre de 2016.

Santrich siempre ha proclamado su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la fiscalía colombiana.

Una vez en libertad, el excomandante aseguró que atenderá los requerimientos de la justicia, pese al temor del gobierno de que desaparezca como otros líderes de las FARC, entre ellos el número dos Iván Márquez, tras denunciar incumplimientos estatales a lo pactado.

Bajo la presión de Estados Unidos, el gobierno de Iván Duque se opone férreamente a la excarcelación de Santrich y ha ratificado su intención de extraditarlo.

Duque asumió el poder en agosto con la promesa de modificar lo convenido por considerarlo blando con los insurgentes.

Apoyado por la ONU, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido tras la entrada en vigor de los compromisos de paz.

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