Contrato millonario de Transmilenio tuvo preferencias

Por Gilberto Valencia
@Gilbertopina24

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Transmilenio violó derecho fundamental al debido proceso, en la licitación para la compra de la nueva flota de buses, porque terminó favoreciendo a unas partes en detrimento de los derechos de otras empresas proponentes y dejando a la capital del país sin la posibilidad de tener buses eléctricos con la tecnología que se ajuste al respeto del medio ambiente. Así lo estableció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La Corporación Judicial, admitió una tutela en la que se acoge la denuncia de las empresas Green Bogotá y Actin Transport, sobre la exclusión del Distrito con la firma en las licitaciones públicas para la fase I de Las Américas, en la adjudicación del contrato entregado por Transmilenio, en el que resultó favorecida la empresa sueca Volvo, cuya relación con el alcalde de Bogotá es innegable.

Dice el fallo del magistrado Nelson Javier Calvo que Transmilenio “vulneró el derecho fundamental al debido proceso al limitar la posibilidad de interponer el recurso de reposición en contra del acto administrativo que resolvió sobre la declaratoria de desierta de la licitación del portal Américas”

El alto tribunal acogió este mecanismo después de que el Juzgado 72 Administrativo de Bogotá lo rechazara en primera instancia.

El pasado 11 de diciembre de 2018, la periodista Valeria Santos, directora del canal Más Vale en Youtube, denunció este caso en un video que denominó “El vendedor de buses”, que expone que la administración Distrital dejó sin buses eléctricos a Bogotá, mientras que adquirió buses Diésel que están prohibidos en Europa.

Se compraron 1.113 buses de los cuales el 60% funcionan con combustible Diésel, que pueden causar graves consecuencias a largo plazo en la salud de las personas, de acuerdo con las normas internacionales de salud y contaminación. El otro 40% funcionará con gas, mientras que no se compraros buses con tecnología de energías limpias.

Los sistemas de transporte masivo eléctricos ya han sido ejecutados en otras ciudades del país como Cali y Medellín. Mientras que en Bogotá se compraron vehículos que se han prohibido para su funcionamiento en países de Europa. A pesar de los altos niveles de contaminación de la ciudad que la misma administración de Peñalosa reconoce.

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