Por: Heidy Sánchez: /twitter: @heidy_up
La alcaldesa Claudia López, a través de rueda de prensa, se ufanó del lanzamiento del programa “Reto a la U” como una de las apuestas que, junto a la creación de la Agencia de Educación Superior, se propone en el cuatrienio generar una oferta de 20 mil cupos de acceso a la educación superior. Sin embargo, queda el interrogante sobre si serán los privados quienes salgan beneficiados con estos cupos.
Esta iniciativa pretende beneficiar a 8.000 jóvenes bachilleres de la ciudad que ni estudian ni trabajan, más conocidos como “NiNis”, para acceder a la oferta de cursos, materias homologables para carreras profesionales, diplomados o programas de educación continua a través de 21 universidades; para esto, según la Administración, se gestionarán $40 mil millones adicionales. Asimismo, se afirma que se otorgará hasta 8 créditos académicos que podrán ser homologados para carreras profesionales a partir del 2021.
En el caso de la ciudad de Bogotá, el modelo neoliberal se refleja en la medida en que, las alternativas que históricamente ha ofrecido la Secretaría de Educación para garantizar el acceso a la educación superior son fondos que asumen la modalidad de crédito-beca, es decir, alternativas de financiación a la demanda que fortalecen el modelo perverso sujeto al marco normativo que regula la educación superior en el país, como es el caso de la Ley 30 de 1992. Este es el caso del Fondo de Educación Superior Todos, del Fondo de Reparación de Víctimas, del Fondo Alianza Ciudad Educadora y del Fondo Técnica y Tecnológica, a excepción del Fondo de Universidades Públicas que, a pesar de la insistencia por su fortalecimiento en la discusión del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), la Administración no hizo una sola referencia sobre este.
A través del PDD se proyectó 20 mil nuevos cupos gratuitos en educación superior: 250 en el 2020, 5.000 en cada año de 2021 a 2023 y 4.750 en el 2024. Para esto hay comprometido presupuestalmente $1.016.103.718.000, donde, suponiendo que son carreras de 10 semestres, cada estudiante hasta que se gradúe costaría en total $51.307.000, $10.261.400 cada año y $5.130.700 semestral. Además, que esta oferta de financiamiento incluye matrícula, sostenimiento y administración. Suponiendo que los costos se mantienen constantes, un estudiante en 2019 para la Universidad Distrital (UD), universidad pública del Distrito, costaba $10.513.726, es decir, $5.256.863 semestrales. Estos cálculos demuestran que lo presupuestado por la administración ni siquiera alcanza para lo que demanda un estudiante en términos de matrícula, mucho menos alcanza para brindar, por ejemplo, garantías de sostenimiento.
Es decir, lo proyectado por la Administración no soporta un contraste con la realidad, más cuando con lo que quedó en el PDD se deja la puerta abierta para que estos cupos se puedan viabilizar por medio de IES privadas, donde es por todos conocido que una matrícula puede ascender a los $20 millones semestrales. En ese sentido, surge la duda sobre cuál es el cálculo real que tiene la Administración para cumplir con los 20 mil cupos nuevos de educación superior gratuita y por medio de qué IES los va a hacer realidad.
Sumado, hay que advertir que al ser una modalidad de financiación a la demanda y no a la oferta para fortalecer la base presupuestal en el caso de las universidades oficiales, estos cupos que la Administración ha dicho que no serán en modalidad de crédito-beca para evitar el riesgo de endeudamiento de las familias, son un dinero que se invierte y que se pierde apenas se gradúa el estudiante. Al no ser modalidad de préstamo es un dinero que no retorna, y al no ser un presupuesto que entra a la base y representa nuevos recursos constantes de funcionamiento para las universidades públicas, son recursos que se tienen y que se acaban con la inversión en los 20 mil estudiantes que se vinculen y logren graduarse. Esta es la peor inversión que puede realizar el Distrito.
Por lo mismo, vale la pena insistir en que la inversión de estos recursos tiene que cumplir los siguientes criterios: 1. No ser ninguna modalidad de préstamo que lleve al endeudamiento de los “beneficiarios”; 2. Que no se convierta en una fuente para fortalecer las IES privadas por medio de recursos públicos, mientras las U públicas se caen; 3. Que por costos se materialicen en cupos en las universidades públicas pues es la única alternativa viable y que se acerca a lo presupuestado; y 4. Que se busque su máxima ejecución por medio del fortalecimiento de la base presupuestal de la UD.
Esta última es fundamentalmente destacable, en la medida en que hoy, según compromisos de Gobierno y el PDD, se tiene pensado la creación de 2.500 cupos en la UD. Sin embargo, actualmente esta Institución, bajo el cumplimiento de lo que se tiene proyectado con la ampliación de su infraestructura física en las sedes El Porvenir de Bosa y El Ensueño de la Sede Tecnológica, cuenta con la capacidad de ofrecer 5.000 cupos nuevos en total. La Administración Distrital, si realmente está interesada en fortalecer la UD debería empezar por sumarse en el propósito de no solo ayudar a concretar los 2.500 cupos propios establecidos en el PDD, sino apoyar desde los 20.000 proyectados, 2.500 más para la UD como punto de partida.
Del mismo modo, es de resaltar que la creación de la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que cuesta 30 mil millones, es un gasto innecesario que bien podría destinarse a fortalecer la base presupuestal de la UD para hacer realidad 5.000 nuevos cupos, o podría utilizarse para brindar condiciones en términos de sostenimiento y permanencia para los 20 mil estudiantes beneficiados que se tienen contemplados, o ya sea para crear 600 cupos de educación superior gratuita adicionales a los 20 mil proyectados.
Además, señalar que las competencias que se le han proyectado a la Agencia hoy son las mismas que tiene asignado el Subsistema Distrital de Educación Superior. El camino correcto es fortalecer este Subsistema cuyo brazo operativo lo puede ejercer directamente la Secretaría Distrital de Educación sin necesidad de crear la Agencia y malgastar la plata en cargos burocráticos.
Aquí es donde se define si el Gobierno Distrital se desmarca de lo tradicional, o sencillamente prefiere crear puestos burocráticos a través de la Agencia y apostar por programas asistenciales de cursos, diplomados, materias homologables, entre otros a través de “Reto a la U”. Programa que no representa ningún avance significativo en lo académico ni para lo laboral, en la medida en que estos 8 créditos no son reconocidos para conseguir un trabajo, o en una IES a menos que se complete la carrera.
Este tipo de oferta educativa ya existe, muchas veces de manera gratuita en IES tanto públicas como privadas, pero en este caso se entiende que le van a pagar a las IES por hacerlos, resultando beneficiadas la IES privadas con dineros públicos, en vez de que estos se enfoquen a fortalecer la oferta pública estatal que es para lo que están hechos. Igualmente, con los $40 mil millones que costará se podría financiar el 80% de una carrera en la UD para 26.000 estudiantes. Sin embargo, parece que la Alcaldía no tiene el enfoque de la educación como derecho que obliga a fortalecer la oferta educativa estatal, sino que prefiere beneficiar privados y el modelo neoliberal de financiación a la demanda con los reducidos resultados que consigue invirtiendo los mismos recursos.