Por las constantes quejas a raíz de incrementos en tarifas de los servicios público, en medio de la pandemia por el COVID-19. La Procuraduría General de la Nación emprendió una indagación preliminar al interior de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión Reguladora de Energía y Gas.
Durante la emergencia generada por la propagación del COVID-19, varios ciudadanos se han unido en redes sociales para denunciar los cobros injustificados de servicios públicos y el desmesurado incremento en las tarifas de los recibos del gas, el agua y la luz.
En ese orden de ideas, la Procuraduría ordenó realizar una serie de pruebas para “verificar la ocurrencia de las conductas, identificar los posibles responsables y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria”. Con el propósito de establecer si las entidades de vigilancia han desplegados los respectivos controles para garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales de los ciudadanos.
El ente de control también abrió indagación preliminar contra funcionarios de las empresas de servicios públicos de energía de Cundinamarca, en las provincias de Sumapaz, Gualivá y Guavio; la Sociedad Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, y el municipio de Santuario, Risaralda.
A su vez, trasladó a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas las quejas formuladas contra Codensa y/o Enel, “por la facturación a los usuarios de Bogotá de valores que no hacen parte del servicio, además de costos con incrementos que no estarían justificados”.