A pesar de la caída del precio del petróleo en el mercado mundial, con la expedición por parte del Ministerio de Minas y Energía del decreto 328 del 28 de febrero de 2020, Colombia tiene previsto iniciar proyectos pilotos de investigación sobre fracking.
Según una publicación del portal económico Portafolio, petroleras podrían realizar hasta dos proyectos sobre Yacimientos No Convencionales (YNC) con la técnica del fracturamiento hidráulico, además de explorar dos pozos por cada proyecto.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), adelanta requisitos ante Reglamentos de Contratación para Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que permitan la firma de convenios que permitan realizar los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre Yacimientos No Convencionales (YNC) con la técnica del fracturamiento hidráulico.
Según el decreto borrador, las fases contractuales para el desarrollo de los PPII son: (Previa, Concomitante y de Evaluación, Transición y Adaptación). La primera tiene que ver con la evaluación y diagnóstico de las condiciones sociales, ambientales, técnicas e institucionales y licenciamiento ambiental. En la segunda etapa se llevarán a cabo las actividades de exploración que permitan identificar el potencial de los yacimientos, la sismicidad y las posibles afectaciones a las comunidades. La tercera fase la fase de evaluación, a cargo de un comité con participación de representantes del Gobierno, la academia, asociaciones, corporaciones y organizaciones nacionales de la sociedad civil.
Las petroleras deberán ser titulares de las áreas concesionadas para la ejecución de los proyectos pilotos de fracking los cuales se tienen previstos ejecutar en las cuencas geológicas del valle inferior, medio y superior del Magdalena, Sinú San Jacinto, César Ranchería, Catatumbo, Cordillera Oriental y Caguán Putumayo.
En los artículos del futuro acuerdo se destaca que: “En el procedimiento de delimitación y determinación de áreas para la realización de los PPII, la ANH pondrá en práctica procedimientos para garantizar y hacer efectivos estos principios constitucionales del nivel nacional con las entidades territoriales, en aplicación sistemática, integral y armónica con los principios de democracia participativa, Estado unitario y autonomía territorial”. Contrastando con lo expresado por las comunidades como las del departamento del Cesar, quienes desde hace un tiempo vienen rechazando enfáticamente ante el Gobierno Nacional éste tipo de exploraciones en sus territorios, argumentando la contaminación del agua y de los ecosistemas.
Además, dentro de los requisitos se establece que las empresas interesadas deberán disponer dentro de sus recursos ” (no menores a 0,2% por cada pozo perforado) para que se destinen a programas sociales y beneficios a las comunidades en las áreas de influencia de los pilotos”. Según pobladores donde actualmente se realizan explotaciones mineras, apuntan que este tipo de requisitos es la forma de como el Estado desatiende sus obligaciones, trasladándoselas a privados como es el caso de las petroleras.
el decreto cuenta con las críticas de expertos quienes señalan que ” estos experimentos deberían tener un carácter científico y técnico para determinar la conveniencia del “fracking” y no pueden ser transformados en proyectos piloto de exploración”.