La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por su presunta implicación en interceptaciones ilegales. La audiencia, que estaba prevista para el 5 de febrero ante el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, será reprogramada a petición de la fiscal encargada del caso.
El caso se remonta a 2014, cuando se reveló la existencia de la oficina clandestina de inteligencia militar “Andrómeda”, desde la cual se habrían interceptado las comunicaciones de los negociadores en La Habana. Entre los afectados estaban Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, y Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz en ese entonces.
El escándalo tomó fuerza tras las declaraciones de Andrés Sepúlveda, un hacker condenado a 10 años de prisión, quien aseguró haber realizado interceptaciones ilegales para afectar el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Sepúlveda afirmó que sus acciones contaban con el respaldo de sectores cercanos al uribismo.
Sin embargo, después de casi una década de investigaciones, la Fiscalía concluyó que no existen pruebas suficientes que vinculen directamente a Uribe con estos hechos. “Las investigaciones no lograron establecer una conexión directa del exmandatario con las interceptaciones ilegales”, señaló el ente acusador, argumentando que otros implicados en el caso, como Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña presidencial de 2014, ya fueron exonerados de responsabilidad.
El proceso judicial contra Uribe comenzó en la Corte Suprema de Justicia, pero pasó a la Fiscalía tras su renuncia al Senado en 2020, lo que modificó su fuero. Ahora, la última palabra la tendrá el juez que evalúe la solicitud de preclusión.