Por: Andrés Camilo Rodríguez Castillo
No es una violencia común, tampoco son circunstancias aisladas y mucho menos, son manzanas podridas en medio de una siembra grandiosa de “Dios y Patria”. La violencia policial, es la legitimación institucional de acciones de coerción permanente contra la sociedad civil, – o más bien, contra unos sectores específicos de ésta – por parte de la fuerza pública, que es la fuerza del Estado, por ende, la fuerza de una elite y por supuesto, es la fuerza de un interés particular. Y, al mejor estilo de la guardia romana contra Jesús, aquel que predique otra forma de entender el mundo, será castigado, acondicionado, acusado, perseguido, señalado, discriminado o asesinado, en aparente defensa de los valores del rey, los monarcas, las elites o los Estados.
Diariamente en el mundo y aún más, con el incremento de las protestas a nivel global en favor de contextos más democráticos, igualitarios y justos, se registran diferentes excesos de autoridad por parte de la policía en diferentes países; la violencia física, verbal, psicológica, la discriminación, la tortura y el homicidio, son algunos de los hechos más recurrentes.
La retórica del uso legítimo de la fuerza, cobra graves consecuencias hasta llegar al punto, no solo de violar derechos recurrentemente, sino también, de generar la muerte de civiles; lo curioso, es que el relato de defensa a la no perturbación del orden público y el del aconductamiento, se usa como pretexto común por la policía para instaurar en la siquis social una protección y representación por medio del uso de la fuerza, de un statu quo particular.
No es fácil determinar lo móviles de las situaciones específicas por las cuales se ejercen los abusos policiales; sin embargo, es relevante señalar que las expresiones más violentas de la fuerza pública contra la sociedad civil, se dan en países con alto grado de conflictividad social, enmarcada en contextos de desigualdad, racismo, pobreza y profundas divergencias políticas entre los diferentes actores sociales. Por ejemplo, Brasil es el país con mayor índice de casos de violencia policial y consigo, cuenta con la mayor cifra de víctimas fatales en el mundo, solo en el 2018, fueron 6.220 muertes a cargo de la fuerza pública de este país; sin embargo, las fuerzas policivas en América Latina no se quedan atrás; junto a Brasil, se encuentra El Salvador, Chile y Colombia, como las naciones donde se registran las mayores cifras de abuso policial contra la población civil. A nivel mundial, EEUU, Pakistán, Israel, Afganistán, Nigeria y Filipinas, encabezan el listado con los cuerpos de policía más estrictos y violentos.
La fuerza pública en Colombia, especialmente la Institución Policial, cuenta con una historia particular. 450 hombres cultos, corpulentos, blancos y letrados, bajo el mando del francés Juan María Marcelino Giliberty el 10 de enero de 1892 oficializa la Institución de Policía Nacional; Hacia 1893 arrancaron con planes piloto para poner en marcha la Policía Montada, el Servicio de Bomberos, la Comisaría de Policía Judicial, la Caja de Gratificaciones y la Gendarmería; en 1914 nace la Escuela de Detectives y que hoy se conoce como, La Escuela de Investigación Criminal de la Dijín y hacia 1940, se consolida la Primer Escuela de Oficiales Francisco de Paula Santander y posteriormente se crean escuelas en otros departamentos del país; en 1930, mediante la Ley 72 les quedó prohibido participar de actividades políticas de cualquier tipo; y, la década de 1940 estuvo marcada por la primer muerte de un policía en el Bogotazo y junto al inicio, de una serie de transformaciones durante toda la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, de carácter técnico, operativo, administrativo y del sistema de valores que pudiesen representar, ya que sus vínculos estrechos con el universo de intereses políticos de las elites en el país legales e ilegales, también, ha marcado la ruta de sentido por el deber ser del servicio para la sociedad civil o para una clase en particular.
Estos breves acontecimientos históricos, los señalé con el fin de la necesidad de identificar que, a lo largo de la historia, la policía ha estado vinculada armónicamente con la estructuración y desarrollo político de la nación, el cual ha estado marcado por la violencia política, el surgimiento de elites, la edificación de macro estructuras ilegales, la consolidación del modelo económico y con ello, la profundización de la profunda desigualdad social. Y, con estos elementos, surgen una serie de características que hacen de la violencia policial una identidad institucional relacionada con la defensa directa de un conjunto de sistemas de valores e intereses políticos. Por ejemplo, su primera etapa en el país, estuvo marcada por una configuración basada en lo más extremo de la división de clases, razas y géneros, características, por cierto, aun influyentes; después de 1948, coexistió la institución con el crecimiento de un conflicto armado, el autoritarismo, la militarización y la implantación del narcotráfico y la lógica paraestatal de las fuerzas de seguridad y defensa del Estado, como regla general que ubicó a la policía en un lado no neutral, diferente al de la sociedad de las mayorías; y así, lo corrido del siglo XXI ha estado marcado por la interacción del Estado, la Fuerza Pública y la Policía Nacional en especial, con la sociedad civil como marco de referencia continuo para estructurar un enemigo interno para confrontar cotidianamente.
Así las cosas, la violencia policial en Colombia no solamente debe ser medida por el nivel de procedimientos defectuosos, arbitrarios e ilegales que se realicen, sino, por lo que representa la identidad, el sistema de valores y la relación con sociedad civil, de una Institución Pública que hace uso de la fuerza y armas del Estado para interactuar con el comportamiento civil; por lo tanto, no puede equilibrarse proporcionalmente con el desarrollo social y político de los demás sectores de la población; y equilibrarlo, sería entonces, desvincular a la fuerza pública de su responsabilidad como actor estatal.
En promedio, cada año se reportan en Colombia 22 millones de procedimientos policivos de toda índole; cifras oficiales de la Policía, dan cuenta de que, a corte del 6 de julio del 2020, en el país se han registrado oficialmente 3.674 investigaciones internas de las que 1.474 estarían relacionadas con violencia policial en un promedio de 8 casos diarios; cifras que no cuentan procesos de PQR, Denuncias Públicas ni procesos abiertos por Ministerio Público. Patrulleros, auxiliares y suboficiales, son quienes más se encuentran implicados como responsables directos en casos de abuso, es decir, según también cifras de policía, son quienes provienen de estratos 1, 2 y 3, en su mayoría no cuentan con estudios profesionales ni técnicos y a su vez, conviven en sectores con condiciones socioeconómicas comunes – por decirlo de alguna forma -.
La ciudad de Bogotá no se queda atrás, solamente en lo llevado del año, se encuentran reportados 137 casos de abuso policial, dentro de los cuales se encuentra una violación y un asesinato, sumado a un sinfín de procedimientos ilegales y arbitrarios, que se presentan cotidianamente contrala realidad de jóvenes, estudiantes, mujeres, trabajadores, población LGBT, organizaciones sociales y por supuesto, sobre los sectores más empobrecidos que se encuentran con los mayores impactos de desigualdad social y crisis económica; casos que según la misma Claudia López, la policía metropolitana no ha sido capaz de dar respuesta y por el contrario, se encuentran evasivas y negacionismo de manera recurrente para tramitar los casos.
Hoy, lograr eliminar la violencia policial de la sociedad, requiere de un esfuerzo conjunto de las instituciones con el fortalecimiento de la transparencia, la atención, el seguimiento y el desarrollo ejemplarizante de los casos sistemáticos de abusos que vive el país; un esfuerzo que debe ir de la mano de serias reformas, como la del Código de Policía, una reforma institucional y reformas normativas que regulen y que promuevan un cambio de doctrina en la fuerza pública.
Hoy habrá que hacer un esfuerzo mayor por la defensa de la vida y es, aunar esfuerzos para rechazar, eliminar y transformar, una institución basada en un relato erróneo de seguridad y defensa, ese esfuerzo debe propiciar disputar las instituciones del Estado, como relato de lo público y la democracia, y allí la fuerza pública es un terreno no solamente inexplorado, sino de permanente disputa
La policía debe dejar de ser ese instrumento autoritario del poder, ese espectro superior de la sociedad basada en la generación de conductas lineales por vía de la fuerza y la coerción permanente, esa primera línea dispuesta a todo con tal de defender ¿Qué?, ¿la pobreza? ¿la exclusión?, ¿la corrupción? ¿la desigualdad? ¿la guerra permanente?…
En medio de la creciente impunidad en casos como el de Dylan Cruz y el reciente asesinato del abogado de 35 años Javier Ordoñez por parte de agentes de la Policía, crecen las manifestaciones de indignación contra el papel que representa la Fuerza Pública para la sociedad; que es, claramente un rol contra la ciudadanía, contra los cambios, contra la vida y contra la convivencia democrática. Lo sucedido en la ciudad de Bogotá la noche del 9 y madrugada del 10 de septiembre, es muestra del descontento que vive el país contra la policía, es causa de su ilegitimidad y de su deuda con los colombianos y colombianas de a pie, causado por ubicarse al lado incorrecto de la historia, que es el de la muerte y que es el de las mafias.
Hoy las protestas que se viven contra la policía nos dejan varios mensajes hacia donde debe cambiar el país, pero el principal de ellos, es que esos miles de jóvenes, mujeres, trabajadores, vecinos de la cuadra, de habitantes de la Colombia mayoritaria, no dejarán que avance una política sin futuro y contra los más pobres, comunes o subalternos; porque son estos últimos, los que están en cada calle lanzando un grito de vida, un grito de cambio.
- Te puede interesar leer: Es el paramilitarismo