El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efectos la condena de responsabilidad fiscal impuesta por la Contraloría distrital de Bogotá en contra de Gustavo Petro, por haber bajado las tarifas de TransMilenio cuando se desempeñaba como alcalde.
La condena de la Contraloría imponía a Gustavo Petro el pago de $217.204.847.989, justificado por un supuesto déficit presupuestario generado por el entonces alcalde al reducir las tarifas del pasaje de Transmilenio en horas valle.
En su momento, la Contraloría señaló que “la rebaja de tarifas generalizada, sin analizar la fuente de financiación, los recursos disponibles, la capacidad de pago de los usuarios, el incremento de la demanda, el impacto negativo que se generaría en el presupuesto distrital, la recomendación del CONFIS, no fue coherente con los principios acordados en los contratos de concesión celebrados con los operadores del sistema de transporte masivo de las Fases I, II y III, puesto que el Sistema Transmilenio ha sido diseñado como un sistema autónomo en sus flujos y por tanto, autosostenible en la operación, con la finalidad de que no requiera ningún tipo de subsidio…”.
Según lo reveló el diario El Tiempo, que tuvo acceso al fallo proferido por el Tribunal fechado del 19 de mayo, se resolvió en primera instancia, la demanda del exmagistrado Julio César Ortiz en la que solicitaba la nulidad y el restablecimiento del derecho dentro de una investigación contra Petro, con lo que dejó sin efectos la condena de responsabilidad fiscal impuesta por la Contraloría distrital.
Además, en la decisión se ordenó dejar sin efectos su inclusión en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y en el registro de inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación o en su defecto cualquier registro donde aparezca el demandante Petro Urrego como responsable fiscal.
“El exmagistrado y ahora abogado de Petro pidió la nulidad del fallo de primera instancia, del 27 de junio de 2016, que le negó un recurso de reposición; y de la Resolución No. 4501 del 29 de noviembre de 2016, que le negó el recurso la apelación” detalla el medio.
Cabe mencionar que de acuerdo a las cifras distritales del 2014, la medida sí benefició a los bogotanos que ahorraron más de 130 mil millones.
Esta decisión se suma a las varias batallas que ha ganado Petro en los estrados judiciales, pues recordemos que en 2017 la Sala Plena del Consejo de Estado tumbó la sanción de destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos que le dictó la Procuraduría y en 2020 La Corte Interamericana de Derechos Humanos también falló a favor de Petro y condenó al estado por ese mismo hecho.