Mañana se realizará en la Comisión Séptima del Senado de la República la audiencia pública sobre la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado, para la que están citadas, nueve instituciones que deberán rendir cuentas sobre los avances en torno a las medidas para la prevención y la atención a las mujeres víctimas y garantías de no repetición.
Los senadores Alberto Castilla, Aida Avella e Iván Cepeda, junto a organizaciones como Oxfam Colombia, Tejido Mujer ACIN, la Fundación Nydia Erika Bautista y Casa de la Mujer, realizarán este 27 de octubre la “audiencia pública sobre violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado” en donde la nueve instituciones citantes, entre ellas: el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, el Ministerio Público y los despachos presidenciales encargados de estos asuntos, los cuales deberán exponer los avances en materia de reparación, atención y garantías de no repetición de estos violentos episodios contra la vida e integridad de las mujeres.
En más de 50 años de conflicto armado (y aún en medio de estos años de implementación) la Defensoría del Pueblo dice que para “los grupos armados es más fácil reconocer un homicidio o cualquier otro hecho victimizante que los delitos sexuales”. Muestra de ello es que, en el proceso de paz firmado con los paramilitares, según la fiscalía general de la Nación, de las 39.546 confesiones recibidas sólo 0.24% se referían a la violencia sexual.
Frente a estos hecchos hay pronunciamientos internacionales que reconocen que “la violencia sexual relacionada con el conflicto es una práctica sistemática y generalizada” y que “existe una base razonable para creer que los actos de violencia sexual, que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, han sido cometidos en Colombia por todos los actores armados, estatales y no estales”.
Finalmente, el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe “Guerra inscrita en el cuerpo”, documenta que, con corte al 20 de septiembre de 2017, contabilizó 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado. De estas, el 91,6 % han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas.