Por: Victoria Sandino, senadora de la República y firmante del Acuerdo de Paz.
¡Oh! Tierra altiva y generosa,
fecunda y verde inmensidad,
tus hijos cantan hoy tus glorias,
Tierralta noble y tropical.
Quienes nacimos y crecimos en Tierralta recordamos sus calles polvorientas, la algarabía en la vía, cuando los vecinos se llamaban a todo pulmón de un patio al otro, pues la mayoría de las viviendas no tenían teléfonos fijos. También como la “pelaera” salía con sus uniformes a las escuelas, al colegio Benicio Agudelo o CODEBA. Ese era Tierralta, un pueblo macondiano del sur de Córdoba con una diversidad étnica increíble, pueblo indígena Embera Katío, su población mayoritaria campesina entre las cuales se encuentra un importante número de personas negras. Desde siempre fueron comunidades muy potentes que se movilizaban por la tierra, por las vías, por escuelas para sus comunidades.
Recuerdo que era un territorio de gentes felices, luchadoras, un municipio como todos los del departamento de Córdoba con un extenso territorio verde, exuberante en vegetación, aguas, tierras fértiles y hermosas, que producía maíz, sorgo, algodón, frijol, plátano, yuca, batata, ñame y muchos otros tubérculos más que junto al pescado bocachico y la ganadería garantizaban la soberanía alimentaria de sus habitantes. Pero en los años ochenta y noventa el carnaval de gritos, voces, cantos, nados en el río, fueron interrumpidos cuando el mismo río que nos había acogido tantos años, comenzó a mostrar cuerpos sin cabeza. Se vivió el despojo de tierra, los asesinatos a líderes campesinos; fue entonces cuando ese pueblo alegre, ribereño, se volvió extraño, solitario, solo con los susurros del agua del río que contenía las voces silenciadas por el paramilitarismo irrumpía en el territorio.
Desde entonces todo cambió, muchos y muchas salimos desplazados, se produjo el fenómeno del despojo de las tierras a las y los campesinos, cambió el uso del suelo, las generaciones nuevas no conocen la cantidad de productos que cultivaban las comunidades rurales. Ahora aparece como un municipio minero y muchas comunidades tuvieron que recurrir a los cultivos de uso ilícito para garantizar el sustento de sus familias porque lo que no cambió fue el abandono estatal. La infraestructura del colegio Benicio Agudelo es la misma como hace 50 años y está que se derrumba, las vías deterioradas, muchas no se han terminado de abrir, más allá de los picos y palas que las mismas comunidades trabajaron. Tampoco cambió la resistencias y alegrías de sus gentes, siguieron organizándose y luchando; contraviniendo todo tipo de prohibiciones, bajan por los ríos, trochas, caminos y carreteras como una gran serpiente multicolor a taponar la vía principal, al parque o las calles del pueblo a reclamar sus derechos.
Para ellos, el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado en cabeza del gobierno nacional y las FARC-EP, abrió las puertas para una transformación real del territorio que ha sido golpeado tan duramente por el conflicto social y armado y por todas las violencias; sin embargo, después de cinco años la transformación no llega. La gente y sobre todo las organizaciones le apostaron de lleno a los puntos 1 Reforma Rural Integral y el punto 4 Solución a las Drogas Ilícitas, en lo referente a la sustitución voluntaria de sus matas que les habían dado para el sustento de sus familias. Por ello, firmaron acuerdos individuales y comunitarios de sustitución voluntaria de sus cultivos por solicitud del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el incumplimiento del mismo les tiene en las calles marchando pacíficamente. La gente entusiasmada construyó el Plan de Atención Inmediata o PAI comunitario para hacer la sustitución y transformación del territorio y de sus vidas a través de los Programas Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDAS) que aplicarían para los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito. Estos contemplaban un plan de guarderías rurales, salud rural y atención a los adultos mayores; lo anterior en concordancia con la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pactados en el punto 1 del Acuerdo de Paz.
En otras palabras, la hoja de ruta estaba trazada, la esperanza de la transformación del territorio estaba palpitante; tan solo tenían que trabajar, para eso realizaron asambleas deliberativas, concertaron sus propuestas, arrancaron sus matas y tienen claro lo que quieren: el gobierno nacional tenía que asignar los recursos, el acompañamiento técnico y la ejecución de cada uno de los programas prometidos en el PNIS y los PDET. Es decir, el Acuerdo de Paz brindaba la oportunidad por la que habían luchado tanto tiempo.
El programa que estaba diseñado para su ejecución en dos años, pero han pasado cinco después de la firma del Acuerdo y el inicio de la sustitución voluntaria y a la fecha no se ha cumplido con lo pactado y con lo prometido. El gobierno aún no implementa los proyectos productivos, entre otras por la falta de tierra para desarrollarlos, la misma tierra que le despojaron a las comunidades desde hace ya varias décadas.
Debido a los incumplimientos, las comunidades se movilizan hoy en La Apartada y en el casco urbano de Tierralta exigiendo la llegada del Fondo de Tierras que se prometió en la Reforma Rural Integral para campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, reclaman también la terminación de varias vías terciarias rurales que surgieron de la planeación de los PDET y el cumplimiento de todos los compromisos pactados. La gente de mi pueblo a la que el miedo y las amenazas no han podido amilanar, lucha por esa esperanza de paz.
Altivas tribus ancestrales, recias comunidades campesinas y negras reflejan en sus miradas y sus manos el dolor y la fatiga de tanto trabajo, pero también la decisión de heredar a las nuevas generaciones una cultura de alegrías, de esperanzas, de reconciliación y sobre todo de buen vivir. La generosidad de sus corazones busca un diálogo directo con el gobierno nacional que corresponda un poco de esa generosidad de mi tierra, que muestre voluntad política para negociar y cumplirle a las comunidades en estos cuantos meses que les queda de mandato.