Por: Jaime Gómez Alcaraz
Analista Internacional – Vocero en asuntos de política exterior del partido Iniciativa Feminista de Suecia
Entre el 16 y 17 de octubre del año 2002, hace ya casi 20 años, el país presenció la llamada “Operación Orion”, que se realizó al amparo del Estado de Excepción declarada en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y que tenía como objetivo expulsar a las agrupaciones guerrilleras que hacían presencia en esa zona. Para quienes no lo recuerdan o no habían nacido cuando este operativo militar se ejecutó, vale la pena explicar brevemente que dicha operación consistió en la toma militar de la Comuna trece de la ciudad de Medellín. Las unidades que participaron en esa toma militar estaban conformadas por el Ejército y la Policía colombianas y además, por efectivos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Al mando del operativo estuvo el tristemente general Mario Montoya, quien ha sido imputado por la justicia colombiana por el asesinato de al menos 104 civiles, en el caso de los mal llamados “Falsos positivos”, verdaderos crímenes de Estado. Por ese entonces estaba al frente del Ministerio de Defensa, la hoy vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucia Ramírez que por ende sería una de las responsables por los abusos y presuntos crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas durante dicho operativo. Además, el alcalde de Medellín era Luis Pérez Gutiérrez, hoy precandidato presidencial y fué con su anuencia que se dio, lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha considerado como la mayor operación militar urbana realizada en el país.
El 16 de octubre del 2002, el Ejército y la Policía Nacional junto con paramilitares, en una alianza diabólica, montaron una base de operaciones en la calle 35 con carrera 92 del barrio Santa Mónica (Comuna 12) de la ciudad de Medellín. Se adelantaron allanamientos casa por casa y se realizaron detenciones arbitrarias de personas que eran señaladas por un encapuchado vestido con un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares, imagen que quedó plasmada en nuestra memoria para siempre en la muy conocida fotografía en donde un paramilitar encapuchado alza su dedo y señala el lugar en donde militares deben entrar a detener personas. De hecho, se llegó al extremo de considerar a todo transeúnte como un potencial guerrillero.
El resultado no pudo ser más trágico. Según la Corporación Jurídica Libertad se dieron 80 civiles heridxs, 17 bajas cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias.
19 años después, Luis Pérez Gutiérrez se manifiesta orgulloso de esta operación. A pesar de las flagrantes violaciones a los derechos humanos que hubo, afirma que “me siento muy feliz de haber pacificado la comuna 13”. Esta afirmación es grave y deja ver la catadura ética del precandidato, pero es aún más preocupante en toda esta historia, que Luis Pérez esté adelantando contactos y acuerdos para entrar a formar parte del Pacto Histórico. El senador y precandidato presidencial Gustavo Petro así lo ha confirmado.
Es interesante explorar rápidamente como el “Pacto Histórico” se define así mismo. En su sitio web se puede leer que es “una juntanza de la sociedad colombiana para acordar un presente y un futuro diferentes, fundando así un nuevo país basado en la paz, la justicia social y la democracia.”. Esta propuesta tan atractiva y relevante en este momento histórico que vive Colombia y a la cual apoyo, hace explícito que la paz, la justicia social y la democracia son la base para la construcción de un nuevo país, de esa sociedad “del tamaño de nuestros sueños” como algunos la llamábamos hace unos años. Y la paz, entendida no como la ausencia de guerra sino com la satisfacción de las necesidades del ser humano, requiere del reconocimiento expreso de los crímenes y violaciones a los derechos humanos que, en un largo periodo de confrontación armada, se dio en el territorio colombiano, pero, además, debe darse la reparación y la garantía de no repetición. Me pregunto, cuál garantía de no repetición se puede esperar de un político que no solo se vanagloria, sino que también justifica unos hechos criminales que enlutaron el hogar de muchas familias de origen popular y que, en muchos casos, ni siquiera saben donde reposan los restos de sus familiares, porque se encuentran desaparecidxs y/o presuntamente han sido asesinadxs. Organizaciones de derechos humanos dan cuenta que han logrado identificar a cerca de 105 personas que estarían sepultadas en La Escombrera, un terreno ubicado en la Comuna 13 en donde se botan basuras y desechos de construcción.
Acoger a un político que incluye en su marco ético la ejecución de torturas, asesinatos y desapariciones en un proyecto político que apunta a construir un nuevo país y que trata de generar una nueva forma de hacer política no es viable, entre otras razones, porque ha contribuido decisivamente a reproducir los problemas que ha originado dolor e inequidad en el país. Su participación como parte de la solución debería iniciarse cuando reconozca el horror que contribuyó a ocasionar y repare y pida perdón a sus víctimas. Como muchos lo han afirmado, en política no todo vale. Yo agregaría que los derechos humanos no pueden ser objeto de negociación para alcanzar réditos políticos. Si se hace, se ha perdido la brújula ética y se pierde la autoridad moral para hablar de cambio.
Alguien tiene que gritar “¡El emperador está desnudo!”. No se puede admitir que a nombre de toda una coalición de partidos y movimientos políticos se pierda la credibilidad y se esfume la posibilidad de concretar un sueño por tantos años aplazado. No podemos dejar en las manos de una sola persona, así esa persona se llame Gustavo Petro, el futuro de una nación y los sueños de paz de un pueblo ansioso por verse libre de las garras de la corrupción y deseoso de ver cumplidas tantas promesas del pasado.
Además del Polo Democrático y la Unión Patriótica, no he escuchado otras voces que señalen que este camino es equivocado. Es hora de liderazgos colectivos. El liderazgo individualista no es garantía de un actuar democrático y puede echar por la borda, un momento histórico que pocas veces se volverá a presentar. Ese sueño será realidad, solamente, si lo hacemos juntxs al son de múltiples liderazgos.
Hago fuerza, para que al expresidente Alvaro Uribe no se le ocurra pedir pista en el Pacto Histórico. Al ritmo que vamos, no me extrañaría que un líder en solitario, le dijera que sí.