En el olvido, así estaría un informe entregado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el cual demuestra que una propiedad de Álvaro Uribe y su familia no posee títulos legítimos. Al parecer el deber de la agencia era pedirle al expresidente la restitución de la propiedad ya que estos predios sólo pueden ser adjudicados a personas cuyo patrimonio no supere los 1.000 salarios mínimos.
La denuncia fue dada a conocer por Daniel Coronell, allí explicó que un periodista y un senador, han estado tras la lupa de estos terrenos baldíos del expresidente, los cuales no pertenecen a la familia de Uribe Vélez, sino le pertenecen a la Nación.
Según lo dice Coronell “el deber de la Agencia Nacional de Tierras consistía en reclamar la restitución de la propiedad a la Nación por cuanto, por ley, solo puede adjudicar baldíos a comunidades campesinas, afrodescendientes o indígenas cuyo patrimonio no supere los 1.000 salarios mínimos. Sobra decir que los señores Uribe no hacen parte de ninguno de esos grupos”.
Así las cosas, ni la directora de la agencia ni la misma entidad han tomado acción en restituir esos predios, la razón tiene que ver con que aún no se encuentran en una lista oficial en el inventario de baldíos y según la denuncia del periodista ya han pasado 17 meses y siguen sin ser incluidos en la lista.
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