domingo, noviembre 10

Secretaría de Transparencia alerta posible inhabilitación de más de 500 candidatos en elecciones regionales

Según la Secretaría de Transparencia, más de 500 aspirantes a cargos de alcaldías y concejos municipales podrían enfrentar inhabilitación en las elecciones regionales. Estos candidatos han estado vinculados a 831 contratos públicos que suman $62.926 millones, celebrados desde el 30 de octubre de 2022 hasta la fecha. Esto podría hacer que incurran en inhabilidad, según lo establecido en los artículos 37 y 40 de la Ley 617 de 2000.

En detalle, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, ha señalado que de estos 500 aspirantes, 526 se postulan para concejos municipales y 27 para alcaldías, y están en situación de posible inhabilidad debido a la suscripción de contratos públicos en las ciudades y distritos donde se inscribieron como candidatos.

En el caso de los aspirantes a concejos municipales, los cinco principales partidos o movimientos políticos que han avalado a candidatos en esta situación suman un total de 146 aspirantes de los 526 identificados. Estos candidatos han suscrito 214 contratos públicos en periodos inhabilitantes, por un monto total de $32.842 millones.

Los 27 postulantes a alcaldías que podrían estar incursos en inhabilidad se encuentran en diferentes regiones del país. Además, los cinco principales candidatos y los partidos políticos que los respaldaron concentran la mayor cantidad de contratos firmados durante el periodo inhabilitante.

Andrés Idárraga enfatizó que este asunto se relaciona con la transparencia y el interés público en garantizar la igualdad de condiciones para las candidaturas, con un enfoque en la probidad y en evitar que los recursos públicos se desvíen hacia las campañas electorales.

El secretario destacó que será la autoridad electoral la encargada de determinar si es necesario revocar la inscripción de estas candidaturas. En resumen, esta información se ha hecho pública para conocimiento de las autoridades, incluyendo el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación, con el respaldo de fundamentos jurídicos y técnicos.

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