La investigación penal que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez ha experimentado un nuevo revés, marcado por la renuncia del fiscal Andrés Palencia por motivos personales. El fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Salcedo, fue designado como su reemplazo, pero recientemente se declaró impedido, añadiendo complejidad al proceso.
Salcedo, encargado del caso de fraude procesal y soborno contra Uribe, basó su declaración de impedimento en opiniones previas que expresó respaldando al expresidente y cuestionando el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Este respaldo, plasmado en una columna de opinión escrita en 2020, crea un conflicto de intereses según la Ley 906 de 2004.
La próxima etapa involucra al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien analizará los argumentos de Salcedo y tomará una decisión al respecto. Aunque se espera una respuesta la próxima semana, la Fiscalía no proporcionó fechas exactas, indicando que la decisión “será comunicada oportunamente a la opinión pública.”
La renuncia de Palencia, ocurrida el 9 de enero de 2024, coincidió con el día en que debía definir si solicitaba la preclusión del caso o presentaba el escrito de acusación para llevar a Uribe a juicio. Este paso generó un plazo de 90 días para que un nuevo fiscal se familiarizara con el caso. Salcedo, siendo el cuarto fiscal asignado, debía decidir sobre la continuidad del proceso o la presentación formal de acusaciones.
El senador Iván Cepeda, víctima en el proceso penal, reaccionó a la renuncia de Palencia expresando preocupación sobre posibles escenarios de impunidad. Afirmó que la Fiscalía podría estar propiciando un escenario de impunidad a favor de Uribe, allanando el camino hacia la prescripción de los cargos.
Estas circunstancias plantean interrogantes sobre la estabilidad y transparencia del proceso judicial, generando preocupaciones sobre posibles obstáculos para llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez.