jueves, abril 25

Se enciende el debate: ¿es dañino o no el glifosato?

Se ha suscitado un intenso debate en las redes sociales, por cuenta de la publicación de la columnista María Isabel Rueda en el diario el Tiempo sobre “la sensatez del uso del glifosato”.
La periodista en su columna justificó el uso del glifosato, a través de una fórmula química extraída de un supuesto estudio de la Universidad Sergio Arboleda, del cual ni siquiera citó a sus autores, llegando a conclusiones con evidente carencia de la rigurosidad científica que merece el abordaje de un asunto tan importante, esta ligereza desató la molestia de muchos de sus lectores, quienes han manifestado que los argumentos de Rueda insultan su inteligencia.

Un miembro del Consejo Académico de la Universidad Sergio Arboleda en declaraciones para la W radio, dijo que el estudio al que Rueda hace mención, es un resumen de diversos documentos y que la universidad no cuenta con los laboratorios que se requieren para realizar este tipo de investigaciones.

A esto se suma, la retórica confusa que utiliza la periodista cuando sugiere que “lo probable no se ha probado”, para desestimar el riesgo de contraer cáncer por uso de glifosato que, no solo viola el principio de precaución del que habla la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si no que también devela el actuar de un periodismo propagandístico que elimina de tajo el principio básico de éste oficio: La comunicación social.

Rueda, en la clara intención de generar una masa de opinión favorable a las políticas antidrogas del gobierno, omite información de origen científico que demuestra los perjuicios de la aspersión de estos químicos contra la vida humana, los ecosistemas y su asociación a problemas sociales como el desplazamiento.

Al señalar la prohibición del glifosato como el responsable del aumento de los cultivos de coca, la columnista contradice la realidad colombiana sustentada en cifras que demuestran que, después del Plan Colombia en el que se usó el glifosato para la erradicación, se han incrementado de 12 a 23, los departamentos con cultivos ilícitos.

La insistencia de mantener una política antidrogas dictaminada a atacar la producción como lo ha orientado el gobierno de los Estados Unidos,  excluye las necesidades, las voces de las comunidades indígenas y campesinas a quienes el gobierno no les ha cumplido lo pactado en el acuerdo de paz en los temas de sustitución de cultivos, la protección del ambiente y la erradicación de la violencia en los territorios de Colombia.

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