La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó hasta los municipios de San Juan del Cesar (La Guajira) y Los Haticos (Cesar) para notificar a los pueblos indígenas wiwa y Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde reconocieron 135 desapariciones forzadas y asesinatos que fueron cometidos por militares pertenecientes al Batallón La Popa.
Así las cosas, el magistrado Oscar Parra le dijo a los familiares de las víctimas que “este es un inicio para explorar escenarios restaurativos y proyectos de sanciones propias para los máximos responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad que ocurrieron aquí”.
Es preciso destacar que durante la investigación de este macro caso, el tribunal de paz identificó que los militares pertenecientes al Batallón La Popa elegían a sus víctimas teniendo en cuenta algunos patrones: que fueran indígenas, personas indocumentadas, con precariedad económica, habitantes de calle, miembros de la comunidad LGBTIQ, menores de edad, señalados de pertenecer a grupos guerrilleros, supuestos integrantes de la AUC, recicladores y desmovilizados.
Siguiendo el testimonio entregado por parte de los militares integrantes de este Batallón, la JEP pudo determinar que estos asesinatos hacían parte de un “plan articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación comunes que estuvo orientando a la consolidación territorial, a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad que afectan a la población de la región”.
Por su parte, uno de los familiares de las víctimas perteneciente a la comunidad wiwa, Jesús Eduardo Oñate, expresó que “el hecho de que la JEP haya venido a La Guajira para notificarnos la resolución me parece un acto de buena fe. Que hayan llegado hasta nuestro territorio nos facilitó aclarar inquietudes y aclarar lo que sigue en el proceso”.