Por: Heidy Sánchez
En diciembre del 2020 una resolución expedida por la Secretaría de Planeación Distrital generó revuelo en la ciudad de Bogotá. Se trataba nada más y nada menos de la Resolución 1641 por medio de la cual se derogaban las Resoluciones 1060 y 1631 de 2018, ordenando la actualización del mapa 4 de ‘Amenaza por inundación’ del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Por dicho acto administrativo, se dice, perdió su cargo Adriana Córdoba en cabeza de la Secretaría.
Lo primero que es importante resaltar, es que Adriana Córdoba actuó conforme a la Ley y con base en estudios técnico-jurídicos que argumentan las múltiples inconsistencias con las que la alcaldía de Peñalosa modificó el mapa de amenazas por inundación, cambiando los usos del suelo en favor de proyectos privados de infraestructura que permiten la urbanización en los bordes del Río Bogotá con proyectos como Ciudad Río, Ciudad Encenillos y Ciudad Conejera.
Estas “jugaditas” consistieron en solicitar en el 2017 desde la Secretaría Distrital de Hábitat “actualizar el nivel de amenaza existe sobre el suelo urbano aferente al Río Bogotá”, lo que modificó y redujo la Zona de Manejo y Protección Ambiental gracias a un estudio básico, dejando por fuera la necesidad de adelantar estudios de geomorfología y eventos históricos registrados, como la obligatoriedad de llevar a cabo estudios de geomorfología aluvial en escala 1:2.000 tal como lo requiere la normatividad nacional. Lo anterior quiere decir que ajustaron el mapa de riesgo de inundación de manera antitécnica e irresponsable con la ciudad.
Estas modificaciones tienen grandes intereses, no solo son de suma importancia para la especulación inmobiliaria, sino que fueron claves para permitir que el patio taller del Metro de Bogotá se ubicara en el predio El Corzo en la localidad de Bosa, en zona aledaña al Río Bogotá modificando su nivel de riesgos. Cabe recordar que el 23 de octubre de 2020 se firmó el acta de inicio con el concesionario Metro Línea 1 SAS, y este dato no es menor, ya que en palabras del exgerente de la Empresa Metro Andrés Escobar “mucho antes de hacer la licitación del metro, comenzamos la compra de los predios, para avanzar en paralelo, de forma tal que, una vez seleccionada la empresa constructora, tuviéramos a nuestra disposición esos terrenos para podérseles entregar”.
Tal era la confianza que tenía Enrique Peñalosa y Claudia López en estas antitécnicas modificaciones que, en el mes de noviembre, la Empresa Metro le entregó 77 predios de El Corzo al consorcio para comenzar con las complejas obras del patio taller. Esto quiere decir que la administración distrital compró predios para el metro que se encuentran en alto riesgo, sabiendo que existían acciones jurídicas vigentes del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordenaban la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 1631 de 2018, y que, por principio de precaución, no se pueden hacer las obras por estar en zonas de riesgo.
Con la Resolución 1641 se genera retrasos en la ejecución de la obra más importante de la administración Distrital, ya que pone en riesgo la construcción del patio taller en el predio destinado para tal fin. Esto puede implicar acciones legales por parte de la firma china ejecutora de la obra por el incumplimiento del documento legal, que garantizaba que estos suelos no tenían alto riesgo de inundación. Es por ello que se ratifica que este metro sin futuro ha tenido, tiene y tendrá inconsistencias que implican sobrecostos económicos y, lo más grave, no aportará a mejorar las necesidades de movilidad para Bogotá.
La actualización del mapa de riesgos de cara al POT debe incluir los criterios técnicos requeridos para ordenar el territorio contemplando la estructura ecológica principal y el ambiente como prioridad y principio de la ciudad.
- Te puede interesar leer: Improvisando no se enfrenta el COVID-19