Por Gustavo Bolívar
Era un sentir, un presentimiento cierto, una premonición, que el regreso del uribismo al poder traería consigo el resurgir del paramilitarismo y la agudización de la guerra.
A finales de 2017, estábamos disfrutando de una paz efímera, muy cortica, fruto del cese bilateral al fuego entre las FARC y el gobierno y la posterior dejación de armas por parte de ese grupo guerrillero. Los índices de muertes violentas, desplazamientos y víctimas de mutilaciones por minas antipersonales habían descendido dramáticamente. Los noticieros de televisión mostraban los pasillos del Hospital Militar donde, en esa Navidad no había sino un herido, de los cientos que solían llegar al mes con sus piernas amputadas o sus cuerpos tiroteados. El ELN ya se había sentado en la mesa de negociación. El país se ilusionaba con la paz grande, con la paz definitiva.
Pero no fue sino que Gustavo Petro empezara a puntear en las encuestas, a comienzos de 2018, para que el aparato paramilitar de la guerra se activara. Desde la Guajira hasta el Amazonas y de los Santanderes a Chocó, empezaron a aparecer los panfletos de las Águilas Negras amenazando a líderes de la Colombia Humana y de otros grupos progresistas que se atrevieran a votar contra el establecimiento. Pero la gente ya había perdido el miedo. Petro seguía llenando todas las plazas públicas de Colombia y la representación alternativa en el Congreso se triplicó.
El 27 de mayo se celebró la elección presidencial en primera vuelta. Petro ganó el paso a segunda vuelta con 4.859.069 votos, frente a 4.602.916 votos de Fajardo y 396.151 de Humberto De La Calle. De haberse unido, la suma de los votos de estos tres candidatos, se acercaba a los 10 millones de votos. (9.858.136 exactamente), mientras que los votos de la derecha en primera vuelta sumados los 7.616.857 de Duque con los 1.412.392 de Vargas Lleras solo alcanzaban la suma de 9.029.249 votos. El triunfo estaba cantado. Solo bastaba con que las campañas de Fajardo y De La Calle, previo un acuerdo programático, al que Petro los invitó varias veces, adhirieran a la candidatura ganadora, sinceramente, decididamente, en la plaza pública, en los medios, ante sus electores. Pero ni el uno ni el otro escucharon el clamor aterrado de los territorios.
Dos semanas antes de la segunda vuelta, mientras a las plazas públicas donde el líder de la Colombia Humana exponía sus tesis y programas no les cabía un alma y el triunfo era irreversible, Duque, quien no llenaba un parqueadero, seguía inflado por las encuestadoras amigas. Muchos se dejaron inducir.
A pocos días de la elección, con la Plaza de Bolívar de Bogotá llena como no se veía desde los tiempos de Jorge Eliécer Gaitán, ante la no adhesión de Fajardo y De la Calle y ante el anuncio de ambos de votar en blanco, el clamor de los territorios, convertido casi que en terror, suplicaba al país que no le diéramos una nueva oportunidad al uribismo que ya en su convención del Centro Democrático había proclamado a los cuatro vientos que de regresar al poder, haría trizas la paz. Ellos, indígenas, campesinos, negritudes y mujeres de los territorios excluidos y olvidados, sabían lo que vendría. Sabían que elegir al candidato de Uribe significaba reactivar el odio, la venganza, la famosa Seguridad Democrática con sus nefastos ingredientes (falsos positivos, masacres, amenazas, asesinatos selectivos, desplazamiento, etc).
Los mensajes que enviaban las víctimas de los territorios por las redes sociales y a través de cartas desde Chocó, Guajira, Cauca, Putumayo, Nariño, Vaupés, Vichada, Caquetá, Meta, Norte de Santander y los Montes de María, más parecían súplicas para que los doctores de Bogotá y Medellín le dieran una oportunidad a la paz. Esos mensajes no fueron escuchados ni por Fajardo quien se desplazó a Nuquí a ver ballenas, ni por Humberto De La calle quien anunció su voto en blanco, ni por el Director del partido de Gaitán y de Galán, César Gaviria quien increíblemente adhirió a Duque, ni por Jorge Robledo quien también anunció su voto en blanco. Creo que tampoco fueron escuchados por Santos, arquitecto de la paz, quien prefirió hacer mutis por el foro, al marginarse de la contienda sabiendo que el triunfo del uribismo atentaba contra su obra magna, la que le significó el Nobel de paz.
Aquí, hay que decirlo, en todos, hubo muchísima mezquindad, muchísima pequeñez para acudir a la cita histórica: La llegada, por primera vez en 200 años, del pueblo al poder, representado en un hombre sin compromisos con los corruptos ni con los grandes poderes económicos. Quizá esto fue lo que los asustó. La clase política necesita que el candidato esté untado para apoyarlo. Hay muchos privilegios y muchos intereses y mucha impunidad qué cuidar.
Después vino el Fraude. Ahora se sabe que en la campaña de Uribe/Duque, asustados por el triunfo de Petro en la primera vuelta en toda la Costa, se dedicó a comprar votos en varios departamentos y lo que es peor con dinero del narcotraficante Ñeñe Hernández que era el mismo dinero de Marquitos Figueroa. También entraron dineros al partido de Duque por parte de una empresa venezolana, que hoy se investiga, fueron triangulados a la campaña presidencial. Y ni qué decir de la denuncia de Aida Merlano, Senadora Conservadora quien aseguró que la casa Char y la casa Gerlein habían comprado votos para Duque. Sumado a esto, el hecho de que la Registraduría Nacional no entregó los códigos fuente a los partidos para que hicieran su respectiva auditoria, alegando que el software era alquilado y que el propietario no cedía los derechos del mismo.
En fin. Tuvimos la paz en las manos y la dejamos escapar. Hoy Colombia paga las consecuencias de la falta de grandeza de sus dirigentes. Las premoniciones, los presentimientos eran ciertos. Apenas se posesionó Duque se recrudeció el asesinato de líderes sociales y empezaron de nuevo las masacres.
En los primeros seis meses transcurridos, desde la posesión de Duque, fueron asesinados 46 indígenas, 106 líderes sociales y más de 50 excombatientes de las FARC y se perpetraron 29 masacres. Los panfletos de las Águilas Negras proliferaron a lo largo y ancho del país provocando el desplazamiento de muchos líderes políticos y sociales. Era como una campaña para escarmentar a quienes entregaron más de 8 millones de votos por un candidato de izquierda. Al menos eso decían muchos de los panfletos.
En 2019 hubo 29 masacres. Siguieron los desplazamientos, los falsos positivos que fueron dados a conocer por el New York Times y que se pusieron en evidencia con los asesinatos de Dimar Torres y Harold Trompeta. También fueron asesinados 66 indígenas. En 2020 han asesinado 128 líderes sociales y se han cometido 43 masacres.
A Hoy 22 de agosto de 2020, desde la posesión de Iván Duque, han sido asesinados 435 líderes sociales, 197 indígenas y 197 excombatientes de las FARC. Se han perpetrado 105 masacres, tres en las últimas 24 horas. Un antirecord que no habíamos visto ni en los peores momentos de la seguridad democrática de Uribe, ni en las épocas más terribles de las AUC.
Lo del último mes es terrible. Una masacre cada dos días. Récord absoluto en nuestra historia de guerras y revoluciones. ¿Coincide el recrudecimiento de la violencia con la captura de Álvaro Uribe? Sí coincide. Que se deban a eso, está por verse.
Como en los peores tiempos de la Seguridad Democrática, en los últimos 35 días, escuchen bien, se han producido 17 masacres. Casi dos diarias. Esto no pasa en ningún lugar del mundo, ni siquiera los que están en guerra. Paso a enumerarlas porque no falta quien considere que estoy incurriendo en exageraciones, aunque le daría razón porque la cifra es espantosa:
- El 16 de julio, 4 personas fueron masacradas en la vereda Quebradón Sur, a una hora de Algeciras, Huila.
- El 19 de Julio, en la vereda Totumito, frontera con Venezuela, entre Tibú y Cúcuta, fueron asesinadas 9 personas, seis de ellas trabajadoras de una misma finca.
- El 22 de julio fueron asesinadas tres personas en Norcacia, Caldas.
- El 27 de julio fueron asesinadas tres personas de una misma familia en la aldea de Versalles, en San José de Uré.
- El 29 de julio fueron asesinadas otras tres personas en el corregimiento Puerto Colombia, también en el municipio de San José de Uré.
- El mismo 29 de julio cuatro personas fueron masacradas en zona rural de Cúcuta.
- El 2 de agosto seis personas fueron masacradas en el sector de Puente Angosto en la vereda Vegas del Pamplonita, en Norte de Santander.
- El mismo 2 de agosto, tres personas más fueron asesinadas en la vereda California del municipio de Santander de Quilichao en el Departamento de Cauca.
- El 3 de agosto fueron asesinadas cuatro personas en Guaduas, Cundinamarca. Sus cuerpos fueron encontrados en el Río Magdalena, en la vereda Malambo de ese municipio distante solo tres horas de la Capital de la República.
Desde el 4 de agosto, fecha en la que se dictó medida de aseguramiento al expresidente Uribe, han ocurrido 8 masacres. En promedio, una cada dos días.
- Ese mismo 4 de agosto fueron asesinadas seis personas en el sector de Puente Angosto, de Puerto Santander, Norte de Santander. En esa zona limítrofe con Venezuela también han aparecido varios cadáveres descuartizados.
- El 10 de agosto dos estudiantes de 12 y 17 años de edad, se dirigían a su escuela a entregar unas tareas y fueron asesinados en Leiva (Nariño). Al parecer hay otras dos menores desaparecidas.
- El miércoles 12 de agosto, 5 niños de entre los 12 y los 15 años, fueron asesinados en el barrio Llano Verde al occidente de Cali, pleno casco urbano de la capital del valle del Cauca.
- El sábado 15 de agosto, 9 personas fueron asesinadas en Samaniego (Nariño) . Las víctimas era jóvenes, en su mayoría universitarios que departían en la noche y una mujer asesinada fuera de allí.
- El martes 18 de agosto fueron asesinados tres indígenas Awa en el sector del aguacate, del municipio de Ricaurte, Nariño.
El viernes 21 de agosto, tres masacres:
- Caracol, Arauca, con 5 víctimas,
- El Tambo Cauca con 6 asesinados
- Tumaco Nariño donde fueron masacrados 6 jóvenes como consta en un video de alta circulación en las redes.
¿Quién o quienes están detrás de las masacres? Ante una Fiscalía inoperante, las versiones proliferan. Que los Pelusos (disidencia del EPL), que las disidencias de las FARC, que las guerrillas del ELN, que los carteles mexicanos que hacen presencia en Colombia, o las bandas criminales que heredaron el poder de las antiguas AUC como los Rastrojos o los Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo.
Las noticias falsas emanadas de la bárbara polarización también ayudan a desinformar ya que por un lado tanto el gobierno como los congresistas o tuiteros del Centro Democrático culpan de todos los asesinatos o de todas las masacres a las disidencias de las FARC y al ELN, mientras que, del otro lado, líderes de izquierda y tuiteros afines no dudan en culpar al paramilitarismo de todos estos crímenes. La verdad es que las tres facciones están involucradas. Tanto las disidencias, el ELN, como el narcoparamilitarismo. Lo que no puede hacer el gobierno es descargar en las disidencias de las FARC su responsabilidad y deber de garantizar la vida y los bienes de todos los colombianos. Al campesino, al líder social, al indígena, al afro los están matando inmisericordemente en los territorios y los colombianos exigimos ya, parar el baño de sangre, el genocidio, venga de donde vengan las balas. Para eso está el gobierno, esa es la misión del Estado y sus Fuerzas Militares y de Policía, dueñas de un portentoso presupuesto.
Pero Duque parece dormido. Lleva 125 apariciones diarias de una hora en televisión, dedicado a mentir sobre el Covid, a decir que aplanamos la curva, que manejamos como ningún país la pandemia cuando lo cierto es que estamos en el top 5 de los países más afectados del mundo por el virus. Solo ayer fallecieron 400 colombianos, la mayoría sin pasar por una UCI. Con más de 540 mil infectados y 17.000 muertos, Colombia es hoy uno de los 3 países del mundo donde más infectados resultan diariamente y el de más muertos diarios por millón de habitantes de todo el planeta.
Duque se ha dedicado a abrir la economía, obedeciendo a los afanes de sus financiadores, sin decretar una renta básica para que la gente cumpla la cuarentena sin angustias, ni ayudas reales y oportunas a los empresarios para que paren el despido de empleados que nos coloca como el país de la OCDE con mayor desempleo.
Dedicó todo el arranque de año a repartir la mermelada suficiente para garantizar las mayorías del Congreso, para precisamente, seguir acabando la paz, hacerse a una Procuradora de bolsillo y a manipular para elegir magistrados afines a su ideología. La consiguió entregando el Ministerio de Salud a Cambio Radical, ya cuando la pandemia estaba entrando al país.
Se le ve en el Aeropuerto de Rionegro viendo aterrizar aviones o en los medios defendiendo a su líder de los fallos de la justicia, con un talante tan patético, tan de fanático, que las organizaciones internacionales de Derechos Humanos han tenido que recordarle su deber de respetar la independencia de la justicia.
Pero lo que peor ha hecho en estos dos años, y aquí está el detalle, es poner palos a la rueda de la paz, en últimas, la causa de la mayoría de masacres y asesinatos sistematizados de líderes sociales. De modo que si me preguntan quién está matando a los colombianos, quién propicia el genocidio, quién está detrás del etnocidio y las masacres ahora casi diarias, digo sin dudarlo, que la falta de Estado.
Por la falta de Estado otros grupos armados y no el Ejército, coparon los espacios militares dejados por las FARC. El ELN, los paramilitares y los cárteles mexicanos se disputan esos territorios a sangre y fuego con comunidades inermes en el medio, sufriendo los embates de la guerra. Los terratenientes han aprovechado para deforestar y hacerse a gigantezcos baldíos con destino a la ganadería.
Todo porque el Ejército se anquilosa y burocratiza, o se dedica a perseguir a opositores, periodistas y sindicalistas, cuando el enemigo está en los territorios. Un Ejército con muchos batallones y miles de hombres pernoctando en las grandes ciudades, donde precisamente no sucede la guerra. Esto que acabo de decir y que seguramente causará indignación entre el generalato se puede deducir de la incidencia del gasto de salarios en el alto presupuesto de Defensa. Para 2021, en el presupuesto que nos acaba de enviar el gobierno para su correspondiente estudio y aprobación, el rubro Defensa aparece con 38,2 billones, es decir, un 11% más que en 2020. Para este año el presupuestro fue de 35 billones incluyendo los 530 mil millones que se adicionaron bajo decretos de emergencia. De ese enorme presupuesto, 22 billones irán al pago de sueldos del personal vinculado al sector, 8,7 billones al pago de sueldos y pensiones de militares retirados. Otros seis billones se van en la burocracia del Ministerio de Defensa, el fondo de vivienda de las Fuerzas Militares, los gastos de los clubes militares, las casas fiscales del Ejército, el Hospital Militar y otros gastos afines al desarrollo de la misión. Y aquí viene la perla: solo 1,07 billones, lean bien, un billón setentamil millones, es decir cerca 1.7% del presupuesto se destinarán a compra y modernización de armamento y provisión de las tropas.
Las cifras hablan por sí solas. El 98.5% del presupuesto de defensa se va en pagar sueldos y pensiones y otros gastos. Un rediseño de las Fuerzas Militares invertiría esa proporción: Menos personal y más calificado y más presupuesto para combatir a los grupos armados ilegales. Digo, aunque esta, debería ser una denuncia de la derecha. Pero la objetividad ante todo. A todo esto hay que sumarle, que faltando 4 meses para terminar el año, las Fuerzas Armadas solo han ejecutado el 55,3% de su presupuesto.
Pero sigamos. Por la falta de Estado, varias entidades que tienen que ver con la paz, solo han ejecutado a la fecha el 45% de sus presupuestos, con un retraso, frente a lo programado de 15% pues proyectaban a 31 de julio una ejecución del 60%. Por citar un solo caso, la Unidad de Busqueda de Personas Dadas por Desaparecidas solo ha ejecutado a la fecha de hoy, el 33,4% de su presupuesto. Mientras tanto los familiares de los más de 82.000 desaparecidos esperan el retorno de sus seres queridos o al menos el de sus huesos.
Por falta de Estado se ha incrementado, a niveles intorelables para los desmovilizados, el asesinato de excombatientes. 224 desde la firma de paz y como ya dijimos 197 desde la posesión de Duque. Este factor vida, está empujando a muchos desmovilizados a rearmarse. Nos lo han dicho en los espacios territoriales que hemos visitado. “No queremos que nos maten desarmados, preferimos volver a combatir. Muchos se van a engrosar las filas de las disidencias de las FARC, que ya suman más de 2.400 hombres. Una tristeza total.
Por falta de Estado, 400 mil bachilleres se quedan anualmente sin educación superior y muchos de ellos se van a engrosar las filas de la delincuencia.
Por falta de Estado mueren anualmente, en promedio, 350 niños por desnutrición y muchos de los 17 mil muertos que se llevó la pandemia se hubieran podido salvar, de no haber sido porque sus vidas estuvieron en manos de las inhumanas EPS.
Por falta de Estado, se instalaron en Colombia los carteles mexicanos más temibles de la droga, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que han llenado de terror los territorios, matando al que se oponga a la siembra de cultivos ilícitos al tiempo que se convierten en el primer empleador en zonas donde no hay presencia del Estado ni con oportunidades de educación, ni con oportunidades de crédito, ni con oportunidades de empleo. A esto se suma la barbarie. Se están disputando las zonas cocaleras con otros grupos a sangre y fuego.
Pero lo más grave, sin lugar a dudas es el cumplimiento de esa triste y penosa promesa de campaña de hacer trizas la paz: Duque y Carrasquilla están desfinanciado el Acuerdo Final. Por citar un solo caso, al PNIS (Proyecto Nacional de sustitución de cultivos) que estuvo seis meses suspendido entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Además, para este año, solo le entregaron 41 mil millones de pesos, el 2,9% de los recursos que necesitaba para cumplirle a las 99.097 familias que se inscribieron. Recursos que son del orden de 1.38 billones. Esto está empujando a las familias a resembrar los cultivos erradicados manualmente como única fuente de ingresos. Porque, o se mueren de hambre esperando a que el Estado les cumpla lo acordado o los matan los grupos armados, todos, sin excepción, metidos en el negocio del narcotráfico.
Entonces, si de buscar causas a las masacres, ahora concentradas en los Departamentos de Nariño, Cauca y Norte de Santander se trata, hablemos de fumigación con glifosato y erradicación forzada. Antes del plan Colombia Putumayo tenía 58.297 hectáreas sembradas con hoja de Coca y Nariño 3.959. Cuando empezaron las aspersiones con glifosato en Putumayo, los narcos migraron hacia Nariño y la ecuación se invirtió. Putumayo quedó con 12.254 hectáreas y Nariño 15.606. Los expertos le llaman el efecto globo. De 12 Departamentos con cultivos de hoja de coca que había antes del plan Colombia se pasó a 23. Porque hay un hecho incontrovertible: La demanda está intacta, es más, siempre ha estado en aumento. Pueden fumigar hoy en un lado, matando animales, contaminando ríos y produciendo malformaciones y cáncer en humanos y el narco se las arregla para sembrar en otro lugar, incluso deforestando valiosos bosques y selvas. Los clientes están ahí, esperando. Son 275 millones en el mundo.
De hecho hoy el foco de la erradicación forzada está en Nariño y miren estas cifras a ver si nos asiste o no razón: En 2016 Nariño tenía 42.627 hectáreas sembradas con hoja de coca. Solo Tumaco tenía 24 mil, más de toda la coca cultivada en Bolivia. Empezó la erradicación forzada y aplausos: ahora Nariño tiene 35.000 hectareas sembradas, casi 8 mil menos. ¿Pero qué pasó? En 2016 Cauca tenía 12.595 hectáreas y Norte de Santander 24.830. Ahora, los narcos desplazados de Nariño se fueron a esos Departamentos y miren las cifras, Cauca tiene 17.355 hectáreas con coca (5.000 más) y Norte de Santander 41.031 hectáreas (16 mil más) Los sacan de un lado y se van al otro. Les dije a los Congresistas Conservadores de Nariño que no se rasgaran las vestiduras por las masacres de sus paisanos si por otro lado cometen la incoherencia de votar en el Congreso por la fumigación con glifosato y por los proyectos para acabar o modificar la JEP. Se pusieron bravos pero no importa, algún día lo entenderán. El problema es que ese día, con un Presidente inepto, un partido guiado por el odio y la venganza y un accionar ideologizado, no parece estar cerca.
El 7 de agosto de 2022 sería una buena fecha para empezar a poner fin a esta barbarie. Un lindo día para decirle a las víctimas y a los martirizados compatriotas de los territorios que la “horrible noche” ha cesado. Pero falta mucho. Falta unirnos en una consulta amplia bajo un programa capa de devolverle a Colombia la paz larga, la prosperidad para todos y la sanidad del medio ambiente, entre otros. Falta que la grandeza se apodere de nuestros líderes. De la Calle parece estar haciendo un mea culpa con sus llamados a la unión que han sido bien recibidos. El Polo ya se sumó. Medio Partido Liberal está retomando su senda social demócrata y están invitados a este “pacto histórico”. Falta Fajardo, falta Robledo… Permitir que el Uribismo siga en el poder destrozando el Acuerdo de Paz, pisoteando la justicia, barriendo el piso con el estado de derecho y siga olvidando los territorios mientras se reparten el país inmisericordemente no puede estar en la agenda de ningún colombiano consciente.
Vamos por esa unión imprescindible para 2022, cueste lo que cueste. Mientras tanto, salgamos a las calles estos dos años a protestar por las masacres y los asesinatos de líderes sociales que no cesarán. Serán dos años terribles los de la post pandemia con un país endeudado y sin empleo, dos años del coletazo del monstruo que se resiste a morir, los de raspar la olla de la corrupción, los de terminar de feriar nuestros recursos naturales, el agua de Santurban; dos años de pesadilla para terminar de convertir la selva amazónica en fincas ganaderas y cultivos de coca; dos años de fracking y glifosato, dos años de ESMAD golpeando y quizás disparando a indígenas y estudiantes, los dos años que le quedan a Uribe para terminar su venganza contra la justicia; dos años de noticias falsas, persecuciones, chuzadas, atentados y de volver a escuchar hasta el cansancio que Colombia será como Venezuela. Dos años de Fiscal y procuradora tapando los delitos de sus amigos mientras persiguen a los enemigos de régimen. Dos años de los cuales durante varios meses seguiremos viendo un Congreso virtual y arrodillado a la mermelada. Los dos años otoñales que le quedan en el poder al Patriarca y a su séquito irracional serán una pesadilla que está en nuestras manos terminar en las urnas.
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