El Ministerio de Justicia firmó recientemente el decreto 2633 del 30 de diciembre de 2022 que restringe el porte de armas en todo el territorio nacional e irá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 y solo le da la competencia a las fuerzas del Estado para que sean las únicas autorizadas en portar, expedir y generar los permisos respectivos.
“Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general, que consagra como uno de sus fines esenciales, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos” señala una parte del decreto expedido por ese ministerio.
Así las cosas, los ciudadanos colombianos que quieran adquirir y portar un arma de fuego deberán someterse a un proceso de análisis y verificación para rectificar la capacidad de que la puedan tener sin que genere un riesgo confirmando su condición de seguridad.
En ese sentido, dichos trámites se deberán hacer ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos (DCCAE), el cual se encuentra adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares, allí corresponde tramitar la solicitud al respectivo comandante de la brigada.
Justamente, el año pasado el gobierno de Iván Duque se prolongó está prohibición, también la venta, distribución y porte de armas de fogueo o traumáticas, las cuales usan proyectiles no letales pero que termina causando daños en la integridad, con la medida, el Estado pretende frenar los casos relacionados a fleteos.