La Procuraduría General de la Nación falló en primera instancia en contra de la exgobernadora de La Guajira (2016) Oneida Rayeth Pinto Pérez, al comprobar irregularidades en un contrato por $20.453.932.366, suscrito para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”.
La exgobernadora Guajira fue destituida e inhabilitada por un término de 10 años, tras evidenciar que suscribió el contrato 009 del 8 de marzo de 2016 con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (FUNTICS), proceso contractual en el que participó, con lo que faltó a los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal.
De acuerdo con la información entregada por el ministerio público, la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, ya había advertido que podrían presentarse irregularidades en este proceso licitatorio adelantado por la Gobernación de La Guajira; sin embargo, a pesar de ello el proceso siguió su curso.
Según explicó la Procuraduría, Pinto habría modificado estratégicamente los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, lo que ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la Entidad no tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas para elegir.
El fallo también cobija a la exsecretaria de Educación, Bely Gneco; al exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.