domingo, noviembre 3

Procuradora arremete contra el presidente Petro y busca tumbar la declaración de emergencia en la Guajira

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello se ha ido en contra del decreto 1085 de 2023, que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, al señalarlo inconstitucional. Según Cabello, los problemas que fundamentan el decreto pueden ser resueltos mediante los procedimientos habituales ya establecidos en las leyes colombianas.

Cabello señaló que los desafíos en servicios básicos en La Guajira son problemas estructurales y, por tanto, no se requiere conceder poderes extraordinarios al Gobierno central. En lugar de eso, insta a que las autoridades locales aborden y solucionen estas cuestiones.

Además la funcionaria criticó la intención del Presidente de la República de utilizar la crisis en La Guajira para obtener poderes legislativos excepcionales a través del estado de emergencia, argumentando que existen herramientas legales y decisiones judiciales para abordar la situación a corto, mediano y largo plazo.

En medio de un comunicado público, Cabello señaló que el Gobierno no ha cumplido con las órdenes de la Corte Constitucional, en particular la Sentencia T-302 de 2017, que declaró problemas constitucionales en La Guajira debido a la vulneración masiva de derechos. Este fallo requiere que las entidades estatales tomen medidas para superar estos problemas.

Y es que, un problema destacado en la sentencia es la alta mortalidad infantil por desnutrición en menores de cinco años. Según datos del Instituto Nacional de Salud, ha habido 38 casos de muertes por desnutrición aguda en este grupo de edad. La Corte Constitucional establece que la situación mejorará cuando se garanticen condiciones básicas de alimentación y nutrición infantil.

Entre tanto, el sentido del decreto indica que para garantizar la supervivencia de las personas afectadas en condiciones dignas, el Gobierno enfocará sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, medio ambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, inclusión, tecnologías de la información y las comunicaciones y medidas presupuestales, planeación y contratación.

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