Luego de que la Fiscalía guatemalteca anunciara que emitiría una orden de captura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, por hechos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, cuando este ejercía como el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el presidente Gustavo Petro respaldó al funcionario.
Desde Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, sea atacado, perseguido por su lucha contra la impunidad, acorralado por quienes ejercen esa impunidad, así que lo defenderemos, seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”.
Horas antes de esta declaración ante los medios, el jefe de Estado manifestó en su cuenta de twitter que jamás aceptará la orden de captura “de nuestro ministro Velasquez. “Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”.
Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitirimos que la corrupción lo persiga.
Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2023
Por esta razón, el presidente Petro llamó a consultas a la embajadora en Guatemala, Victoria González Ariz. “Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”,, sentenció.
Y es que, la justicia de Guatemala ha señalado en diferentes oportunidades que el ministro colombiano permitió la aprobación de acuerdos de cooperación con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017, por lo que “emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos”, según señaló el fiscal Rafael Curruchiche.
Ante esta polémica situación, el ministro Velásquez aseguró que “no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala”, pero dijo tener “la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal”.